Punto sin retorno

Las dos transiciones a la democracia más exitosas de los últimos 30 años son la española y la chilena. La primera venía de una dictablanda que había sido debilitada por el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno del generalísimo Francisco Franco, y las presiones europeas. La segunda, que era una dictadura selectiva, sufrió por la presión internacional cuando la doctrina de seguridad nacional dejó de ser un activo para Estados Unidos y se convirtió en un lastre para su nueva política de defensa de los derechos humanos. Las dos tienen como común denominador que no se plantearon una revisión exhaustiva de su pasado ni se dedicaron a buscar esqueletos en los armarios. No todos estuvieron satisfechos con esa línea de acción, consensuada entre las élites gobernantes, pero los dos países han avanzado sólidamente en lo político, lo económico y lo social.

En otras partes del mundo siguieron rutas diferentes. En Sudáfrica se creó una comisión de la verdad donde todo aquél que admitiera voluntariamente que había violado los derechos humanos durante el régimen del apartheid, sería perdonado. Hubo quienes quedaron insatisfechos políticamente porque consideraron que un buen número de infractores se salvó de ser juzgado por ese formato. En Argentina se hicieron juicios selectivos a generales que participaron en la sangrienta guerra sucia en esa nación, hasta que las élites acordaron la Ley del Punto Final. Muchos quedaron satisfechos al sentir que se repararon históricamente los daños humanos durante aquél periodo, aunque ciertamente hay quien sigue lamentando que el reclamo judicial no hubiera sido más extenso.

En todos esos casos el dilema era cómo enfrentar el pasado sangriente y reciente. Españoles y chilenos se acercaron al modelo francés de no buscar fantasmas. Cuando los franceses se apartaron de esa línea de pensamiento hace unos años y quisieron reabrir expedientes de quienes colaboraron con los nazis en el gobierno de Vichy, las estructuras políticas y sociales se cimbraron de tal manera –por el elevado número de franceses que apoyaron a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial–, que las élites optaron por no seguir en ese camino. Al caer el Muro de Berlín se abrieron los archivos de la vieja policía secreta germano-oriental, la Stasi, pero la revelación del espionaje tan profundo sobre su sociedad amenazó con llevarla a un quiebre irreversible por la sospecha y la traición, por lo que el gobierno alemán decidió ponerle candado a los archivos para el público en general. Cada nación escogió su modelo, lo adaptó y llevó adelante en la necesidad de conciliarse con sí misma, evaluando qué tipo de resarcimiento requerían, cómo hacerlo y cuántos responsables hallar para sanar las heridas. No era extraño entonces que cuando se dio la alternancia del poder en México en 2000, en la perspectiva del cambio de régimen, se hablara con tanta vehemencia en el juicio al viejo orden porque la legitimidad pasaba por juzgar a los responsables de la guerra sucia en los 70 y 80.

Los principales promotores de esa idea fueron el todavía secretario de Gobernación Santiago Creel, y los ex asesores Adolfo Aguilar Zinser y Jorge Castañeda. Estaban muy inspirados por los casos de éxito en el mundo, pero al presionar al presidente Vicente Fox a seguir esa ruta como uno de los caminos de consolidación de su cambio, no se pusieron de acuerdo en qué modelo seguir, ni tampoco cómo adaptar los ya existentes. Por eso, cuando lo convencieron de que juzgar a los victimarios en la guerra sucia legitimaría su gobierno, se les olvidó decirle, o soslayaron, que las acciones dramáticas contra un viejo régimen que por las características de longevidad le hacía mantener un férreo control sobre los resortes del poder y de los cuerpos de seguridad, no debían de hacerse sin una negociación previa, precisamente, con los hombres fuertes del viejo régimen. Fox y Ernesto Zedillo, a la sazón Presidente, debieron haber pactado el tipo de persecución que se haría a fin de que establecieran los límites y las formas. De esa forma Zedillo, con todos los recursos políticos todavía a su alcance, podría haber forzado a la negociación interna en el anterior sistema político sobre quiénes y cuántos perderían, y por cuánto tiempo. No se hizo.

La falta de resultados es clara. La persecución ha sido difícil, pero las consecuencias en otros campos donde se necesitaba la alianza de los personeros del viejo régimen, han sido totalmente negativas. El gobierno foxista olvidó por completo que en política se miden costos vis-a-vis beneficios. ¿Era más importante la cruzada contra la corrupción que reformas fiscales? El costo fue el escándalo del Pemexgate, donde los implicados están                           siendo exonerados. El beneficio fue cero: no hay reforma fiscal. ¿Encontrar a todos los responsables de la guerra sucia era más importante que la estabilidad? El beneficio es que algunos presuntos responsables están siendo llevados ante los tribunales, aunque no se sabe si los jueces finalmente procederán en su contra. El costo ha sido que al disparar con escopeta contra todos ellos, no ha podido establecer alianzas con algunos grupos del viejo régimen para poder crear una gobernabilidad sólida y acuerdos legislativos, y sí los ha unido en su contra, generándose turbulencias políticas que amenazan al gobierno. El gobierno foxista jugó una apuesta muy grande al querer hacer todo al mismo tiempo. En condiciones normales y racionales, esto es imposible.

La paradoja en la que se encuentra es que no tiene para dónde hacerse. Ni puede dar marcha atrás, ni puede darse el lujo de seguir naufragando en la segunda parte del sexenio. El presidente Fox se encuentra en un punto sin retorno. De esta manera, se puede elaborar una proposición: si en lo económico no hubo avance y no hay razones para pensar que sí lo habrá significativamente hablando en los próximos meses preelectorales. ¿Quién en la oposición le regalará la reforma política al precandidato Creel?, ¿quién la reforma eléctrica al precandidato Felipe Calderón?, ¿quién aumentará impuestos para beneficiar al gobierno del PAN? Ni el PRI, ni el PRD, para empezar. ¿Qué le queda libre entonces al presidente Fox?

Uno de los pocos caminos que se ven claros para evitar un sexenio perdido y dejar una huella histórica, es profundizar en que los responsables por crímenes en la guerra sucia, paguen por ellos. Fox puede emerger de los errores iniciales a los que fue empujado y de los titubeos en el apoyo a la Fiscalía Especial, a la que secó en presupuesto y le regateó apoyo político. Puede subirse en ella y respaldar de manera política y no sólo retórica a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta es la única bandera ética y política que puede arriar, sobretodo porque ya sufragó los costos y podría, si va al fondo del problema por donde sangra México, comenzar a obtener beneficios.

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