El secretario Víctor Manuel Toledo es, además de secretario de Medio Ambiente, un académico, investigador, escritor y, como tal, está llamado a ser parte de la conciencia del país, esa parte invisible que nos indica el camino a seguir.
Su exhorto a crear un sistema de producción distinto al que ha predominado en los últimos 70 años en México, con principios regenerativos, que evite destrucción y devastación ambiental, tiene eco en profundos estratos de la sociedad, no grita solo. Sin embargo, se ha topado –ni más ni menos que– con el relativismo ideológico.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se coloca o con la cara frente a los más celestiales principios o de cara al pragmatismo de los más profundos infiernos, y nada hay que valga la pena mirar entre estos dos extremos. Pero ante el evidente choque de intereses profundamente dispares en el gabinete la salida es el relativismo ideológico, que el gobierno no es un monolito –nunca ninguno lo ha sido– y que en la dicotomía producción-conservación “no se trata sólo de principios; hay que buscar el equilibrio entre eficacia y principios, porque esto no es un monasterio sino política”.
La noche del martes 4 de agosto, la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) hizo pública su inconformidad porque la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) había publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un proyecto de decreto presidencial sobre el potencialmente cancerígeno glifosato que contravenía hasta las instrucciones presidenciales y, además, usando sin autorización el nombre del secretario Toledo, por lo cual exigían una disculpa pública. La ruptura conocida por todos en el sector, ahora era pública. Fuera mascarillas y caretas.
Hasta el momento se desconoce cuáles son las instrucciones presidenciales que el secretario Víctor Villalobos –de Agricultura– estaría desobedeciendo respecto al glifosato, nadie lo ha preguntado y nadie ha respondido.
Es cosa mayor que un secretario de Estado exija disculpa pública a otro secretario de Estado. Y es cosa aún mayor que una institución acuse públicamente de desacato a otra institución. Los diferendos al interior del gabinete, las distintas convicciones políticas o personales, no constituyen asunto importante, siempre han existido y así seguirá como en cualquier grupo humano, eso es cosa menor y, en efecto, normal, como relativiza el presidente. Pero entre secretarios de Estado es cosa mayor y entre instituciones, mucho más grave e importante.
Quizá por eso le ordenaron a la Semarnat desdecirse, bajar el comunicado del sitio oficial, borrar el airado tuit. Quizás también por ello, el secretario Toledo tuvo que salir a relativizar su propio discurso. “Hay una campaña contra la Semarnat” –dijo–, por eso descontextualizaron mis declaraciones. En el momento de mayor necesidad de sostener lo dicho, se optó por señalar espionaje.
Las declaraciones, filtradas justo después del desencuentro con la Sader, ponían en claro lo que ya sabíamos: que el medio ambiente no tiene lugar en la cabeza del presidente y que su gobierno no es proclive a las funciones de la Semarnat; pero sobre todo mostró que el mito de haber separado el poder político del económico es sólo eso, un mito. Si lo dicho por Toledo es cierto –y nadie lo ha desmentido–, desde la misma Oficina de la Presidencia, a cargo del empresario Alfonso Romo, se sigue cabildeando a favor de intereses económicos muy poderosos. ¿Qué otras regulaciones se busca evitar desde la presidencia, además de la ambiental? ¿Qué se ha hecho antes? Por supuesto, siempre ha sucedido, pero nadie había fundamentado su probidad en la separación de los poderes político y económico.
Al final, López Obrador zanjó el desencuentro al afirmar que su gobierno no es monasterio, donde sólo se medita, sino política, que es pensamiento y acción, que persigue el equilibrio entre eficacia y principios. Y despliega su magia al definir la ruta de fuga:
El gobierno no va a usar glifosato nunca más (con lo que le da un espaldarazo a Toledo), aunque en realidad el gobierno no tiene por qué usar y no compra ni reparte glifosato.
Se permitirá a la iniciativa privada, incluyendo unidades de producción agrícola medianas y grandes, usar glifosato (punto para Villalobos).
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología investigará alternativas agroecológicas al glifosato (punto para Toledo), pese a los ríos de tinta y bodegas de papeles que ya existen sobre los perjuicios del glifosato y sus alternativas agroecológicas para la agroindustria, no nada más para la agricultura de pequeña escala. Omitiendo además la experiencia de cientos de comunidades que hacen agroecología con magníficos resultados.
Finalmente se comprometen a no permitir la siembra de maíz transgénico –no sabemos si de soya y algodón sí, que demandan toneladas de glifosato– y no importa que a dos años de su gestión aún no contemos con órdenes ejecutivas o instrumentos legales que prohíban y sancionen estos cultivos (medio punto para Toledo).
Aparentemente Toledo ganó 3 a 1. Pero en realidad el eje Villalobos-Romo ha ganado todo, comenzando porque su modus operandi continúa en la impunidad. De momento no han rodado cabezas, únicamente rodaron algunas convicciones. Mientras tanto, el herbicida asociado al cultivo de transgénicos seguirá flotando en el ambiente, enfermando a campesinos y a quien lo respire en zonas agrícolas e ingiera junto con los alimentos; con padecimientos que terminan empobreciendo más a los más pobres. Y ante tales evidencias no se trata ya de relativismo ideológico, sino ético y moral.

La caminera

El Consejo Nacional Agropecuario observó el río revuelto y quiso agarrar dos peces: la salida del eje radical del gabinete, como le llama, y la liberación del glifosato. Le dieron uno, pero con eso todos contentos.