La violencia del narco en el país es una metáfora de la corrupción de los cuerpos policiales
estatales y la claudicación de los políticos

Tres gobernadores, priístas los tres, están en jaque por la forma como el narcotráfico, a
través de diversas expresiones, se ha manifestado en sus territorios. Son Natividad
González Parás de Nuevo León, Andrés Granier de Tabasco, y Fidel Herrera de Veracruz,
actores sobresalientes hoy en día en la máxima problemática nacional. El narcotráfico, ni
nació ni morirá con ellos, pero por razones varias los tienen en una exposición máxima.
Algo hicieron, para bien o para mal, para que se encuentren ahora en la primera línea de
fuego e inestabilidad.
González Parás tiene un problema tan agudo que este martes su gobierno emitió un
extraño comunicado para señalar que los cárteles de la droga que se baten en Nuevo León
traen una campaña de desprestigio en contra de los políticos, a quienes están señalando
públicamente con el propósito de desacreditarlo. Desautorizado al día siguiente, no pudo
ocultarse que detrás de sus líneas públicas se leyera el nombre de Rogelio Cerda, el
secretario de gobierno neoleonés a quien los sicarios ya le dejaron dos mensajes en dos
ejecutados. Cerda y su familia están marcados, y el boletín de prensa, aunque reparte
descrédito para todos lados, parece llevar un candado de protección a favor del segundo
hombre más fuerte en la política estatal.
Cerda sí está en problemas. Un informe del Cisen del año pasado prendió los focos
amarillos en torno a ese político, tanto por sus relaciones como por el crecimiento de sus
bienes en forma poco explicable. Más aún porque su hijo, que no tenía mucho, se metió de
lleno al negocio de bienes raíces con importantes proyectos urbanísticos en Monterrey. Los
bienes raíces son uno de los negocios más recurridos por el narco para el lavado de
dinero, y Monterrey no es la excepción. Pero también, de acuerdo con información de
Inteligencia militar, en hoteles y moteles, restaurantes y agencias de automóviles se
encuentra buena parte de la historia encubierta de las operaciones monetarias de los
narcotraficantes, que están utilizando a los bancos y casas de cambio en esa capital para
enviar sus dineros a Europa y las Islas Caimán.
Monterrey es una plaza muy caliente, donde el gobernador no ha querido abrir el Registro
Público de la Propiedad a los investigadores federales para iniciar el mapa de los lugares
en los cuales se lavan las utilidades de la venta de drogas, ni tampoco ha ayudado el
Poder Judicial estatal, cuyas demoras en entregar órdenes de cateo permitió escapar a
narcotraficantes de sus casas donde convivían, según informes federales, con personas
muy ligadas a González Parás. El problema se ha venido agravando, por lo que no es una
casualidad que el jefe de la Región Militar sea el general Javier del Real Magallanes, por
largo tiempo jefe de los servicios de inteligencia militar, y que el cónsul de Estados Unidos
en la plaza sea Luis G. Moreno, quien ayudó al expresidente Jean Bertrand Aristide a salir
vivo de Haití, y que manejó desde Bogotá operaciones anti-narcóticos en América del Sur.
El fenómeno los desbordó desde principio del año pasado, con el control de Los Zetas de
todos los aparatos de seguridad en el norte del estado, que sobornan a los policías
municipales en toda la entidad, que son su primera línea de protección frente al gobierno
federal, con mil 500 pesos al mes.
Precisamente son las policías municipales quienes tienen declarada la guerra a Granier.
Desde que tomó posesión en enero comenzó una remoción de comandantes y ajustes en
los cuerpos de seguridad. Empezaron las presiones, la primera de quien menos esperaba,
su antecesor inmediato, Manuel Andrade, quien intercedió por los comandantes. Tras
escucharlo, Granier viajó a la ciudad de México para saber de qué se trataba todo y habló
con el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, quien le ofreció todo el apoyo.
Granier nombró como secretario de Seguridad Pública a un general, Francisco Fernández
Solís, quien sufrió un atentado al salir de su hotel en marzo, recién llegado al cargo.
Tras recuperarse del atentado, cuyos autores intelectuales fueron los comandantes
policiales, el general siguió moviendo el avispero. La reacción tampoco se ha frenado, y
esta misma semana dos miembros del Grupo Táctico bajo su cargo fueron asesinados. La
plaza de Tabasco pertenecía al cártel de Juárez –hoy absorbido por Sinaloa– desde hace
un buen tiempo, cuyo líder Joaquín El Chapo Guzmán había establecido un corredor
terrestre desde la zona del Petén en Guatemala, donde bajaban los aviones con cocaína
procedentes de Colombia en pistas clandestinas, y entraban por tierra a través de Chiapas.
El responsable de la plaza, Albino Quintero, fue acosado por el cártel del Golfo hasta que
terminó entregándosela. El líder, hoy preso en Texas, Osiel Cárdenas, responsabilizó de
ella a Mateo Díaz, el comandante Mateo, uno de los cuadros más fuertes de Los Zetas,
quien fue arrestado el año pasado. No obstante, la plaza continuó en su poder, con la
complicidad de los policías municipales tabasqueños que protegían las rutas y las nuevas
pistas clandestinas para los cargamentos de cocaína colombiana en el municipio de
Macuspana, después de que Estados Unidos selló por aire los vuelos a Guatemala.
Los Zetas dominan todo el golfo, y su lucha en varios estados contra el cártel Sinaloa
contaminó a Veracruz, que no ha sido ajeno al fenómeno. Desde hace siete años
comenzaron a aparecer cadáveres en la zona, cuando el narcotráfico se mezcló con la
política y corrompió a la policía en el municipio de Martínez de la Torre, al norte del puerto
de Veracruz, extendiéndose gradualmente hacia el sur. El detonante fue el reciente
asesinato del Z-14, Efraín Teodoro Torres, en un suburbio del puerto, que ha provocado
una racha de ejecuciones de comandantes y policías, que sugiere un ajuste de cuentas
con quienes presumiblemente les brindaban protección.
La creciente violencia en Veracruz tiene muy asustado al gobierno de Herrera, pero en
particular a ex funcionarios del área de seguridad del gobierno de Miguel Alemán, sobre
quienes tiene sospecha de protección al narco. Granier, considerado el gobernador que
más decididamente ha enfrentado el fenómeno de los tres, enfrenta de manera similar al
narco, luchando contra el pasado reciente. En la picotilla se encuentra González Parás,
cuyos colaboradores y un familiar están bajo sospecha de andar en malos pasos y que es
uno de los peores gobernadores del país en materia de combate al crimen organizado. En
lo que va del año, Nuevo León es la joya de la corona nacional en ejecuciones: durante el
primer trimestre se incrementaron 104 por ciento con respecto al año pasado. Nada de qué
celebrar en Nuevo León, que siguió sumando muertos este fin de semana, y una creciente
inestabilidad por la inseguridad, marca nacional por realidad o percepción, de arranque
sexenio.

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