En un rápido control de daños en México y Estados Unidos, ambos gobiernos minimizaron un informe del FBI sobre Los Zetas donde se mencionaba al ex procurador general Rafael Macedo, como protector de los sicarios del Cártel del Golfo. El FBI mismo informó que no había investigación alguna sobre Macedo, reduciendo el impacto político de la acusación, no sólo sobre el gobierno de Vicente Fox y del ex procurador, sino sobre la Secretaría de la Defensa, a la cual pertenece el ahora agregado militar en Roma. Pero el documento, lejos de ser un reporte hecho de la acumulación de dichos de testigos protegidos, como se ha pretendido hacer creer, contiene información acopiada de manera directa por los servicios de inteligencia estadunidense y ha servido como mapa de navegación de Washington para enfrentar a Los Zetas, tanto internamente, como en la explicación del fenómeno en el Capitolio.

Macedo ocupa apenas unas cuantas líneas del documento, e inclusive a las actividades de Los Zetas como operadores del narcotráfico se les dedica menos de cinco párrafos. El problema con esos sicarios, desde la perspectiva estadunidense, no es el tráfico de drogas ni su violenta presencia en México, sino que desde 2003 y agudizado desde principios de este año, se han convertido en una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. A Washington le alarma la movilidad de Los Zetas en la frontera y la manera como continúan reclutando militares y policías en México, algunos de ellos miembros de las tropas de élite del Ejército, que fueron entrenadas por la CIA, el FBI y el Pentágono. Esta es la razón de que el FBI esté produciendo informes confidenciales y documentos al gobierno y al Congreso que permitan formular una política hacia Los Zetas y, por consiguiente, hacia México en la materia.

En este contexto, el que las autoridades mexicanas hayan logrado acallar el escándalo en México por el presunto involucramiento de altos funcionarios del gobierno en el narcotráfico, no es una victoria sino un paliativo. El problema central no ha cejado, y en Washington las cosas, lejos de enfriarse, se han venido calentado en diversos frentes sin que pareciera que la administración foxista contara con un plan interno y externo para enfrentar lo que se avecina como una crisis multidimensional. La preocupación sobre Los Zetas ha permeado en Washington y se ha cruzado con otras instancias que pueden tener una repercusión negativa sobre los asuntos mexicanos que aún no se contemplan. Por ejemplo, el pasado 17 de noviembre, el Subcomité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Diputados, organizó una audiencia conjunta con el Subcomité sobre Crimen,Terrorismo y Seguridad Territorial para hablar, específicamente, sobre Los Zetas. Por el Subcomité Judicial pasan todos los paquetes legislativos sobre migración, y el presidente del Comité Judicial, James Sensenbrenner, no se ha distinguido en los últimos tiempos por ver con buenos ojos una política migratoria favorable a los mexicanos.

La audiencia convocó a algunos funcionarios antagónicos con México, pero el compareciente más importante fue Chris Swecker, director adjunto del FBI encargado de la División de Investigaciones Criminales quien, tomando como referencia el white paper que había elaborado esa dependencia habló sobre la vinculación de Los Zetas con el contrabando, con secuestros de ciudadanos estadunidenses, con su penetración dentro de territorio de ese país y su vinculación con varias de las pandillas más peligrosas en Estados Unidos, como la Mafia Mexicana, el Sindicato de Texas, Hermanos Pistoleros Latinos y los maras.

La preocupación por Los Zetas es de tal envergadura, que Estados Unidos y México trabajan conjuntamente en la Operación Blackjack, que incluye más de 50 investigaciones criminales que coordina la oficina en San Antonio, entre las que figuran operaciones colaterales, como la Cazadores, que logró el procesamiento del líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, y que se mantiene vigente en busca del resto de los dirigentes de esa organización. La frontera es el corazón de las investigaciones, en particular por la consolidación de Los Zetas a lo largo de la autopista Interestatal 35, que sale de Laredo y corta de tajo Texas, donde están cobrando un impuesto de 10 por ciento a quienes lleven indocumentados o drogas. Quienes se resisten a pagar ese impuesto, los asesinan. Las autoridades estadunidenses sostienen que cuando menos ocho zetas están involucrados en asesinatos en territorio estadunidense y también han contratado pandillas locales para que realicen las ejecuciones, que incluye a policías locales y federales en ese país.

Para el gobierno estadunidense, Los Zetas han establecido procedimientos operativos autónomos del Cártel del Golfo, y han comenzado a internarse en territorio estadunidense. Este es el paso ante el cual los anticuerpos de seguridad estadunidenses están reaccionando. México les preocupa por la inestabilidad que genera el fenómeno de la violencia derivada del narcotráfico. Pero que esa inestabilidad se extienda, junto con la guerra de cárteles por el control de las rutas de distribución dentro de Estados Unidos, es otra cosa. Si Los Zetas pueden hacerlo, cualquier organización terrorista, también. Ahí, la seguridad nacional de Estados Unidos es lo que está en juego y no van a permitirlo. Si en su defensa se llevan al gobierno mexicano, como lo ha sido en las dos últimas semanas, lo harán. Esto es algo para ser tomado en cuenta en México, si no se desea que más sorpresas le estallen en la cara.

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