ESTRICTAMENTE PERSONAL

Un dramático video dado a conocer por el diario texano The Dallas Morning News donde sicarios de Los Zetas, el brazo armado del Cártel del Golfo, aceptan trabajos de asesinatos contra funcionarios y hablan de relaciones del narco con altos funcionarios federales, no sólo le aguó la celebración de sus cinco años en la Presidencia a Vicente Fox que subrayó entre sus logros la gobernabilidad democrática, sino que le estampó en la cara la falsedad de su dicho. ¿Por qué? Simple: los sicarios no fueron detenidos, torturados y uno de ellos ejecutado por cárteles enemigos, sino por miembros de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, que es la Policía Judicial Federal del Estado mexicano. O sea, los asesinos del grupo armado delictivo más temido en el país, fueron aquellos que se supone brindan protección a los ciudadanos. ¿De qué gobernabilidad democrática habla el presidente Fox? Está claro que no sabe de lo que se trata.

Democracia y gobernabilidad constituyen dos conceptos complementarios e interdependientes, como explicó en 2003 la ex ministra de Relaciones Exteriores de Chile –un país que ha tenido que aprender rápidamente esa convivencia– María Soledad Alvear, que se ven expresados como una relación virtuosa que caracteriza la gobernabilidad como un bien público y simbólico, con un profundo sentido ético, y cuyo origen se encuentra en una acción política basada en valores, consensos, normas y objetivos de largo plazo que reproducen una estabilidad sistémica en la sociedad. Pero no sólo eso. Profundizar la democracia con gobernabilidad, agregó, se vuelve una necesidad urgente para preservar el estado de derecho, la adhesión a los postulados democráticos y la legitimidad de las instituciones. En el caso mexicano, esa complementariedad es inexistente desde el mismo momento en que la función primaria de un gobierno, que es la de salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos, es violada por el gobierno mismo.

O, ¿podría el presidente Fox argumentar que los agentes de la AFI que torturaron y ejecutaron a los sicarios, no tenían como responsabilidad hacer valer la ley y proteger a los ciudadanos? La conculcación del estado de derecho es también evidente. El narcotráfico, que ha convertido la región andina americana en el estudio de caso de cómo democracias incipientes son derrotadas por el narcotráfico, y que subraya la fragilidad del nuevo sistema para el hemisferio ante la debilidad de sus instituciones, se ha ido carcomiendo al Estado mexicano de una manera asombrosa desde hace casi 20 años, y de manera grotesca en los últimos cinco años.

El video es la última expresión pública del desastre en el que se encuentra la pretendida gobernabilidad democrática. Hay una acusación directa de uno de Los Zetas en contra del ex procurador general Rafael Macedo por haber estado presuntamente vinculado al Cártel del Golfo, y hay informes no oficiales que circulan dentro del gobierno foxista que otro ex secretario de Estado recibía al menos 3 millones de dólares mensuales del Cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán. Hay decenas de magistrados en todo el país que han dejado en libertad a narcos, como también hay investigaciones sobre altas autoridades judiciales en varios estados por su presunta vinculación con diversos cárteles. Un reciente multihomicidio en Ciudad Satélite, en la zona metropolitana de la ciudad de México, por citar sólo un caso de los múltiples similares que se están viendo en el país, fue realizado por Luis Roberto Pérezgil, quien pese a ser perseguido por la Procuraduría del Distrito Federal por su relación con una banda de secuestradores, obtuvo impunidad al ser contratado por la Procuraduría del Estado de México, que encabeza Alfonso Navarrete Prida.

Pérezgil se suicidó tras asesinar a cinco personas que, de acuerdo con investigaciones federales, le estaban reclamando que las plazas de policía que les habían ofrecido en la entidad no se las habían entregado. Esa demora significa, en el contexto en que se dio el multihomicidio, que estaban dejando de percibir ingresos de la delincuencia organizada que, sólo en el estado de México, se sabe que se compran en Atizapán, Naucalpan y Tlanepantla. Varios cárteles de la droga consiguen plazas en esa entidad, de acuerdo con investigaciones federales, así como también en Tamaulipas, Chiapas y Veracruz. De hecho, el tema de las compras de plazas de policías, es el síntoma más evidente de la pérdida de gobernabilidad en México.

De acuerdo con altos funcionarios federales, el problema abarca a 28 estados de la República, donde la seguridad en un número de municipios que no precisaron, está en manos de personas que cobran en las nóminas de los narcotraficantes. Para los cárteles, es más fácil y barato comprar jefes de policías municipales, que recurrir por protección a niveles más altos. Sólo para efectos de comparación, lo que en altos niveles de la Federación les puede significar al menos un millón de dólares mensuales, al nivel municipal les representa no más de 3 mil dólares. La penetración del narcotráfico alcanza, sin embargo, todos los niveles en el gobierno. En este momento, la PGR está integrando acusaciones contra 42 funcionarios locales, estatales y federales, vinculados con el Cártel de Juárez, y la Secretaría de la Defensa tiene un expediente completo sobre un ex gobernador vinculado al narco.

Vista la realidad nacional, es un barbarismo político más en el que ha incurrido el presidente al proclamar como éxito lo que en realidad es un fracaso.                                               Su acción política, lejos de construir el edificio que comprende la gobernabilidad democrática en los términos planteados por Alvear, produce una anomia, que es la ruptura del orden social que, por si no fuera suficiente, está provocando muchos muertos en este país.

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