El gobierno presentó el pasado 23 de enero una iniciativa en materia de pensiones que elaboró la Secretaría de Hacienda y estaba programada para empezar a discutirse en estos días. Se trata de un esfuerzo lejano a la magnitud de las necesidades (sólo amplía posibilidades de inversión y genera incentivos para mejorar un poco los rendimientos), que no ataca los problemas esenciales del sistema y que pospone la discusión fundamental sobre la continuidad o cambio del actual manejo privado de los fondos de retiro. Patea el bote hacia delante, un poquito nada más, y omite una definición sobre la gran reforma necesaria.
En no muchos años y si no hacemos algo pronto, México va a ser un país de ancianos pobres, sin atención médica, sin ciudades o pueblos pensados a propósito del envejecimiento, con problemas de empleo y de vivienda. El problema fundamental será el de las pensiones –el de la pobreza, asociado a él– y tendremos una tormenta perfecta, reitero, si no se actúa pronto y radicalmente. El 90 por ciento de las personas asalariadas gana menos de 12 mil pesos mensuales, y el porcentaje de salario que se obtiene al retirarse, con el esquema actual, fluctúa entre el 20 y el 30 por ciento del último salario, o sea que casi todos los pensionados serán pobres o se salvarán por poco. Eso, en el caso de los que alcancen una pensión convencional, que será una mínima parte de la población económicamente activa. En el de los que no alcancen dicha pensión, la pobreza está casi asegurada, además de que deberán seguir trabajando. Es el caso no solamente de la mayoría de la población que trabaja en la informalidad, sino también del de quienes oscilan entre la formalidad y la informalidad en su vida de trabajo.
Para México, estos datos bastan para probar que la reforma neoliberal que privatizó los fondos de retiro fue un fracaso en todos sentidos. No cumplió sus fines, no redujo los daños a las finanzas públicas (más bien hizo lo contrario), ni fortaleció el capital interno, sino que sólo creó un nicho de negocio muy sólido que dio lugar a nuevos y poderosos actores de esa arena política.
Los principales problemas que una reforma debería atacar son los siguientes. En primer lugar el bajo porcentaje de cotización, o sea la cantidad de salario que se aporta, un problema que no puede realmente atacarse mientras los salarios sean tan bajos porque se ocasionaría un empobrecimiento instantáneo de los trabajadores (ese sería un segundo problema). El tercero de ellos es la fragmentación de los sistemas existentes de pensiones que, a su vez, reproduce y profundiza las desigualdades. El cuarto es la limitación del diseño institucional, que no toma en cuenta la informalidad estructural de nuestra economía y piensa sólo en la fantasía de la formalización progresiva (un bicho absolutamente extraño en los países periféricos y semi periféricos), dejando a más de la mitad de la Población Económicamente Activa de lado y además fuera de la discusión. Casi todos dependen de problemas estructurales de la economía mexicana, por lo que la manera de enfrentarlos comportaría decisiones fundamentales sobre el país que queremos ser. ¿Estarán Hacienda y los diputados a la altura?