Marcos Matias Alonso
Mayo 14, 2017
Desde el inicio del mandato constitucional del gobernador Héctor Astudillo Flores (HAF), varios compañeros indígenas usamos diversos canales para dialogar con él y poner a su consideración la Agenda para el Desarrollo Indígena y Afromexicano (ADIA). Ningún canal progresó y la interlocución con el gobernador no ocurrió. Era evidente su mínima voluntad política para abordar el tema indígena y afromexicano con los representantes de nuestros pueblos. Es tardío, pero la mano sigue tendida.
Los ejes centrales de la ADIA eran los temas de la armonización de la legislación estatal en materia indígena y el derecho a la consulta bajo consentimiento previo, libre e informado en las cuestiones que afectan la vida de los pueblos indígenas y afromexicanos. Nuestra agenda coincidía, en gran parte, con la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del 29 de febrero del 2016. Sin embargo, las instancias del gobierno desestimaron, desatendieron y negaron nuestro derecho de participar en un tema de interés colectivo.
El 6 de abril del 2016, el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) firmaron un convenio de para dar respuesta a la recomendación de la CNDH y analizar la conveniencia para reformar al artículo 14 Constitucional. Dicho convenio ignoró y excluyó la participación indígena. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, el Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero, el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos de la Montaña, no fueron tomados en cuenta para participar en las deliberaciones al proceso.
El 24 de abril, HAF envió al Congreso del Estado, su iniciativa para reformar el artículo 14 Constitucional y la ausencia de consulta bajo consentimiento libre, previo e informado se convirtió en el principal talón de Aquiles de su propuesta. La ausencia y omisión del derecho a la consulta indígena puede derrumbar su propuesta, porque viola derechos constitucionales que han sido consagrados en la legislación nacional e internacional. Por si fuera poco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido protocolos y jurisprudencia que el gobierno local está obligado cumplir cabalmente.
Para cumplir con la recomendación 9/2016 de la CNDH, el 28 de febrero pasado el gobierno de Guerrero y la UAG simularon hacer seis foros regionales de consulta indígena para recoger las opiniones sobre la reforma del artículo 14 Constitucional. La nota de El Sur, del 1 de marzo, y los testimonios de varios representantes indígenas, consideraron que la consulta fue una simulación, no tuvo ninguna legitimidad ni representatividad, no se distribuyó la información a tiempo, hubo nula participación indígena y prevaleció la improvisación. En el mejor de los casos, y siguiendo la costumbre priísta, acarrearon estudiantes de la universidad para ocupar el vacío de los auditorios (Tlapa y Ometepec). En los seis foros regionales, el Gobierno y la UAG, tuvieron una mediocre capacidad de convocatoria
La recomendación 9/2016 no es la única que ha emitido la CNDH para el gobierno de Guerrero. El 17 de diciembre del 2013, presentó el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero. Hizo recomendaciones al Congreso y al gobierno que, a la fecha, lejos de atender los problemas allí señalados, se agudizaron terriblemente. Desde el 2013, la CNDH recomendó que para impulsar cualquier reforma legislativa para armonizar los sistemas normativos indígenas, debe hacer bajo previa consulta a las comunidades indígenas.
Como lo he referido, el 24 de abril pasado, HAF envió al Congreso su iniciativa de decreto para reformar el artículo 14 de la Constitución Política. Como toda iniciativa, su propuesta es perfectible y mejorable. No está escrito en piedra y el poder legislativo tiene facultades irrenunciables para ajustar y/o modificar el proyecto del gobernador.
El 28 de abril, los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) entregaron a la Mesa Directiva del Congreso su iniciativa de Decreto para reformar los artículos 11 y 14 de la Constitución. Tanto en el artículo 11, como en el 14, los diputados de MC enfatizan en reconocer a las autoridades comunitarias, los sistemas normativos indígenas, los usos y costumbres, sus formas de organización social y reivindica la figura de la policía comunitaria como alternativa a la seguridad pública en sus jurisdicciones. Todo ello, sin que contravenga la Constitución y las leyes que rigen a los guerrerenses.
Por su parte, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 9 de mayo entregó a la Mesa Directiva del Congreso, su iniciativa para reformar los artículos 8, 10, 11, y el 14 de la Constitución. Es decir, la propuesta del PRD es reformar el apartado II sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Constitución.
La propuesta del PRD es de avanzada. Marca distancia con la iniciativa de HAF y plantea la progresividad en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. El fortalecimiento del artículo 8 plantea una armonización con la Carta Magna Nacional, los tratados internacionales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este reconocimiento abre una nueva perspectiva jurídica para armonizar, no sólo el artículo 8, sino todos los demás artículos del apartado indígena y afromexicano.
El 10 de enero pasado, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) presentó al Congreso su iniciativa de reformar el artículo 1° de la Ley 701 para reglamentar los artículos 8 al 14 de la Constitución. MORENA se ha preocupado por el tema de los pueblos indígenas y afros, pero es limitada su contribución al proceso legislativo para reivindicar sus derechos constitucionales.
Además de la iniciativa de HAF, de MC, de MORENA y la del PRD, desde el 7 de enero, el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos de la Montaña y el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, presentaron al Congreso la “Ley Integral sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”; una iniciativa elaborada con la consulta y libre participación de los pueblos indígenas de la Montaña de Guerrero.
¿Cómo procesar lo más relevante de las cinco iniciativas? ¿La propuesta de HAF se impondrá y subordinará al Congreso? Como siempre ha ocurrido ¿el Ejecutivo se erigirá como el legislador absoluto y someterá a todos los diputados como sus más fieles servidores? ¿Podrá hacerse un esfuerzo para fusionar las cinco iniciativas? En un equilibrio de poderes, el titular del ejecutivo ¿no debería valorar las aportaciones del legislativo? Tanto el ejecutivo como el legislativo ¿seguirán considerando a los pueblos indígenas como siervos dóciles que obedecerán sus disposiciones legislativas?
Muchas interrogantes que en los próximos días se dilucidarán. Ojalá sea para bien de Guerrero y para los pueblos indígenas y afromexicanos.