Cuando por una “falla técnica” fue censurado el discurso de la presidenta del Congreso previo a la ceremonia del informe
presidencial el 1 de septiembre, la sola posibilidad de que ello descarrillara las negociaciones sobre la reforma fiscal motivó la
renuncia del director de Cepropie, el órgano encargado de la transmisión. Pero cuando seis bombas del EPR en ductos de Pemex
en Veracruz la semana pasada afectaron a la mitad del país, generando pérdidas superiores a los nuevos impuestos que busca
Hacienda, dislocara el 25 por ciento del mercado de gas en el país, motivara el aumento de los hidrocarburos en el mundo y
generara incertidumbre en los inversionistas, ninguna cabeza rodó. En las antípodas del primer caso, ni el director del Cisen,
Guillermo Valdés, presentó su renuncia, ni hubo el menor asomo de pedírsela. Faltaba más. El amigo del presidente Felipe
Calderón se queda en casa.
Por segundo sabotaje consecutivo, Valdés fue protegido por la Presidencia. Hace dos meses, cuando el EPR colocó bombas en
instalaciones de Pemex en Querétaro y Guanajuato, el gobierno le dio palmadas en la espalda y le ofreció reparar el
desmantelamiento del Cisen del sexenio pasado. Lo bisoño y su falta de carácter no fueron evaluados como una premisa básica
para el relevo. El Presidente lo perdonó, pero el EPR no. Dentro del gobierno insisten en que Valdés sí informó de lo que venía, lo
cual es parcialmente cierto. Sí hubo un informe de inteligencia de que venía un nuevo ataque, pero lo que no produjo fue la
información para evitarlo.
Valdés, como principal cabeza de los servicios de inteligencia civil, no tiene justificación ahora. Se empiezan a acumular
evidencias de que el gobierno federal sí pudo haber evitado los bombazos en Veracruz, o cuando menos varios de ellos, de haber
hecho un seguimiento de las alertas que empezaron a ser emitidas poco después de los bombazos en El Bajío que reivindicó el
EPR el 10 de julio pasado. Una de ellas fue publicada la semana pasada en El Sol de Orizaba, donde señala que las autoridades
sabían desde el 19 de julio que los siguientes atentados del EPR –que anunció en sus comunicados– serían en Veracruz. Ese
mismo día, el gobierno veracruzano notificó a Pemex que 12 de sus instalaciones en el estado eran susceptibles a ser atacadas.
En efecto, ahí les pegaron: en el estratégico gasoducto Cactus-San Fernando; en dos puntos del gasoducto Zempoala-Santa Ana;
en tres puntos del oleoducto Nuevo Teapa-Tula; y en el poliducto Minatitlán-México.
La alerta veracruzana movilizó a los técnicos de Pemex, quienes reforzaron junto con las autoridades estatales la vigilancia.
Resultado también de ello fue un paquete de fotografías en poder del gobierno federal donde se mostraba el deterioro de las
áreas de protección de los ductos. Una de las fotografías muestra la alambrada rota en una de las instalaciones, por donde
semanas después entró caminando el EPR para colocar una de las bombas. Para el EPR, cuyo grado de dificultad para cometer el
sabotaje fue reducido por la negligencia oficial, la operación fue todo un éxito: cero víctimas, severas pérdidas al aparato
productivo, y alto impacto mediático. Para el gobierno federal, desastre completo.
El Cisen facilitó la operación al EPR al no haber alertado debidamente a las policías federales y al Ejército. Si se analiza el
perímetro en el cual se colocaron las bombas y la sincronización del ataque, se puede establecer que pudieron haberlas
colocados cinco células –sólo una pudo haber duplicado su trabajo, la que las puso en el gasoducto Zempoala-Santa Ana, en los
puntos del río La Antigua y en Actopan–, con un número aproximado de cuatro a seis personas –dos que las colocaron en los
ductos, y de dos a cuatro de seguridad–. Al no haber explotado una de las bombas se pudo determinar que los explosivos y la
mezcla empleada fueron los mismos de El Bajío y de los empleados en noviembre pasado en las bombas colocadas en el banco
donde tenía sus cuentas el IFE, en el Tribunal Electoral y en el auditorio del PRI: Semptex, Anfo y fertilizante. Cada una de las
bombas tuvo un costo, si se establece como medida el valor de los productos en el mercado negro en Oaxaca, donde nació el
EPR, de aproximadamente 12 mil pesos. Es decir, por seis bombas, el valor estimado fue de 72 mil pesos.
El EPR conoce de explosivos. Su jefe, Tiburcio Cruz Sánchez, y su esposa, Elodia Cruz Canseco, junto con Gabriel Alberto Cruz
Sánchez, uno de los dos desaparecidos por los cuales la guerrilla está realizando estos atentados, han entrenado a la guerrilla
desde principio de los 70 en explosivos y demoliciones. Este conocimiento acumulado es una de las razones por las cuales nunca
causan víctimas, que les generaría un repudio social en sectores que, si bien puedan estar en desacuerdo con sus métodos,
tampoco se sienten amenazados por ellos. El conocimiento sobre dónde hacer más daño, es otra cosa.
Una de las líneas de investigación es que el EPR recibió información técnica de personas que conocen la ingeniería de las
instalaciones. Cinco de las seis bombas fueron colocadas en las válvulas de seccionamiento, donde el metal de la tubería tiene
más presión y por tanto es más débil, como lo fueron las colocadas en El Bajío.
De acuerdo con hipótesis de las investigaciones, las bombas tuvieron que haber sido armadas en casas de seguridad en el puerto
de Veracruz y en Orizaba, para evitar el riesgo del traslado desde otros estados del país en donde tienen mayor fuerza
operacional. El EPR tiene alguna presencia en Veracruz a través de simpatizantes, pero el único punto cercano a donde fueron los
sabotajes es Zongolica. Autoridades en Veracruz consideran que es posible que las células del EPR hayan entrado al estado por
Puebla, lo que llevaría a considerar que salieron de la ciudad de México, y que pudieron haber huido por la Huasteca tamaulipeca.
Pero en concreto, no hay nada.
Las autoridades federales siguen dando palos de ciego, y se empieza a notar nerviosismo en sus acciones. El fin de semana
pasado, agentes de la PGR detuvieron y mantuvieron incomunicado durante cerca de ocho horas a un ex guerrillero del
desaparecido Procup, Hermengildo Torres, para interrogarlo sobre los planes del EPR. En días previos se informó que la PGR pidió
a Interpol investigar al especialista argentino en guerrillas Jorge Lofredo, que fundó una página en internet para el estudio de los
movimientos armados en América Latina. Ir sobre personas que no están vinculadas al EPR parece ser la mejor opción que tiene
en este momento el gobierno federal en busca de una ruta que los lleve a la cabeza de la guerrilla. Curioso que sólo vea la paja
en el ojo ajeno, y no termine de asimilar que el problema de origen lo tienen dentro, en el Cisen como la cabeza más visible, cuyo
director sigue siendo defendido caprichosamante, aunque a juzgar por sus capacidades, la creciente escalada de violencia del EPR
nos vaticine un nuevo atentado próximamente.

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