Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, conocida por su acrónimo Fepade, está muerto pero no se ha dado cuenta. Deambula por la arena pública defendiendo su imparcialidad en la materia que tiene que juzgar, presentándose como una figura impoluta. Desde el viernes pasado apesta, luego que el periódico El Universal reveló que omitió haber trabajado para el PRD al proponerse como aspirante a encabezar la Fepade en noviembre pasado. También excluyó del currículum vitae que entregó al Senado como respaldo de su candidatura, que su trabajo incluía a otros partidos. La revelación tuvo el único camino posible: el escándalo. ¿Cómo el que juzga a los partidos puede ser imparcial si fue empleado de los partidos? ¿Cómo puede ser juez si recién acababa de ser parte?
El escándalo volvió a colocar el conflicto de interés en el centro de la discusión. El PRD y el PAN han salido a su defensa. El senador Miguel Barbosa, bajo cuya presidencia en esa cámara fue contratado Nieto Castillo, se sorprendió que no supieran los senadores que votaron por él en febrero pasado, que había trabajado para ellos. Se puede afirmar que, en este caso, el cinismo esconde la opacidad. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, dijo que no había ningún conflicto de intereses, y que sólo se pretendía desviar la atención del caso que lleva la Fepade en contra del ex subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, por un presunto delito electoral.
Pero no hay que confundir ni mezclar las cosas. Escobar está siendo investigado y quizás el martes mismo salga el dictamen de inocente o culpable. Hizo bien la Fepade en profundizar la investigación, más allá del resultado, para elevar el costo a los abusos electorales. Otra cosa es el ocultamiento de Nieto Castillo sobre su pasado partidista para promoverse al frente de la fiscalía, con lo que se puede alegar que actuó con malicia. El titular de la Fepade ha tratado de fugarse hacia delante. Dijo, por ejemplo, que el currículum vitae que entregó al Senado era una síntesis de su vida profesional, aunque consta de 39 páginas que cubren un periodo de dos décadas, de 1997 a la fecha.
En una carta de respuesta a la información publicada por El Universal, explicó: “Mi currículum se enfoca en la función prioritaria que tenía como investigador… En ese marco, suscribí diversos contratos de prestación de servicios profesionales en varios ámbitos: universitarios, partidistas, legislativos y gubernamentales, entre ellos el Senado”. Es decir, no sólo trabajó para el PRD, sino para otros partidos que no identifica. Para quien busca la transparencia total de los partidos, refugiarse en la opacidad de sus actos es un contrasentido. En esa carta señaló que fue secretario técnico de la reforma política, pero en su hoja de datos profesionales dice que sólo fue “integrante” de ese secretariado técnico. La omisión es una media verdad y una media mentira. La imprecisión en aspectos tan delicados, también puede ser vista como una falsedad.
Que sus defensores aleguen que no hay conflicto de intereses sólo muestra la parcialidad de sus argumentos y el fondo político de sus críticas. No hubo momento de duda cuando se revelaron la casa blanca del presidente Enrique Peña Nieto y la casa en Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Visto con absoluta objetividad, entre conflictos de intereses nos veamos, el de Nieto Castillo afectaría a un mayor número de mexicanos. Los primeros son de legitimidad que les cuestan individualmente. El del fiscal afecta a la democracia mexicana. Los sistemas democráticos se protegen ante este tipo de situaciones, y se ha acuñado el concepto de “la puerta giratoria”, que establece tiempos para que quien realiza actividades sobre una materia en específico, no brinque en automático a regular o a tomar decisiones que afecten el rumbo de esa materia. La idea es asegurar que las decisiones que se tomen tengan la mayor calidad, legitimidad y sean libres de toda sospecha. Este periodo de enfriamiento, como en algunos países lo describen, dura de uno a dos años.
Nieto Castillo no cruzó la “puerta giratoria”. De servir a los partidos, pasó a regular sus acciones. Aún en el supuesto de su imparcialidad suprema, ¿con qué autoridad moral podrá iniciar una investigación contra un partido? ¿Qué fuerza tendrá para juzgar los 13 procesos electorales del próximo año? A priori será descalificado y una pieza importante de la legalidad y legitimidad de los procesos electorales, queda anulada. Nieto Castillo debió haber pensado esto el viernes pasado y renunciar a su cargo. No lo hizo, y de ahí la afirmación de que está muerto pero no se ha dado cuenta.
Perdió legitimidad al ocultar información al Senado, que lo aprobó por 95 votos a favor y una abstención. Haber informado de su paso por el Senado al servicio de varios partidos, habría transparentado su hoja de servicios y el voto habría sido calificado. Generar la percepción de lo impropio, influye en la capacidad de una persona para ejercer con objetividad la función que le es requerida. Este es el fondo del conflicto de intereses, y es el estadio en el que se encuentra Nieto Castillo. Si la renuncia no procedió, el cese debe ser el siguiente paso. La procuradora general, Arely Gómez, tiene la facultad para destituirlo. Se le está haciendo tarde.

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