El auditorio está lleno a reventar y afuera se encuentran más personas escuchando por las bocinas instaladas alrededor. Estamos en las montañas del Cauca, Colombia, en una asamblea indígena en la que están juzgando, de acuerdo con sus propias leyes, a cuatro milicianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acusados de tres asesinatos.
Los pueblos indígenas de Colombia tienen el derecho constitucional de ejercer la justicia de acuerdo a sus usos y costumbres. En la Constitución Política de 1991, se reconoció además a los territorios indígenas como entidades territoriales con derecho a tener un gobierno, presupuesto y jurisdicción propios. Antes de eso, estaban regidos por la ley 89 de 1890, que los consideraba salvajes y legalmente menores de edad, pero les permitía tener cierta autonomía en sus resguardos.
En este caso, están reunidos los nasa (o paeces) de Jambaló, Toribío, San Francisco y Tacueyó. Hay alrededor de 2 mil personas, y participan por igual hombres y mujeres de todas las edades. Después de cantar el himno nasa, la moderadora explica las reglas de la asamblea: no gritar, no chiflar, no aplaudir, no hablar si no se les concede la palabra y obedecer las indicaciones de la guardia indígena. Esta guardia, conformada por hombres, mujeres y niños, no solamente vigila el orden en la asamblea, sino que lo hace en todo momento en su territorio, sin más armas que sus bastones de mando. Así han enfrentado al ejército y a la guerrilla.
Escoltados por la guardia, los acusados toman sus lugares de cara a la asamblea, atrás está el presídium con las autoridades de los cabildos y los dirigentes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). A un lado se encuentran los observadores invitados de Naciones Unidas y al otro los de la Defensoría del Pueblo.
La sesión comienza con la lectura de una síntesis de los casos. En julio de 2011, los acusados, Gonzalo Medina, Fernando Quitumbo y Fayber Quitumbo mataron a los comuneros Willian Darío Poto Secue y Alfredo Hernán Ríos Galvis, que eran comerciantes en la región; y en enero de 2013, Medina, Fayber Quitumbo y Marco Tulio Ulcue, asesinaron a Rafael Mauricio Girón, ex concejal de Jambaló. No fue sino hasta finales de 2015, es decir como un mes antes de la asamblea (que se realizó el 29 de enero pasado), que se logró su captura, y todos ellos admitieron ya sus crímenes previamente ante las autoridades.
Una vez explicados los hechos, se da la palabra a los acusados. Uno con cinismo y los otros con vergüenza confiesan sus crímenes ante la asamblea y relatan lo sucedido. Ahí queda claro quién disparó, quién llevó las armas y quién más participó. Declaran que mataron al ex concejal por órdenes de la comandancia del sexto frente de las FARC, porque era su enemigo político; y afirman que asesinaron a los comerciantes con armas de las FARC, pero por iniciativa propia, para robarles porque creían que llevaban mucho dinero, pero resultó que era poco.
Toca el turno de expresarse a los familiares de los asesinados. Están presentes padres, hijos y esposas. Cuentan su situación actual, hablan de los muertos y de la falta que les hacen. Demandan justicia, alguno perdona y otro propone “60 años de cárcel y 40 latigazos”. El tiempo está medido, cada quién puede hablar cinco minutos y sólo hablan uno o dos familiares por víctima. Posteriormente se convoca a los parientes de los acusados a expresarse. De entrada no aparece nadie, entonces los propios procesados hablan. Algunos se declaran arrepentidos y se justifican diciendo que no tuvieron padres que los educaran. Después aparecen las esposas de dos de ellos que imploran piedad a la asamblea porque no quieren quedarse solas a cargo de sus hijos.
Al final, las autoridades proponen el castigo para cada uno de los acusados y la asamblea vota. Pero no votan necesariamente por lo que recomiendan sus autoridades. Para el primero sugieren 30 años de cárcel. Se pregunta a la asamblea y solamente algunos levantan la mano. Preguntan entonces si están de acuerdo con 20 años y nadie responde. El tiempo en prisión va subiendo a 40 y 50 años y son muy pocos los que se manifiestan a favor. Finalmente, cuando se llega a 60 años (máxima pena según la justicia colombiana) es evidente la mayoría absoluta, se ven casi todas las manos levantadas. Lo mismo sucede con los otros acusados.
Todo se da en orden, sin gritos, ni silbidos, sólo de vez en cuando se escucha un murmullo. La representante de la ONU se acerca a la moderadora y solicita que se revise la votación de los que están afuera. Aunque para todos los demás es obvia, algunos salen a verificarla. Está decidido, 60 años de cárcel a los responsables de los asesinatos.
Después de más de cuatro horas, se da por terminada la asamblea, se lee el resolutivo y todos salimos. Algunos se quedan a comer y otros nos retiramos. La salida se dificulta pues la carretera es muy estrecha y hay decenas de motocicletas, mucha gente caminando y otros subiendo a las chivas (el medio de transporte típico local) y a algunos autobuses de la empresa de transporte comunitaria del CRIC. Después de casi media hora, por fin avanzamos.
Este juicio se llevó a cabo cuando el CRIC estaba cerca de cumplir 45 años de fundado, y mientras que en la Habana, Cuba, se están llevando a cabo negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, en las cuales los indígenas han solicitado participar sin obtener una respuesta favorable. Pero a ello me referiré la próxima semana.