¿Cuál es el balance entre la libertad de expresión y los excesos de una campaña política? Esta pregunta, que flota en torno al tema de los polémicos spots del PAN en contra de Andrés Manuel López Obrador, no se ha hecho, y menos aún la reflexión. Por eso, desde el mismo momento en que la Junta General Ejecutiva del IFE falló este miércoles para que los spots dejaran de transmitirse, el PAN amagó con llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia argumentando que estaban coartando su libertad de expresión. López Obrador se apresuró a señalar que el IFE había reconocido la existencia de una guerra sucia en su contra, pero que esperaría a que el Consejo General del órgano electoral fallara en definitiva para emitir un comentario concluyente.
Nuevamente nos encaminamos a la trampa en la que ya caímos. No importa cuál sea el fallo, habrá un elogio de una parte por su sensatez en la decisión y una denuncia de la otra por su insensatez en la decisión, posiciones que tomarán según como les vaya en la feria. El fallo traerá seguramente un subproducto. Si se retiran los spots, como lo pidió la Junta General Ejecutiva, el PAN puede aducir que López Obrador chantajeó al IFE; pero si el fallo es contra el perredista, seguramente le dará suficiente munición para seguir torpedeando al árbitro electoral y continuar la construcción del escenario de fraude, en caso de que pierda la elección el 2 de julio.
La trampa, sin embargo, era inevitable. En una democracia incipiente y que avanza a trompicones, el IFE tuvo que tomar el caso y seguir distrayéndose de su trabajo central que es el de organizar el proceso electoral, porque el Tribunal del Poder Judicial de la Federación le dijo que tenía que discutir el tema de los spots –dando cabida fast track a la petición del PRD– no en los tiempos que tiene previstos el IFE para abordar asuntos de esta índole, sino ipso facto. ¿Por qué? Pensando lo mejor posible, porque al carecer también de experiencia por la falta de precedentes reales en la materia, incurrieron en un error de procedimiento que ha impedido despresurizar el entorno. Los errores continuaron en la Junta General Ejecutiva, que consideró que las expresiones en los spots sobre “López Obrador es un peligro para México” y “Andrés Manuel López Obrador permitió estos delitos”, excedían los límites de la libertad de expresión establecidos en la Constitución.La Junta General Ejecutiva utilizó como sustento de esa afirmación los artículos 6 y 7 constitucionales, que desde que se formularon hace casi 90 años nunca fueron reglamentados. Lo que hicieron en el IFE es un galimatías, pues al ser la Constitución un instrumento de aplicación indirecta que requiere de reglamentos para su operación, introdujeron en la discusión de una manera poco seria un debate donde desde hace más de 30 años nadie ha encontrado la cuadratura a su círculo, lo que ha impedido reglamentarlos. ¿Pretendían en el IFE que el Congreso tome las leyes inaplicables y legisle a la velocidad de la luz? Claro que no. Qué pasó por las mentes de quienes aprobaron ese fallo no se sabe, pero abrieron la alameda para que algún vivales ayude a enturbiar aún más el debate.
La Junta General Ejecutiva ubica el tema en el campo de la libertad de expresión. Pero, ¿realmente es un tópico de esa índole? ¿Son equiparables los derechos ciudadanos a los de los políticos y los partidos? Según el fallo del IFE sí, aunque en varios países se establece que las restricciones que hay cuando se afecta a un ciudadano no se aplican a los políticos. En todo caso, el equiparamiento llevó a la petición del retiro de los spots y a la respuesta del PAN en el campo de la libertad de expresión. La argumentación en el equipo de López Obrador no versa en esa línea, sino que denuncia frases calumniosas, lo que sí se contempla en el código electoral y que es otro de los sustentos del fallo del martes. Al caer el alegato de todos en hoyos de jurisprudencia y lagunas legales, se está en una dinámica sin fin con lo cual, sin importar de qué lado vaya el fallo, habrá más controversia. Este jueves se escucharán los argumentos en el IFE, y para cuando termine el día, habrá arreciado la tormenta.
Cómo votarán los consejeros es un gran misterio, pero parecen enfrentar una sesión partida por la mitad. Mucha información jurídica se requiere para formular un argumento político. Lo que no deberán hacer es imponer considerandos políticos a las leyes, porque eso es sólo un acto en regímenes autócratas. Pero al no haber jurisprudencia y tener leyes insuficientes, el problema que enfrenta el IFE sugiere abrevar en filosofía y práctica en otras latitudes. Algunos ejemplos se pueden encontrar en la cercana jurisprudencia estadounidense donde el gobierno, a través del Acta Federal de Campañas de 1971, regula el sistema electoral y restringen la libertad de expresión en los procesos políticos. La Suprema Corte de Justicia se divide en muchas de esas restricciones federales y locales, aunque cuando un gobierno intenta prohibir o penalizar el discurso político, son unánimes en el rechazo.
Un ejemplo muy claro se dio en Kentucky en 1982, cuando el gobierno intentó anular una elección porque el ganador había prometido que reduciría el salario de los funcionarios si ganaba, alegando que al ofrecer beneficios materiales a los votantes, se violaba la ley. La Suprema Corte rechazó la petición de Kentucky y mantuvo el resultado. El alegato de la libertad de expresión en el caso de Kentucky, parecería favorecer a Calderón en cuanto a los spots del PAN, y contradecir al IFE. López Obrador tampoco debe estar feliz con el argumento, aunque si se revisara con mayor cuidado lo que están diciendo los candidatos, como prueba el caso de Kentucky, quizás con mucho menos estridencia también se encontrarían elementos para identificar como calumnias algunas promesas de su campaña. El tema es de sí complejo por la ausencia de un marco normativo que hay que construir en el futuro. En el presente, sólo queda algo inasible, que es la proposición de George Orwell, el primero en sugerir que el lenguaje político puede ejercer una influencia significativa e inconsciente sobre el pensamiento político, con lo cual ciertamente se pueden modificar sucesos electorales. En este sentido, el PAN logró el objetivo de ampliar el número de personas que tienen miedo de López Obrador. ¿A qué costo? El IFE tasará su valor, aunque se puede anticipar que será en rendimiento decreciente.
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