La sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México está requiriendo al académico y periodista Sergio Aguayo una garantía de 450 mil pesos, que de no presentarse lo obligaría a pagar diez millones de pesos al multimillonario Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex presidente del PRI.
En 2016, Moreira presentó la demanda contra Aguayo porque éste dijo que el priista “es un político que desprende el hedor corrupto, que en el mejor de los casos fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.
En abono de lo publicado por Aguayo, cinco días antes Moreira había sido detenido en España acusado de lavado de dinero. Algunos colegas españoles señalaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto movió sus influencias y el acusado pudo quedar en libertad y viajar a México, donde no ha sido molestado, pese a que dejó al gobierno de Coahuila con una injustificable deuda de 35 mil millones de pesos, además de que el político en cuestión disfruta de un nivel de vida muy probablemente incompatible con lo que haya podido ganar honradamente en toda su vida.
Precisamente una observación de este carácter tiene a Sergio Aguayo como víctima del Poder Judicial, pero los periodistas nos basamos en los elementos que están a la vista. No tenemos capacidad ni autoridad para meternos en las cuentas de un político poderoso, de ahí que tengamos que hacer conjeturas a partir de lo que es público.
Pero ciertos jueces no parecen percibir la fetidez que despiden las inmensas fortunas de quienes ocupan o han ocupado cargos públicos, menos aún si tal falta de olfato les permite obtener beneficios. Es el caso del magistrado Francisco José Huber Olea Contró, de la Sala Sexta de lo Civil del TSJCDMX, cuyo hermano fue favorecido con una notaría en Coahuila. Sergio Aguayo ya presentó una queja contra dicho magistrado por el evidente conflicto de interés, pero nada garantiza que el Poder Judicial deje caer a uno de sus hijos.
Sobra decir que estamos ante un proceso largo y desgastante. Hace unos meses, el colega escribió que había recibido el apoyo de El Colegio de México, pues un periodista honesto no dispone de medios para hacerle frente a los enormes gastos de un litigio en el que enfrenta a un potentado, mismo que dispone de múltiples recursos para hacerse querer por los juzgadores.
Lo que enfrenta Aguayo, dice el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), es “un hostigamiento por impartidores de justicia que tienen obligación de hacer su labor en forma imparcial y objetiva”. Se trata, dicen los integrantes de ese colectivo, de “un acoso judicial sin precedente en nuestro país que, de proceder, pone en grave riesgo la libertad de expresión y el ejercicio democrático”.
Al Casede pertenecen Luis Astorga, Leonardo Curzio y Jacinto Rodríguez Munguía, entre muchos otros personajes dignos de todo crédito. Para ellos (y para el firmante de este artículo), lo resuelto por la citada sala del Tribunal Superior “de Justica” de la Ciudad de México, “no sólo es contra nuestro colega: se amenaza y advierte a los comunicadores y periodistas que el ejercicio de su profesión es vulnerable y que algunos integrantes de los poderes políticos en nuestro país siguen ejerciendo la impunidad en forma sostenida”.
El momento es delicado porque en el Senado hay una iniciativa del Ejecutivo para imponer penas de cárcel a los periodistas acusados de “difamación” o “daño moral”. Todos los profesionales de la información estamos en peligro, aun los más inocuos, pues podemos ser acusados por cualquiera que se sienta, se crea o se sepa aludido.
Los periodistas no somos policías ni agentes del Ministerio Público. Nuestra misión es informar y analizar la información. En los últimos años, ya son varios los casos en que el Poder Judicial juzga con la mayor subjetividad lo dicho por colegas que muy bien pueden equivocarse, pero que estructuran sus informaciones con base en datos de dominio público.
La judicatura no goza del mejor prestigio. Son muchos los casos en los que la corrupción muestra los colmillos contra inocentes. ¿No es suficiente con los centenares de periodistas asesinados?