Guerrero lleva exactamente una década en conflicto. Comenzó en la colonia La Garita en Acapulco, donde Los Zetas desafiaron a los hermanos Beltrán Leyva que en ese entonces trabajaban para el Cártel de Sinaloa, y quisieron arrebatarles la plaza. Ahí empezó también la propaganda del terror: los sicarios zetas que mataron a tres rivales con ayuda de la policía municipal, fueron videograbados torturados y cuando los degollaron. La violencia nunca se volvió a detener y continuó su degradación. En el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha diversificado. Explotó la disidencia magisterial y la guerrilla, se profundizó la colusión de las autoridades con delincuentes, y se desbordó la conflictividad social, política y criminal. Dos planes para pacificar Guerrero puestos del gobierno federal fracasaron. El tercero, en marcha, es una incógnita. Ante tal zozobra, los anticuerpos ominosos han aparecido.
La semana pasada siete empresarios de Chilpancingo anunciaron que se armarían ellos y a sus trabajadores para defenderse. Ni el gobierno estatal ni el federal les han provisto de seguridad. Los permisos para adquirir armas se los autorizó la Secretaría de la Defensa, con lo cual abrió el camino para la paramilitarización autorizada de Guerrero. En el gobierno de Felipe Calderón, algunos empresarios de Nuevo León contrataron mercenarios en el Medio Oriente para limpiar la zona de criminales. En el de Peña Nieto, se crearon grupos paramilitares con criminales en Michoacán que pacificaron el estado, pero la delincuencia sólo cambió de dueño. Una nueva vertiente surge ahora con el gobierno peñista, incipiente espejo neoleonés: que los empresarios tomen las armas y entren a la guerra sucia que se vive en varias regiones del país.
Están desesperados. El presidente de la Coparmex en Chilpancingo, Adrián Alarcón, lo explicó como una necesidad de salvaguardar la vida y el patrimonio de esos empresarios. Sólo en enero, dijo, cinco miembros de la Coparmex fueron secuestrados y por las presiones criminales cerraron 35 comercios por amenazas y extorsión. La actividad comercial se ha reducido en 70%, y varios empresarios ya sacaron a sus familias del estado, en el principio de una emigración que afecta otros sectores productivos en Chilpancingo. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, pensó esa posibilidad para con su familia, pero la mantuvo en Guerrero para evitar que fuera criticado por la sociedad.
Chilpancingo ha sido el núcleo de la conflictividad en los tres últimos años, al expresarse ahí las resistencias más violentas a la reforma educativa, que tras dos años de movilizaciones estrangularon al turismo y la actividad comercial en Acapulco, y secaron la economía y la vida cotidiana en Chilpancingo. No son los únicos puntos de violencia en Guerrero, ni mucho menos. En la región de la Montaña guerrilla y narcotraficantes cohabitan los territorios y desafían frecuentemente a las fuerzas federales, porque a las municipales las tienen controladas. En la zona de Tierra Caliente, los grupos criminales pelean por los negocios de la heroína, la minería y los secuestros. Hay amplias franjas de territorio en Guerrero sembradas de cuerpos en cementerios clandestinos, y el caso criminal paradigmático que enfrenta el gobierno de Peña Nieto, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, está irresuelto.
En estos 10 años pasaron en Guerrero de enfrentamientos entre cárteles de la droga, a la guerra contra las drogas del ex presidente Calderón, y a la extensión del conflicto social, político y criminal en el gobierno de Peña Nieto. Lo que comenzó con un choque entre los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas se convirtió en 120 meses en un infierno para quienes pacientemente esperaron a que las autoridades cumplieran con su responsabilidad primaria de gobierno y resolvieran la inseguridad. Han llegado al límite. La seguridad no llegó y los discursos no sirven para nada. El fiscal de Guerrero, Xavier Olea, reconoce que hay 50 grupos delincuenciales en el estado, que cada vez son más violentos.
Los criminales se burlan del gobierno federal, porque el estatal ni siquiera les genera incomodidad. Hace dos semanas estuvo en Chilapa, un municipio a medio camino entre Chilpancingo y la región de la Montaña, el gabinete de seguridad encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el compromiso de restablecer la seguridad. Al día siguiente, los criminales dejaron tirados en las calles de la comunidad a dos ejecutados; días después, hicieron lo mismo con siete personas abandonadas en Chilpancingo. El presidente Peña Nieto envió a tres mil soldados y policías federales a Chilapa, que fueron recibidos con plomo por los criminales.
El gobierno del presidente Peña Nieto no está pudiendo con Guerrero. La heroína sigue fluyendo masivamente desde Tierra Caliente al insaciable mercado estadunidense, y ciudades como Iguala siguen controladas por criminales. La Montaña pertenece a quien vive en la ilegalidad, y Acapulco está obligado a tener un blindaje permanente para mantener el turismo. Chilpancingo se ha ido pudriendo desde que inició el gobierno la reforma educativa –por el mal manejo político con la disidencia magisterial–, y se ha contaminado con la creciente actividad de los criminales, el resorte último que empujó a los empresarios a armarse y a dar pistolas a sus trabajadores para que se defiendan. La Ley de la Selva impera hoy en Chilpancingo, microcosmos de lo que sucede en muchas otras zonas del estado. Si alguien requiere de seguridad, es el mensaje que se está dando, que la defienda con sus propias manos. Es la historia de Guerrero de los últimos 10 años.

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