Nada ha cambiado en Guerrero en diez años, y donde lo ha hecho ha sido para empeorar. De acuerdo con datos oficiales, en el 2005 el 70 por ciento de la población era pobre, frente al 47 por ciento del promedio nacional. El estado figuraba en el lugar número 30 del índice de desarrollo humano de la ONU para las 32 entidades federativas del país, sólo antes de Oaxaca y de Chiapas. Estaba en el número dos de la tabla de marginación social del Conapo (Chiapas era el número uno) y en el lugar número siete del índice de inseguridad pública del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (en una escala de más a menos). El municipio de Metlatónoc era el lugar con el peor nivel de bienestar de todo el país; ahí, siete de cada diez adultos eran analfabetas, ocho de cada diez viviendas carecían de drenaje y el 70 por ciento de sus habitantes no tenía energía eléctrica. Más: el 33 por ciento de los indígenas ocupados no tenía ingresos económicos, y otro 32 por ciento obtenía menos de un salario mínimo. Es decir, el 65 por ciento de los indígenas que trabajaban ganaban un salario mínimo o nada. Esas cifras arrojaban un ingreso familiar promedio de aproximadamente 10 mil pesos anuales entre los indígenas guerrerenses con empleo. Y entre la población indígena, la escolaridad era de apenas 2.2 años, cuando el promedio del estado era de 6 años y el del país de 7.8 años.
Hoy, con datos oficiales de 2014, Guerrero es todavía el estado con el mayor grado de marginación social, aunque debe matizarse que, como siempre, disputa ese lugar con Chiapas y Oaxaca. La población pobre es el 65.2 por ciento (2 millones 315 mil personas, de los 3 millones 565 mil habitantes que tiene en la actualidad el estado), cuando el promedio nacional es del 46.2 por ciento. De ese total, en pobreza extrema se encuentra el 24.5 por ciento (868 mil personas), oficialmente 243 mil personas menos que en el 2012, frente a un promedio nacional de personas en pobreza extrema que en 2014 fue de 9.5 por ciento de la población. (Se dirá entonces que en esos diez años hubo una reducción de cinco puntos porcentuales en el número de pobres, pero es mejor tomarse con cautela o suspicacia ese dato, porque apenas en el 2012 la pobreza seguía representando el 69.7 por ciento de la población, lo que sugiere que esa reducción puede ser solamente una inflexión temporal y no una tendencia firme, estructural y duradera, entre otros motivos por la derrama de recursos originada en el desastre causado por los huracanes de septiembre de 2013, o por efecto de las remesas enviadas por los trabajadores migrantes).
Hoy, el ingreso promedio de los trabajadores inscritos en el IMSS –que son apenas 153 mil de un millón 400 mil personas formalmente ocupadas– es de 8 mil 95 pesos mensuales. Pero el ingreso promedio de los trabajadores en el estado es de 4 mil 500 pesos mensuales, y el de la población indígena sigue siendo cuando más de un salario mínimo o menos, o nada.
Si la radiografía de la pobreza y los niveles de bienestar muestran una catástrofe social que no ha disminuido en Guerrero durante los últimos diez años, los indicadores de la violencia y la inseguridad pública dan cuenta de otra catástrofe que en ese periodo creció hasta alcanzar la profundidad que tiene en estos días, en Guerrero más que en cualquier otra entidad del país.
En una estadística que ahora hasta parece deseable, en el 2005 ocurrieron en el estado 785 homicidios dolosos. En el 2014, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se produjeron mil 514 asesinatos, y tan sólo de enero a septiembre de este año han ocurrido ya mil 484 homicidios. La mitad de todas las ejecuciones ocurridas en Guerrero se producen en Acapulco, lo que ha convertido a esta ciudad en la más peligrosa del país, junto a Iguala. Como informó ayer este diario, en Iguala se reportaron 105 ejecuciones en el transcurso del último año, a pesar de que esta ciudad está bajo la vigilancia de la Gendarmería Nacional después del violento episodio que arrebató la vida a seis personas y provocó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Adicionalmente, ahí en Iguala, al margen del caso Ayotzinapa, en este último año ha sido denunciada la desaparición de cerca de 300 personas y encontrados más de un centenar de cadáveres en decenas de fosas clandestinas descubiertas a partir de octubre del 2014, cuando los familiares emprendieron una búsqueda desesperada de los normalistas desaparecidos. En Chilapa siguen desaparecidas 55 personas, en un caso que afloró después de que en mayo pasado un grupo armado proveniente de comunidades de ese municipio tomó la cabecera. Y Chilpancingo, la capital del estado, vive sometida al terror de los grupos de la delincuencia organizada sin que ninguna autoridad acierte a recuperar la tranquilidad perdida.
En conclusión: ni los ojos más benévolos podrían encontrar el menor saldo positivo en los diez años que el PRD estuvo al frente del gobierno de Guerrero. Los datos reproducidos, una muestra representativa de aspectos fundamentales de la vida estatal en los que debía proyectarse la intervención de políticas novedosas aplicadas por políticos honrados y comprometidos, señalan la dimensión del fracaso de los gobiernos del PRD y la trágica negligencia de un partido que alguna vez representó la opción de cambio frente al autoritarismo y la corrupción del PRI. La tragedia partidaria del PRD radica en que vio el poder como un botín, de ahí que abunden en ese partido los ricos nuevos.
Ese es el diagnóstico que el perredismo de Guerrero no se ha atrevido a hacer, y ese el motivo de que diez años y tres gobernadores después, esta noche el PRD tenga que devolver el poder al PRI. Zeferino Torreblanca Galindo y Angel Aguirre Rivero, y en menor proporción Rogelio Ortega Martínez, comparten la responsabilidad de haber arrastrado al estado a una crisis sin precedente en la historia de Guerrero, que ahora no es sólo más pobre, sino también más violento y más inseguro, donde la única certeza es la impunidad y la ausencia de justicia. Los tres dejan para la historia el insólito hecho de haber dado continuidad a la guerra sucia contra el movimiento social –¡desde un gobierno de izquierda!–, y en el caso de Torreblanca Galindo, además, el hecho de haber recurrido al asesinato de un adversario político (Armando Chavarría Barrera) para satisfacer ambiciones de permanencia y control del poder. Por su parte, Aguirre Rivero no limpiará nunca de su conciencia los ataques contra los estudiantes normalistas, el del 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol y el de Iguala el 26 de septiembre de 2014. Y aunque el PRD ha pretendido evadir su responsabilidad en este último acontecimiento, es indiscutible que el caso Ayotzinapa es tan suyo como la matanza de Aguas Blancas lo es del PRI.
Adiós, pues, al PRD.

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