EL-SUR

Sábado 04 de Diciembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

ESTRICTAMENTE PERSONAL

La Conexión Pastor

Raymundo Riva Palacio

Agosto 18, 2006

Dos enemigos acérrimos, que representan intereses encontrados son Andrés Manuel López Obrador y Jorge Castañeda. El primero ve al segundo como uno de los que contribuyeron en los intentos por descarrilarlo de sus aspiraciones presidenciales, y el segundo lo ve como la reencarnación de un producto del echeverrismo. Los dos tienen amigos cercanos que comparten. Algunos de ellos acompañaron a Castañeda en sus viejas cruzadas políticas desde la tribuna de la academia, y esos mismos son ahora algunas de las voces que hablan al oído al Príncipe. Pero, cosas de la real politik, hoy se encuentran en el mismo barco, pidiendo la intervención extranjera para resolver un asunto doméstico mexicano. El pragmatismo de Castañeda es conocido; el de López Obrador, que contradice el nacionalismo que pregona, sorprende, aunque al final de cuentas, podría alegar, la Presidencia bien vale la misa.
Las claves públicas de esta sintonía entre enemigos políticos se encuentran, como muchas cosas en México, en la prensa escrita. La primera fue expuesta el viernes pasado en un artículo firmado por López Obrador en las páginas editoriales de The New York Times donde, al hacer un alegato político de su alegato jurídico de que él ganó las elecciones, apela a “la buena fe y el apoyo de aquellos en la comunidad internacional con algún interés personal, filosófico o comercial en México para animarlo hacia lo justo y permitir un completo recuento de votos”. La segunda, expuesta por Castañeda este miércoles en Reforma, expresa en el último párrafo la coincidencia con su aliado táctico: “¿Quién puede proponer y negociar (salidas a la crisis)? No sé. Si existe en México un interlocutor válido para las partes, que aparezca… Si no, entonces de fuera: no seríamos los primeros ni los últimos en acudir a los buenos oficios externos para resolver problemas que evidentemente no vamos a desenredar. ¿Quiénes? Latinoamericanos como Lagos y F.H. Cardoso; europeos como Antonio Guterrez y F. González; norteamericanos como Clinton, Carter y Chrétien”.
Los dos están hablando de lo mismo y el vaso comunicante se llama Robert Pastor, un académico en la Universidad Americana en Washington que fue el responsable de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de James Carter, a quien ayudó a crear su centro –con sede en Atlanta– tras su mandato, especializándose en más de 30 naciones en solución de conflictos electorales. Pastor es cercano a Castañeda desde hace más de 15 años y, buen conocedor de México, tiene relaciones de tiempo atrás con varios de los protagonistas de los sucesos actuales. Prácticamente desde que estalló el conflicto postelectoral, Pastor envió una propuesta a los equipos de López Obrador, vía Manuel Camacho, y de Felipe Calderón, vía Juan Molinar y Arturo Sarhukán, con el propósito de establecer un mecanismo que pudiera encontrar una salida legal y legítima al conflicto postelectoral. Pastor metió a Carter y al economista peruano Hernando de Soto como co-promotores de la propuesta, mientras Castañeda introdujo el nombre de otro ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y aparentemente el del español Felipe González.
La propuesta de Pastor constaba de seis puntos para ser acordados por los dos candidatos, donde el único eje era el recuento total de votos solicitado no sólo por López Obrador, como hasta ahora, sino también por Calderón:
1. Ninguno tratará de descalificar previamente el resultado, entendiéndose también que la decisión de los candidatos no puede ser superior a lo pactado.
2. Si las dos partes aceptan el recuento total como la última fase del proceso, López Obrador, específicamente, tendría que aceptar su legitimidad. El perdedor debería conceder que su adversario le ganó.
3. Ninguna parte exigiría la anulación de las elecciones ni continuaría con las otras impugnaciones que interpuso ante el tribunal electoral.
4. Pedir que sea el IFE el que realice el recuento total mediante la estructura que trabajó el 2 de julio. Bastaría con que trabajara el 50 por ciento de esa estructura, pues no tendrían que revisar al menos seis diferentes tipos de votaciones, sino únicamente las presidenciales.
5. Tanto el IFE como el Tribunal Electoral explicarían el procedimiento a los representantes de los dos candidatos. Una vez que todos estuvieran de acuerdo en el proceso, comenzaría el recuento. Uno de los puntos más delicados y sofisticados de este paso sería cómo contar aquellos votos que, teniendo una determinada inclinación, fueron anulados o se contabilizaron para otro candidato por errores del votante en el relleno de la boleta.
6. Este recuento total sería monitoreado cuidadosamente por observadores internacionales.
Camacho le dijo a Pastor que López Obrador sí aceptaría esos seis puntos, pero Molinar y Sarhukán tuvieron varias objeciones. Una de ellas fue el quién sería el garante de que en realidad López Obrador aceptaría el pacto y el resultado del recuento, si anteriormente reculó de todo lo ofrecido, como su respeto a la decisión del IFE y al fallo del Tribunal Electoral. Otro argumento fue el jurídico y su insistencia a aceptar lo que señalaran los magistrados, que fue interpretado por Pastor como algo legítimo y correcto desde el punto legal y jurídico que, sin embargo, desde el punto de vista político, no resolvería los problemas. Molinar y Sarhukán consideraron que el acuerdo que negociaba Pastor ignoraba que también habían competido en la elección presidencial otros tres partidos, y que minaría a los órganos electorales. Pastor afirmó que, estando los órganos electorales mexicanos entre los más avanzados en el mundo, lejos de debilitarse, saldrían aún más fortalecidos.
Pero al final, por sobre todas las cosas, había muchas dudas sobre las pocas garantías, basados en los antecedentes, que López Obrador fuera a respetar un pacto. Hubo intensas discusiones sobre el recuento total en el equipo de Calderón, pero la decisión final fue responder que no. El proyecto de mediación política planteado por Pastor, le dijeron, vulneraba el cauce legal y regresaría al sistema de concertacesiones. No sólo eso, añadieron, sino que las experiencias que tuvo Carter en mediaciones similares en Haití y Venezuela no fueron positivas porque parecía, como el que proponían a Calderón, hecho a la ligera.
Las pláticas siguen con los equipos de campaña pero, como admite Pastor, no está seguro que tengan alguna oportunidad. El problema que ve se mantiene: si el 35 por ciento del electorado piensa que las elecciones no fueron justas y otro 20 por ciento tiene sus dudas, la parte política del conflicto permanecerá sin resolverse. ¿Qué es mejor? ¿Regresar a la concertacesión, como definen los calderonistas la iniciativa estadunidense, o mantener la legalidad como eje y trabajar posteriormente en la legitimidad? Muy probablemente, esa respuesta permanecerá eternamente sin ser respondida.

[email protected]
[email protected]