La semana pasada escribí sobre un juicio realizado por una asamblea indígena en Colombia a milicianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Decía que el juicio se llevó a cabo mientras que en la Habana, Cuba, se están desarrollando negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de ese país, en las cuales los indígenas han solicitado participar sin obtener una respuesta favorable; y que se realizó también poco antes de que el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), cumpliera 45 años de fundado, aniversario que celebraron el 24 de febrero pasado.
Hablar del CRIC es hablar del 90 por ciento de las comunidades indígenas del Cauca, que es el Departamento con mayor población originaria de Colombia. Está integrado por nueve zonas, 121 cabildos y 10 pueblos indígenas distintos. Es la instancia a través de la cual se organizan para luchar por sus derechos, por la defensa de sus territorios y de su vida. Es también la organización mediante la que coordinan el sistema de educación indígena, que está en sus manos en la mayor parte de los resguardos y que contempla desde la educación primaria hasta la universitaria; y es a través del CRIC que manejan varias empresas que son de ellos, por ejemplo, la mayor parte del transporte local.
En los 45 años de existencia del CRIC, han sido asesinados alrededor de 500 dirigentes regionales y de distintas comunidades. Igualmente, miles de indígenas han perdido la vida porque parte del conflicto armado entre el ejército y la guerrilla se desarrolla en su territorio, donde también hay presencia de grupos paramilitares y de narcotráfico. Por eso mismo, algunos líderes optaron por formar en 1984 un movimiento armado, el Quintín Lame, para defenderse y para luchar por sus derechos y su territorio. Este grupo se desmovilizó en 1991, y uno de sus logros fue que Colombia signara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Además participaron en la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución Política de 1991, que otorga importantes derechos a los pueblos originarios.
Sin embargo, a pesar de todos los avances obtenidos por el movimiento indígena del Cauca, continúan siendo asesinados líderes y sigue sin haber leyes que regulen los derechos que obtuvieron en la nueva constitución.
Desde 2012 se están llevando a cabo negociaciones de paz entre el gobierno Colombiano y las FARC, las cuales han tenido grandes avances y se espera que el acuerdo definitivo se firme en la primera mitad de este año. Todo el país está al pendiente y hay una gran esperanza, pero también hay conciencia de que la paz no llegará automáticamente con la firma de un acuerdo, sino que será un largo proceso con muchas implicaciones, al que la mayoría de los colombianos se refiere como el “postconflicto”. Sin duda el esfuerzo es grande, pero hay varios aspectos que no han sido considerados en la mesa de diálogo y que afectan a diversos sectores, entre ellos a los indígenas.
Al respecto, Carlos Guaza, integrante del área del proyecto político del CRIC, dice que, si bien miran con buenos ojos el proceso de paz, que por supuesto que beneficia al país, éste “no cobija las necesidades de los pueblos, una cosa es el diálogo entre el gobierno y la guerrilla y otra cosa son las dificultades en los territorios”.
Explica que dentro de los acuerdos que se están negociando en La Habana, Cuba entre las FARC y el gobierno colombiano, está contemplada la creación de zonas de concentración, territorios donde se reunirán los guerrilleros durante el proceso de desmovilización y dejación de las armas. Parece ser que algunas de esas zonas serán ubicadas en territorios indígenas, con lo cual no están de acuerdo. Comenta también que han solicitado participar en los diálogos de paz para tratar diversos temas que les competen, pero no los han incluido.
No solamente el CRIC, sino todas las organizaciones aglutinadas en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se oponen a la presencia de zonas de concentración en sus territorios pues, como afirman en un comunicado, consideran que se desconoce, “el impacto y las afectaciones que los mismos tendrán en nuestra identidad, autonomía y pervivencia como pueblos”. En el mismo, exigen también que se lleve a cabo una consulta para la implementación de los acuerdos de paz en los territorios indígenas, ya que no deberían realizarse sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos.
Carlos Guaza se cuestiona también otro aspecto del proceso de paz que no solamente preocupa a los indígenas: “las FARC van a dejar las armas, ¿pero el ejército qué?”. Nadie pretende que se desarme completamente, peor, sería ilógico que mantuviera la misma cantidad de armamento e infraestructura que tiene si su principal enemigo interno se desmoviliza. Por otro lado, también temen que pueda haber cambios en la constitución que los afecten, que echen para atrás los avances que se han conquistado para los pueblos indígenas.
Estos son sólo algunos de los asuntos complicados de la paz, para los cuales los indígenas, al igual que todo el pueblo colombiano, ya se están preparando, mientras que el presidente del país, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, aspiran al premio Nobel de la Paz.