Las tres primeras preguntas de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado en Oaxaca, formuladas por el reportero de El Universal, Alberto Morales, fueron puntuales y provocaron una respuesta de consecuencias no vistas. Morales le preguntó su evaluación sobre los eventos en Culiacán, cómo le informó el gabinete de seguridad, quién tomó la decisión para liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y qué se valoró para liberarlo. Las respuestas merecen se transcritas:
“A mí me informaron por la tarde. (El viernes) van a dar el relato sobre los acontecimientos en el tiempo… Comenzó alrededor de las tres de la tarde, un poco más. De inmediato se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a todo este asunto. El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad, se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema, y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo porque se tornó muy difícil la situación.
“Y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos, y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente; pero, como ya lo expliqué, hubo una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente”.
La respuesta del presidente es moral, pero políticamente equívoca y legalmente una aberración. López Obrador mostró:
1.- Que la ley, para él, es discresional.
2.- Viola el artículo 16 de la Constitución, cuyo párrafo cuatro establece: “La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal”.
3.- Él no tenía atribuciones legales para liberar a Guzmán López. Las tiene la Fiscalía General.
4.- Las declaraciones del presidente lo hacen un delincuente confeso, al violar el artículo 150 del Código Penal Federal, que establece:
“Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión.
“Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años”.
5.- Violó convenios internacionales suscritos por México, como el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que establece en su artículo 28:
“El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar, será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:
1.- i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y
2.- ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de investigación y enjuiciamiento”.
6.- Violó tres convenciones de Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y Contra la Corrupción.
Las declaraciones del presidente no dan lugar a duda sobre la violación en la que incurrió el gabinete de seguridad y él mismo. Aceptar un chantaje del crimen organizado lo desnuda como un presidente débil al frente de un Estado débil, y sometido por acciones terroristas. El argumento moral sólo se sostiene en términos religiosos, no en el mandato de la Constitución. Esta discusión es sensible porque quienes apoyan la decisión de López Obrador lo ubican en la coyuntura del jueves, sin considerar los mensajes previos de claudicación ante el crimen organizado –amnistía o no confrontarlos–, ni lo que vendrá después.
Las primeras planas de la prensa nacional e internacional sobre los sucesos en Culiacán tenían como común denominador el énfasis de que se capturó a Guzmán López y luego se le dejó en libertad. Lo que resaltaron fue la capitulación del Estado de derecho y la oficialización de un país sin leyes. Esto tiene consecuencias inmediatas. El mensaje es el de la Pax Narca, donde las organizaciones criminales deciden la suerte de la nación. Este interlineado llevará a inversionistas a considerar si sus inversiones en México, actuales o en planeación, son una buena idea. Adicionalmente, refuerza el viejo argumento del presidente Donald Trump de que si las Fuerzas Armadas no pueden con los cárteles de la droga, el Pentágono se encargará de ello.
Todo esto no es una hipótesis. Desde el jueves ya hay preguntas de inversionistas en ese sentido y señales desde Estados Unidos sobre este país sin leyes, por decisión, públicamente señalada, del presidente López Obrador y mensajes de la familia Trump de que México es un país sin leyes.

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