La evidencia que en México consideran inexistente de la intervención rusa en el proceso electoral en este país quedó expuesta, de manera fragmentada, de una manera inesperada: la acusación de un Gran Jurado del Distrito de Columbia en contra de 13 rusos con vinculaciones al Kremlin, por haber interferido en el sistema político de esa nación y en las elecciones presidenciales de 2016. En la acusación de un Gran Jurado en el Distrito de Columbia se ubica como el núcleo de la intervención una granja de troles creada en San Petersburgo, desde donde lanzaron una guerra cibernética contra varios países. Los fiscales estadunidenses no mencionaron a México, pero en el último año, de acuerdo con pruebas que tiene el Instituto Nacional Electoral, cuentas desde San Petersburgo han intentado subvertir el proceso electoral mexicano. Y hasta este momento no se conoce de ninguna granja de troles adicional en esa ciudad, que esté buscando polarizar, enfrentar y romper sociedades democráticas en el mundo.
Los detalles de cómo lo han hecho en México durante todos estos meses no han trascendido, pero la acusación del Departamento de Justicia dibuja un esfuerzo colosal que llegó a costar un millón 250 mil dólares mensualmente, mediante el cual no sólo reclutaron un ejército de personas en Rusia que introducían mensajes y memes a través de cuentas falsas o de cuentas de identidades robadas, sino que acompañaron la guerra cibernética con la organización de manifestaciones y protestas en Estados Unidos, articuladas a través de sus redes y con activistas  estadunidenses que no sabían que eran manipulados para servir a los intereses políticos rusos, luego de infiltrar a sus organizaciones sociales y en varios casos, a oficinas de campaña regionales del entonces candidato Donald Trump.
El Gran Jurado aceptó las pruebas presentadas por los fiscales del Departamento de Justicia de la interferencia rusa en el sistema político estadunidense, incluida la elección presidencial, en lo que describieron como “una guerra de información contra los Estados Unidos” con el objetivo de “diseminar la desconfianza hacia los candidatos y al sistema político en general”. La acusación muestra que la injerencia se dio antes incluso que Trump anunciara su candidatura presidencial, y que si bien durante 2016 trabajaron para que ganara a costa de desacreditar a Hillary Clinton, una vez electo también organizaron grupos de activistas y manifestaciones en varias ciudades de la Unión Americana para repudiarlo. El propósito no era la victoria de un candidato, sino el desmantelamiento del sistema.
“La acusación sirve como recordatorio de que la gente no es siempre lo que parece ser en internet”, dijo el procurador general adjunto, Rod Rosentein, al presentar el fallo del Gran Jurado. “La acusación argumenta que los conspiradores rusos quisieron promover la discordia en Estados Unidos y minar la confianza pública en la democracia. No podemos permitir que eso suceda”. El caso criminal revela todo un sofisticado entramado que comenzó a funcionar a principio de 2014 con la Agencia de Investigación en Internet, localizada en Olgino, en San Petersburgo, cuya granja de troles –una fábrica que genera contenido en red que busca afectar a la opinión pública a través de desinformación y mentiras– que llegó a tener hasta 300 troles, de los cuales 80 se enfocaron en Estados Unidos.
La granja, llamada en la acusación sólo como la “Organización”, estaba financiada por Yevgeny V. Prigozhin, quien ha sido descrito en la prensa estadunidense como un ex atleta que fue encarcelado por robo, que al colapsar la Unión Soviética a principio de los 90 comenzó un negocio de hot-dogs que fue creciendo con tiendas de autoservicio y restaurantes, a través de los cuales se conectó con el presidente Vladimir Putin, a quien le proporcionaba servicio de catering para sus cenas de Estado, lo cual le valió el peyorativo del “cocinero de Putin”. La operación montada por la Agencia de Investigación de Internet utilizó más de tres mil cuentas de Twitter a través de las cuales se escribieron 175 mil 993 tweets, según reveló la empresa en enero. Facebook también encontró cientos de cuentas vinculadas a los rusos, mediante las cuales alcanzaron, con mensajes en su plataforma y en Instagram, a alrededor de 146 millones de personas.
Una de las lecciones que deja la acusación, desde el punto de vista sociopolítico, es que cuando comenzó la intervención rusa para promover la polarización, la sociedad estadunidense ya estaba dividida por la discordia. Amanda Taub y Max Fisher, quienes escriben en The New York Times la columna The Interpreter, citaron un paper académico de Jay J. Van Bavel y Andrea Pereira donde discuten cómo, por la falta de acuerdos, el partidismo y la polarización alteran la memoria, la evaluación y el juicio, que añadido a la atracción humana por lo falso y las noticias que no son verdaderas, ponen en riesgo la salud funcional de la democracia.
“Esto ha infectado al sistema político estadunidense, debilitado su cuerpo político y lo ha dejado vulnerable a la manipulación”, escribieron Taub y Fisher. “La desinformación rusa parece haber exacerbado los síntomas, pero lo que se teje en la acusación son recordatorios que la enfermedad subyacente, más dañina, fue todo hecho por los estadunidenses”.
Los síntomas existen en México, la polarización, la difamación, la discordia, el encono. La evidencia es que lo que pasó en Estados Unidos salió de la granja de troles que también tiene huellas en México. ¿Qué tanto es real? ¿Qué tanto manipulado? No lo sabemos aún. Pero quien niegue los riesgos y los costos de esta división nacional, no ha entendido nada.

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