Cuando se exige Estado de derecho suena muy bonito. Aséptico, imparcial, apolítico, institucional. Por eso, es una de las fórmulas favoritas para pedir orden o represión. Cuando se trata de la CNTE o los normalistas protestando, la derecha siempre pide Estado de derecho y condena su falta insinuando que las autoridades están coludidas con fuerzas oscuras, que tienen sus acuerdos inconfesables y por eso el orden no se limpia de toda la basura que lo entorpece. Es una fantasía, porque las protestas y los acuerdos no son alteraciones del orden sino partes de su dinámica, sólo que partes que afectan, molestan a las clases medias y altas, que por eso quieren cortar. Con el asunto del desabasto de gasolinas esos sectores de la sociedad han tenido una repentina revelación realista, y ahora hablan estrictamente al revés. Hay que ver los tuits de Esteban Illades o de Pascal Beltrán para darse una idea. O mataron su expectativa fantástica del Estado de derecho por el cambio de perspectiva –porque les tocaron el coche–, o esa fantasía ha sido en realidad siempre un recurso para oprimir a los demás.
Hacer que un espacio que se regía por un orden informal, criminal en este caso, se rija por los cauces de la ley, tiene sus costos, y me temo que vamos a verlos todo el sexenio. El problema está en que esos costos no los pagan los usufructuarios de los arreglos mafiosos nada más. Combatir frontalmente el robo de combustibles, en este caso, implica recortar las rutas donde este se roba sistemáticamente y eso explica el desabasto en sitios cercanos a la refinería de Salamanca, como es el caso. Afecta a la gente. López Obrador puede permitirse una acción de ese calado por la legitimidad con que cuenta, por su liderazgo personal, pero a cualquier otro presidente el problema político le habría resultado mucho más caro. De todos modos, no estaría bien subestimarlo –sólo hace falta ver la que se le armó a Macron por un problema de precios en combustibles, también con clases medias precarizadas. Puede funcionar como experimento, porque el combate al huachicol es apenas una parte minúscula del reordenamiento que se plantea el presidente.
El cambio de régimen político pasa más por transformar el sistema de arreglos informales que por grandes leyes y reformas. En su discurso de Morelia, la semana pasada, el presidente sintetizó lo que él considera como asuntos clave en este lance. Por un lado, dijo, el reto es la paz y la seguridad. Por el otro, la salud y el bienestar. Paz y bienestar serán llevados como prioridades en una fuerte intervención territorial con dos instituciones como insignia, según declaró. La paz, con la Sedena y la Guardia Nacional. El bienestar, con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una ambición noble, y si se ejecuta estratégicamente como en el caso del combate al huachicol, puede resultar (Calderón habría mandado a los militares a matar huachicoleros a lo loco), pero tendrá costos, porque arrancar esos arreglos afectará a una buena parte de la sociedad –clases medias precarizadas– que se allega, sin saberlo a veces, de bienes y servicios por vías ajenas al derecho. Habrá que llamarlos al patriotismo, como a quienes ahora no tienen gasolina para sus autos, pero no sé si eso bastará, o por cuánto tiempo baste.