Aún no se vislumbraba el fin del proceso de validez de la elección presidencial y declaración del presidente electo cuando Andrés Manuel López Obrador modificó la estrategia. En una semana en que plantearon sus voceros que transitarían de la resistencia civil a la desobediencia civil –o sea, de la ilegalidad a la ilegalidad–, implementaron un laboratorio de pruebas en el Congreso al intentar su toma para una protesta con el aparente propósito de medir hasta dónde estaba dispuesta la policía federal, que ya ocupaba el recinto legislativo, a responder a la provocación. Cuando vieron que los toletazos estaban listos para ellos, inició lo que parece ser una nueva estrategia de lucha.
Necesitaban tiempo, por supuesto. Y este les llegó con la operación de propaganda a través del vehículo más leal que han tenido en los últimos meses, para diseminar extractos del relato que hizo el empresario Carlos Ahumada a la seguridad cubana sobre los pormenores de la conspiración en contra del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal y renovar su alegato de que el 2 de julio se consumó una elección de Estado. El video, que no aporta nada nuevo ni revela detalles significativos a la vieja historia del complot, luce como una iniciativa para bloquear lo que el equipo de López Obrador pensaba que se daría este fin de semana: la declaración de presidente electo de Felipe Calderón.
Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación iba o no a hacerlo –en efecto, se esperaba una sesión para este domingo–, no se sabe hasta este momento. Si el reciclado de Ahumada alteró los tiempos del Tribunal y aplazó el fallo de la validez de la elección y la declaratoria de presidente electo, tampoco se sabe. Lo que sí es verificable es que fue un distractor para reforzar a los grupos de choque en el meganplantón de la ciudad de México, donde ya se pueden observar los campamentos del movimiento Francisco Villa y de la Asamblea de Barrios en los puntos neurálgicos de la espina dorsal de la protesta, así como pequeños grupos de panchos colocados a cada 200 y 300 metros entre sí.
Estos grupos, particularmente los panchos, son los más experimentados en enfrentamientos con la policía, y responden a los intereses de quienes los crearon: Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, manejados a través de René Bejarano y Dolores Padierna. De hecho, los contingentes que intentaron la toma del Congreso la semana pasada reciben órdenes de ellos. Tras los toletazos en el Congreso, nuevos grupos se integraron al plantón. Por un lado los ambulantes, a cuyos líderes solicitaron golpeadores a cambio de que las autoridades del Distrito Federal regularizaran sus casos pendientes. Otros grupos ilegales creados durante el gobierno de López Obrador, los taxis panteras, también aportaron contingentes además de las importantes cuotas –100 pesos diarios por cada uno de los más de 50 mil panteras– para financiar la protesta. A ellos se les suman aliados inopinados, como miembros del EPR que, de acuerdo con dirigentes perredistas, se encuentran en algunos campamentos sobre Paseo de la Reforma.
Dentro del campo lópezobradorista, no sólo están buscando la provocación al gobierno federal sino están convencidos de que habrá un intento de desalojo. Aunque la Presidencia ha dicho que no puede actuar sin una petición del gobierno del Distrito Federal, en el caso del Distrito Federal el artículo 122 constitucional le otorga al presidente la atribución sobre el mando de la fuerza pública. Altos funcionarios federales descartan una acción de fuerza del gobierno, pero no se descarta que una vez que el Tribunal falle en definitiva sobre la elección, si como se espera sea negativo a López Obrador, se modifique el criterio.
De hecho, nos estamos acercando a la hora cero. Dentro del gobierno federal existe desde hace un par de semanas un plan de desalojo de Paseo de la Reforma que deberá ser muy complejo y vasto si se toma en cuenta que para que una operación de esa naturaleza pueda tener éxito se requiere que su fuerza triplique cuando menos a quienes enfrentan; es decir, el desalojo del megaplantón podría significar una fuerza de choque federal de cuando menos 12 mil elementos que, sin contar al Ejército –que no está dispuesto hoy en día a resolver problemas emanados de los civiles–, no se sabe de dónde pueda salir.
Pero si para el gobierno federal es un dilema cómo encontrar la mejor salida a la crisis política que se vive, no menos complicado es para los partidos de la coalición Por el Bien de Todos. Al reencauzarse el movimiento de López Obrador por la ruta de la desobediencia civil, los partidos coaligados, PRD, PT y Convergencia, tienen que romper con él formalmente, pues si incurrieran en los delitos que Gerardo Fernández Noroña, vocero del PRD, anticipó sin detallar, podrían perder su registro como partidos. Es probable que el movimiento de López Obrador cambie de nombre por uno independiente de los partidos, para evitar que incurran en nuevos delitos electorales. Esto es lo más sencillo.
Lo más entrampado en estos momentos a nivel interno es qué sucederá después del 1 de septiembre, cuando se empiecen a dividir de forma creciente las fuerzas dentro del PRD, al asumir sus cargos de elección popular, al no poder avalar actos fuera de la ley pues pueden ser sujetos a juicios políticos, desafuero y responsabilidades del fuero común. Más grave aún es para el jefe de Gobierno entrante, Marcelo Ebrard, quien tomará posesión el 5 de septiembre, pues además de ese mismo escenario, debe presentar por ley una terna al presidente Vicente Fox sobre sus candidatos a procurador y jefe de policía, que lo encajona aún más.
La institucionalidad que los llevó al poder también les impone la frontera de la legalidad. López Obrador los presionó en julio y agosto para que se fueran a navegar con él por el mar de la ilegalidad. Varias figuras del PRD próximas a ocupar cargos de elección popular saben que septiembre es su parteaguas. López Obrador se ha convertido en un lastre para ellos pero se les abre una oportunidad en esta hora cero. Desde la frialdad política, el enfrentamiento que se viene cocinando en las barricadas del megaplantón les conviene enormemente. Si se da, por un lado será López Obrador quien pague las facturas, y por el otro, la acción de fuerza gubernamental les dará un inagotable discurso contra la represión, ayudándoles en la legitimidad frente a sectores fuera del PRD, sin dejar darle aspirinas solidarias a su ex caudillo que, en realidad, se encontraría en fase política terminal. Esta opción no es nada agradable, pero hace buen tiempo se desvanecieron aquellas salidas donde todos cedían para ganar. La hora cero es al revés de lo que podría ser la lógica política: todos pierden. El punto fino para cada uno es saber en dónde minimiza su daño y recorta sus pérdidas.

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