EL-SUR

Sábado 19 de Junio de 2021

Guerrero, México

Opinión

Insisto, fue el Estado

Jorge Camacho Peñaloza

Septiembre 28, 2018

El crimen perfecto no es aquel que no se resuelve, sino el que se resuelve con un falso culpable. John Hurt.

A cuatro años de la desaparición de los 43 alumnos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotiznapa, el Estado mexicano no ha sido capaz de explicar qué fue lo que sucedió y menos de hacer justicia. Las lágrimas, la barbarie, la impunidad, la injusticia siguen ahí. La lucha de los normalistas de Ayotzinapa y de los padres de familia sigue ahí. La herida y la exigencia de justicia nacional e internacional siguen ahí. Pero también se sigue sosteniendo la necedad de la teoría de la “verdad histórica” con la que se pretende señalar a la delincuencia, policías municipales, al presidente municipal de Iguala de entonces y su esposa como autores intelectuales y materiales del abominable crimen, sin que nadie hasta el momento haya sido sentenciado.
Siendo diputado por la LX Legislatura del Congreso de Guerrero, consigné la falta de reacción del gobierno federal, su incapacidad para reconocer que siempre se trató de un asunto del orden federal (delincuencia organizada). No dudé en señalar que esa atrocidad fue un crimen de Estado y, además, acompañado de una flagrante irresponsabilidad política. Sin embargo, las autoridades competentes se limitaron a verlo como un delito común y no como lo que realmente fue: un crimen y una irresponsabilidad política de Estado.
Se veía venir. Todo el mundo sabía que el empresario igualteco se había casado con una hermana de peligrosos integrantes de la delincuencia organizada. Operaba para ellos en lo económico y en lo delictivo. Efectuaba importantes inversiones empresariales. Entregó a la policía municipal en manos de ese grupo criminal, para que le facilitara el trasiego de drogas, secuestros y extorsiones. Se adueñó de un pedazo del Estado mexicano como lo es el municipio de Iguala al controlar en su totalidad el ayuntamiento, todo esto fue conocido con antelación a los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 por la Procuraduría General de la República y con todo y eso la autoridad federal responsable de actuar ante el delito de la delincuencia organizada o la responsable de velar por la Seguridad Nacional como es la Secretaría de Gobernación, hicieron nada por evitar muchos sucesos violentos y recuperar ese ayuntamiento.
Por ejemplo, desde junio del 2013 la Fiscalía estatal remitió a la PGR, concretamente a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), varios tomos de la averiguación previa relativa al homicidio del activista y líder de izquierda Arturo Hernández Cardona. Asimismo, en abril del 2014, le entregó por oficio la averiguación previa iniciada contra Ernesto Pineda Vega, miembro del cártel Guerreros Unidos, como probable responsable del secuestro del señor Adolfo Salgado Salgado.
De igual modo, en mayo de 2014, mediante correo electrónico, la PGR recibió de la Fiscalía estatal copia de la ampliación de declaración de Ernesto Pineda Vega sobre el secuestro agravado del señor Hernández Cardona e integrantes de la Unidad Popular (UP), en la que Pineda, entonces recluido en el Centro de Readaptación Social de Acapulco, declaró entre otras cosas que el alcalde José Luis Abarca y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez formaban parte de la organización Guerreros Unidos y que utilizaban a los sicarios y líderes del cártel como su brazo armado para secuestrar, desaparecer y matar a innumerable número de personas, señalando que su forma de operar es que la Policía Municipal levanta a las víctimas y ellos entregan a los Guerreros Unidos y después estos se encargan de negociar el rescate.
Pineda también proporcionó nombres, datos, fechas y ubicación de algunas fosas clandestinas en las que se enterró a personas secuestradas y desaparecidas. Además el declarante indicó que Patricia Soto, esposa del M, Mario Casarrubias, era sobrina del presidente municipal José Luis Abarca y mencionó nombres como el jefe de sicarios de Guerreros Unidos es el “May y/o El Choky y/o El Pelón”, el “Gil y/o El Gallero” (Gildardo López Astudillo), los hermanos Peralta Rodríguez y/o Peralta Benítez, conocidos como “Los Peques”, todos vinculados directamente al homicidio, secuestro y/o desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Sabiendo la relación del empresario y, después, alcalde de Iguala con la delincuencia organizada, no le importó al PRD postularlo en el 2012, quien había apoyado antes la candidatura a gobernador de Ángel Aguirre Rivero y, en ese mismo año, al actual presidente electo en su segundo intento por ganar la Presidencia de la República. El PRD, como institución que forma parte del Estado mexicano, no ignoraba los vínculos del alcalde con el crimen organizado, pero nadie de este instituto actuó judicial, gubernamental ni políticamente.
Por su parte, las dependencias del Gabinete de Seguridad Nacional seguramente tenían toda la información sobre las relaciones entre el alcalde de Iguala y el grupo delictivo, sin embargo tampoco les importó rescatar el ayuntamiento de Iguala de manos de la delincuencia organizada. Toda esta información fue minimizada, no les interesó judicialmente ni por razones de seguridad nacional desactivar el riesgo que implicaba que el control del ayuntamiento de Iguala hubiera sido arrebatado por la delincuencia organizada y proteger así a su jefe el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien nunca se volvió a levantar de ese golpe de la desaparición de los 43. Ni una sanción, ni una destitución.

Vuela vuela palomita y ve y dile: Al Estado mexicano que si es democrático no tiene de qué preocuparse, que si en él existe el Estado de derecho, no le va a quedar otra que autosancionarse