Los caprichos de un ministro

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, qué decir, es un personajazo. El 9 de diciembre pasado recibió a la diputada Claudia Ruiz Massieu y al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza quienes estaban promoviendo una impugnación para allanar la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados para frenar el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. La solicitud se la habían hecho al ministro 20 días antes de que fueran recibidos, y en ella explicaban las razones de su petición.

Cuando los recibió el ministro Aguirre Anguiano les dijo que no recordaba el asunto, pese a que era la única controversia constitucional que había presentado la Cámara en la actual legislatura. A los legisladores les urgía una acción. Faltaban seis días para que iniciara el receso en la Suprema Corte, y ocho de que el secretario de Gobernación integrara un consejo consultivo discrecional, como finalmente sucedió. El ministro Aguirre Anguiano les dijo que se sentía muy cansado, que le urgían unas vacaciones y que no resolvería nada de lo que le llevaban hasta enero.

Pero resulta que el ministro Aguirre Anguiano no se fue de vacaciones. Por el contrario, pidió a sus pares que la guardia en este periodo vacacional, en el cual se convirtió en una figura central del conflicto en el que se encuentran metidos la Suprema Corte de la Nación con la Cámara de Diputados, por la controversia constitucional del Ejecutivo en contra de las modificaciones presupuestales que hizo el Congreso. El ambiente está muy contaminado por la polarización existente, y el ruido por la excesiva politización de los asuntos públicos nacionales ha impedido ver el fondo del problema.

Al presidente de la Cámara, Manlio Fabio Beltrones, el gobierno federal lo ha calificado de rijoso y ha trascendido en la prensa que está dispuesto a someter a juicio político a los ministros de la Corte que aceptaron la controversia constitucional. Beltrones no se ha ayudado mucho con declaraciones ambiguas que permiten especular sobre el tema, y la batalla mediática la va perdiendo. Si se revisa con cuidado la argumentación jurídica del Congreso contra la actuación de los ministros, cotejándose con las diversas leyes que involucra, uno puede concluir que no hay, debajo de tanta humareda, una negativa a que se acepte la controversia, ni un rechazo a priori a que la Suprema Corte opte finalmente por dar la razón al presidente Vicente Fox. Hay, en cambio, una discusión de fondo mucho más importante porque significa la posibilidad real de que los ministros hayan violado la ley, en particular Aguirre Anguiano, quien ha sido el operador de la controversia, avasallando un poder del Estado al otro poder, con lo que rompe el equilibrio tripartita del Estado mexicano.

La discusión de fondo se encuentra en el acuerdo del pleno de la Suprema Corte el 29 de noviembre donde todos los ministros aprobaron su competencia para recibir la controversia. El acuerdo del pleno, de manera bastante heterodoxa, incluye dos artículos terceros en los considerandos, donde el segundo de ellos es una auténtica joya para la historia política mexicana. Textualmente señala “que dada la naturaleza, importancia y trascendencia de las controversias institucionales y acciones de inconstitucionalidad establecidas y reguladas en el artículo 105 de la Constitución…, y su ley reglamentaria, y en términos del artículo 134 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales, que habilita todos los días y todas las horas, el Ministro o los ministros comisionados para los periodos de receso de la Suprema Corte… deben conocer de los trámites urgentes de dichas controversias y acciones”.

El problema es que el segundo artículo tercero que da pie al trámite de la controversia no existe. Leyó bien: el susodicho Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales es un invento. Existe un Código de Procedimientos Civiles donde esa precisión que “habilita todos los días y todas las horas” a los ministros para trabajar, sólo está en la imaginación de los ministros. Es probable que alguien en la Corte los haya timado y confundido. Quien tiene un artículo 134 y un primer inciso donde se lee textualmente ese enunciado, es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. A menos de que exista una justificación jurídica para utilizar un código electoral en una controversia institucional que no tiene nada que ver con elecciones, aquí hay un tropiezo monumental de la Corte. ¿Quién engañó? ¿Quién mintió? El Código Penal dice que si un abogado hace una promoción de leyes inexistentes o inventa códigos –como es este el caso–, va a la cárcel. Este punto, ni siquiera está a discusión.

Sólo por esta razón el acuerdo del pleno tendría que ser corregido. Sin embargo, ningún ministro, hasta el momento, ha aceptado un error o explicado las razones por la utilización del código electoral en la controversia. En cambio, los ministros Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo, que también estaba de guardia, notificaron al Congreso el 22 de diciembre que remitirían el expediente a otro ministro, violando así la Ley Reglamentaria, que faculta únicamente al presidente de la Suprema Corte esa designación. Los dos violaron otro artículo de la misma ley que les impide entrar al estudio de la controversia, al legislar, excediéndose en su responsabilidad, y recortar partidas presupuestales que afectan a 19 estados y 95 municipios.

Aguirre Anguiano, si la Suprema Corte no enmienda el error, se habrá salido con la suya. Ocupó bien el tiempo que iba a tomar de vacaciones. Operó con el PAN –que supo antes que el presidente del Congreso que se había recibido la controversia– todo el proceso, inclinando a la Corte a un diferendo partisano. No debería sorprender, pues Aguirre Anguiano, que fue diputado panista hace casi 20 años, ha sido un instrumento efectivo del partido en el máximo tribunal. Fue quien echó tierra al intento de desafuero del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, y quien restituyó al edil de Cancún, José María Zalvidea, que había sido destituido por el cabildo municipal.

Pero esta operación política en asuntos jurídicos puede costarle a la Suprema Corte. Ya se está hablando en el Congreso de la creación de un Tribunal Constitucional que resuelva las controversias entre los poderes. Esto no gusta en nada a los ministros, que perderían los espacios conquistados. Pero hacia allá están encaminando las cosas por estar permitiendo que haya ministros con claras motivaciones políticas mezclándolas con asuntos jurídicos, rompiendo el equilibrio de poderes y permitiendo sus atropellos.

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