Nadie puede negar que algunos ejecutivos de OHL han sido poco cuidadosos y pedestres en sus tratos con funcionarios mexiquenses. Su frivolidad y soberbia los metió en un torbellino de presuntos conflictos de interés, y llevó a la empresa a un descrédito como pocas veces se ha visto en México. Los ejecutivos de OHL han sufrido un abierto espionaje desde hace cuando menos un año que los hundió en un problema de imagen al que se le han sumado auditorías y diferendos legales que, por el perfil público al que la llevó una muy efectiva campaña mediática en su contra, los tiene convertidos en el ícono de la corrupción nacional. OHL tiene años de trabajar con varios gobiernos en el país, pero es una concesión en el estado de México la que los tiene de cabeza.
Sólo como un recordatorio, su problema público tiene como origen un diferendo legal con la empresa Infraiber, del tapatío Pedro Topete, quien se querelló porque el estado de México les canceló el contrato del Sistema de Identificación de Aforo Vehicular del Circuito Mexiquense, llamado SIVA, en mayo. Acto seguido, surgieron en redes sociales conversaciones telefónicas de ejecutivos de OHL con funcionarios mexiquenses, y en donde involucraban a miembros del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, en aparentes actos de corrupción.
Hace unos días, el abogado de Infraiber, Paulo Díez, dio un paso más alto y pidió a la Secretaría de Hacienda que denunciara a OHL, sobre el precepto de que “cualquier persona que conozca de actos que pueden ser constitutivos de delito, está obligada a denunciar, (y) si no lo hace, podría ser responsable de complicidad”. Díez es la voz de Topete, quien desde hace meses vive en el extranjero, y su denuncia corresponde a la ofensiva que han mantenido este año. Sin embargo, detrás de todo este barullo mediático se esconden, a la vista de todos, orígenes más oscuros.
El diferendo comenzó a la firma del convenio marco entre Ifraiber y el estado de México el 18 de marzo de 2011, para certificar los cruces por las casetas de peaje. El convenio, que establecía la creación del SIVA tenía 20 años de vigencia y permitía el cobro de 25 centavos por cada vehículo. El contrato fue firmado por el representante de Infraiber, Omar González Nuncio, y el entonces director del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del estado de México, Manuel Ortiz García, y le permitía a la empresa de Topete operar no sólo en el Circuito Mexiquense, sino en las 12 autopistas de cuota de la entidad.
Como contrapunto, de acuerdo con miembros de la industria, los parámetros en contratos similares tienen una duración máxima de cuatro años, y el pago por vehículo es de 12 centavos. Ortiz García firmó el contrato con Infraiber, que fue constituida 90 días antes de ser suscrito, sin ser licitado, con un valor estimado en 4 mil millones de pesos. Documentos oficiales del gobierno del estado de México muestran que ese convenio marco fue modificado el 30 de agosto de 2011, “derivado de la necesidad del ‘Sistema’ para mejorar la verificación de aforo vehicular e ingresos contratados”, así como también como “compensación mensual al ‘Sistema’ igual al 2% de los ingresos mensuales derivados de la prestación del servicio”. Ortiz García autorizó que el cobro se duplicara de los 25 centavos autorizados, a 50 centavos por vehículo.
Infraiber recaudó 50 centavos por vehículo hasta que fue cancelado el contrato del SIVA. La razón de esta cancelación se originó en que el gobierno del estado de México al buscar reducir el cobro por vehículo de 50 a 25 centavos, descubrió que el SIVA nunca había operado –o sea, se cobró sin que funcionara–, y tampoco cumplió los términos del convenio marco al no haber suscrito un contrato específico al cual se le obligaba, con la concesionaria OHL, ni haber presentado su plan de actuación para instalar el sistema. Infraiber cuestionó esta decisión del gobierno mexiquense y de ahí derivó su enfrentamiento con OHL.
La campaña contra OHL, sin embargo, tiene otra cara, la de Ortiz García. Cuando firmó la modificación del convenio marco, faltaban dos semanas para que cambiara el gobierno y entrara la administración de Eruviel Ávila. Funcionarios mexiquenses aseguran que Ortiz García nunca informó a sus superiores de ese cambio, que no suele hacerse, por los montos involucrados, en vísperas de un cambio de gobierno. Fuentes de la industria aseguran que Jorge Iván Ortiz Blancarte, coordinador de Proyectos en Viabilis Holdings, que enfrenta un problema legal con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –el titular, Gerardo Ruiz Esparza también ha resultado afectado por las grabaciones utilizadas por Infraiber– por usufructuar ilegalmente la concesión del ferrocarril del sureste conocido como La Bestia, es hijo de Ortiz García.
¿Hay un conflicto de interés real en el caso de OHL, que no compete a OHL? Eso parece. Ortiz García fue nombrado por el gobernador Ávila como secretario de Agua y Obra Pública, pero en junio fue cesado, sin explicación alguna, en el contexto de su jubilación. No se sabe nada más. Nadie da razones sobre los beneficios que entregó a Infraiber, que fueron desautorizados más adelante, ni se sabe porqué o quién lo protege en el estado de México. Ortiz García, el más anónimo de todos en el escándalo de OHL, surge con el gobernador Arturo Montiel. Quizás ahí se encuentren las respuestas.

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