La impunidad es una gangrena en el organismo social mexicano. Quien la hace aquí casi nunca la paga. Éste es un fenómeno que si no se ataca frontalmente y se elevan los costos, pudre todo. La impunidad alimenta la corrupción, estimula la violencia que lacera la vida cotidiana y productiva, que impacta en el progreso económico y la competitividad que, a su vez, coloca anclas al desarrollo. Son círculos viciosos de los cuales la sociedad mexicana no puede escapar porque, objetivamente hablando, no hay señales de que quiera escapar. La impunidad corre por todos los sectores sociales, económicos y políticos, y esta descripción no es dramática ni exagerada, como lo demuestra el Índice Global de Impunidad México 2016, dado a conocer este miércoles, elaborado por la Universidad de Las Américas, y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia en Puebla.
Al hablar sobre el alcance generalizado de la impunidad, el documento afirma: “La presencia de este fenómeno patológico se ha extendido a tal grado en nuestra vida pública, que llega a asumirse como un hecho natural o inevitable; incluso podemos afirmar que se ha internalizado como parte de la cotidianidad mexicana. En esta lógica, la existencia generalizada de impunidad crea incentivos perversos en el sistema y, por lo regular, el delito cometido, por pequeño o grande que sea, queda sin denuncia, investigación o castigo. Violar la ley es un acto socialmente aceptado”.
La descripción permite argumentar que México es un país podrido, y el Índice pareciera reflejarlo con consistencia: el 92.8 por ciento de los delitos cometidos –de 2013 a la fecha– no se denuncian, porque los mexicanos tienen una enorme desconfianza con la autoridad y están convencidos que además de que no sirve para nada, sólo pierden el tiempo. Claramente se exhibe el problema estructural. Si no denuncian es por una creencia apoyada en hechos concretos, que el sistema de seguridad, justicia y derechos humanos no funciona, y por tanto, si hay una violación sistémica de la ley, lo mejor que pueden hacer en esta especie de Ley de la Selva, es violar también la ley. Implícitamente se colocan en el mismo espacio y condición que los delincuentes: violar la ley para sobrevivir en un entorno criminal, que los convierte, por las buenas razones, en criminales.
El Índice Global de Impunidad revisó a 59 países –de casi 200 en el mundo–, que son los que aportan la información para hacer las mediciones cuantitativas. De ese grupo, México está en el lugar 58, superado únicamente por Filipinas. Esto se debe a que la impunidad, entendida como delito sin castigo, de acuerdo con este documento de 178 páginas abundantes en estadísticas y análisis comparativos, llega al 99 por ciento. Visto de otra forma, sólo el uno por ciento de los delitos es castigado. Con estos datos, ¿cómo no van a faltar incentivos para que la sociedad camine dentro del marco de la ley y no, para evitar ser aplastada, viole también la ley?
El estudio, coordinado por los profesores e investigadores Juan Antonio Le Clercq y Gerardo Rodríguez, no encontró ninguna entidad federativa en México que esté combatiendo la impunidad. Hay 26 entidades donde la diferencia entre una y otra es menor de cinco puntos, lo que prácticamente las ubica en el mismo nivel de deficiencia en ese campo. Sin embargo, la entidad mejor evaluada, que es Campeche, se encuentra a la mitad del camino que Croacia, la nación mejor evaluada. En el documento se establecen múltiples factores que conducen a la impunidad, que parten en muchos casos de las acciones del Ejecutivo, como lo demostraron con un análisis de los siete estados que desde 2007 fueron parte del abanico del gobierno federal para combatir la delincuencia organizada (Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango), donde el fenómeno se da en niveles medios y altos, pero no menores a los que existían
Una reflexión que se deriva del documento es que, si bien la ineficiencia e ineficacia de las policías permiten la corrupción y la impunidad como consecuencia, no son más policías, mejor equipo o mayor capacitación el único camino o el mejor para enfrentar el fenómeno. La clave se encuentra en el Poder Judicial. En México hay 3.5 magistrados o jueces en el ámbito local por cada 100 mil habitantes, contra 16 que son la media nacional en los países analizados por el Índice Global de Impunidad. Con menos del 20 por ciento de la media internacional, como señala el documento, el rezago es monumental. Uno de los investigadores del Índice ilustró que sería como tener el estadio Azteca a toda su capacidad, cada uno con un proceso en la mano, y sólo 3.5 jueces para atenderlos. No hay manera que se pueda trabajar con eficiencia. Un dato ilustrativo es que el porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia alcanza un promedio nacional de 35.7 por ciento. En esa saturación de trabajo se pierde si las fallas estructurales obedecen a ineficiencia, incompetencia o corrupción.
La gran conclusión del Índice es que no se requieren más policías sino más jueces. Es decir, los gobierno estatales y federal tendrían que cambiar su énfasis presupuestal para darle más herramientas al Poder Judicial a costa de fuerza en el Ejecutivo. La receta parece muy simple, pero así debe ser, si como apunta el documento, la enfermedad impide confrontar esta impunidad que está pudriendo a México.

Nota: En la columna “La frustración de Francisco”, se apuntó incorrectamente que el obispo Samuel Ruiz era dominico. Fue diocesano.

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