En su contundente derrota en la elección presidencial, el PRI le hizo un servicio importante a la nación: apostar por la gobernabilidad y las instituciones. El lunes por la noche, rodeado de 16 gobernadores priístas, su candidato Roberto Madrazo concedió la derrota y puso en manos del IFE la decisión final sobre el ganador. Ese momento cúspide de madurez política fue resultado de largas horas de negociaciones internas dentro del equipo de Madrazo, de presiones de gobernadores y de otros actores políticos del PRI, pero también de soportar embestidas de sus contrincantes en las urnas para que los reconocieran como los ganadores de la contienda.
La idea de reventar las elecciones presidenciales ante lo que consideraban una traición del gobierno federal al incumplir un pacto de civilidad forjado en Los Pinos entre el operador de Madrazo, Manlio Fabio Beltrones, y el jefe de gabinete foxista, Ramón Muñoz, se comenzó a desechar en las primeras horas del lunes 3 de julio, tras las presiones en el cuarto de guerra madracista de parte del PRD para que levantaran la mano de Andrés Manuel López Obrador como ganador. El coordinador de su campaña, Jesús Ortega, no dejaría de hablar por teléfono con Beltrones para insistir que habían ganado y que el PRI debía reconocerlo. Al mismo tiempo, se revigorizaban las negociaciones que se habían iniciado con uno de los operadores de Calderón, Florencio Salazar, para plantear las condiciones políticas en las cuales se podría reconocer la eventual victoria de su candidato.
La noche de la incierta jornada electoral se había traducido a una crisis electoral luego que el IFE no declaró ganador al encontrar que en las 7 mil 636 casillas computadas para el Conteo Rápido había una diferencia menor al 0.6 por ciento entre el primero y segundo lugar. López Obrador dijo que su encuesta le daba la victoria por 500 mil votos y ordenó la movilización a las calles de la ciudad de México, mientras Calderón se decía, de manera más clara, vencedor en la contienda.
Sin resultados oficiales hasta después del miércoles y dos autoproclamados ganadores, la crisis electoral amenazaba rápidamente con convertirse en una política, minando la autoridad de las instituciones por la irresponsabilidad de ambos de no acatarse al conteo del voto ciudadano y encaminando al país a un caos político donde, más allá de los tribunales donde jurídicamente podría terminar la elección, sería la presión de las marchas y los gritos los que terminarían por descarrillar el proceso todo. Las presiones por encima de la legalidad y las instituciones, como tantas veces se arreglaron las cosas fuera de la voluntad ciudadana.
Frente a este panorama, en la campaña de Madrazo se comenzaron a elaborar escenarios. Uno era el reventar la elección presidencial a través de la anulación de casillas, apoyados en una estrategia jurídica para pedir la anulación de la elección por el uso de los recursos del Estado a favor del candidato oficial Calderón. Otro planteaba, ante la derrota, cómo podría el PRI ser gozne de gobernabilidad y factor de certidumbre, buscando la credibilidad y confianza del electorado que, en las urnas, lo repudió.
Tras intensos debates en el cuarto de guerra madracista, en donde se encontraba el candidato, el presidente del PRI Mariano Palacios Alcocer, el responsable de la estructura César Augusto Santiago, el ex gobernador de Oaxaca y muy cercano a Madrazo José Murat, y Beltrones, se llegó a la conclusión de que lo mejor que podrían hacer era evitar un quiebre en el país y, desde esa posición, negociar políticamente. Resistirían las presiones de Ortega para llamar a López Obrador presidente, pero tampoco levantarían la mano de Calderón. La posición tendría que ser una digna, pero no de entrega. Reconocerían, como lo anunciaría Madrazo la noche del 3 de julio, al ganador que anunciara el IFE tras el conteo de los votos.
En el mapa de navegación del equipo de Madrazo se consideraba la negociación con los representantes de Calderón de incluir puntos de la plataforma electoral del PRI en el programa de gobierno, así como revisar la forma como quedarían colocados en las comisiones de la próxima legislatura, sin excluir la posibilidad de posiciones dentro de la nueva administración, incluso a nivel de gabinete. Este tipo de planteamiento nunca se realizó con el PRD, fundamentalmente porque los representantes de López Obrador sólo presionaron para que lo reconocieran como presidente, sin presentar opciones políticas adicionales como se habían tocado con el PAN, a nivel de un gobierno de coalición, en donde el PRD no estaba excluido. Sin embargo, dentro del equipo de López Obrador nunca le dieron mucho peso a esas posturas porque estimaban que quienes habían llevado la propuesta al equipo del perredista, no tenía representatividad de Madrazo. Estaban equivocados.
Pero también Madrazo tenía un diagnóstico errado. Para cuando estaban concluyendo la ruta de la institucionalidad, los gobernadores priístas, lo estaban desplazando ante Calderón como interlocutores válidos. Los había convocado para aparecer junto con él la noche del 3 de julio, pero los gobernadores traían una dinámica desde el domingo de hacer a un lado a Madrazo y recuperar el PRI para darle nuevos espacios a figuras como la maestra Gordillo, artífice importante en los enlaces con los gobernadores, y a otros políticos respetados, como el ex gobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto. Para la noche del lunes, en el equipo de Madrazo ya tenían una fotografía más clara.
Visto el mapa electoral, las primeras reflexiones los llevaron a concluir que el quiebre con priístas importantes que pidieron el voto útil y no votar por Madrazo, tuvo un impacto en el sur, donde esa inconformidad se tradujo en alrededor de cinco puntos a favor de López Obrador. De igual forma, quedó muy claro para ellos que el factor Gordillo terminó por impactarlos enormemente, pues cuando menos cuatro puntos del Partido Nueva Alianza en la presidencial, estiman que se sumaron a Calderón.
Pero la decisión de Madrazo y su equipo no era el cobro de facturas. Le fallaron los gobernadores, que simplemente nunca operaron las estructuras, pero estaban decididos a no hacer cacería de brujas. Difícilmente podrían. La mayoría de los gobernadores priístas se unieron en su contra y están tratando de arrancarle el control sobre la franquicia del partido. La lucha interna está tomando fuerza dentro del PRI, pero lo que hay que agradecerle a todos, como ciudadano, es que más allá de esas diferencias y pugnas entre ellos por su futuro partidista, en el largo plazo mexicano, su decisión política fue por la paz.

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