La pobreza es uno de los temas permanentes y más discutidos en la agenda pública de Guerrero. En la academia, en el quehacer público y gubernamental, en las organizaciones sociales, políticas, económicas y culturales, y en el discurso político-electoral, siempre está en constante debate, porque se ha convertido en el principal problema endémico que todos quieren erradicar, pero qué, al no haber soluciones eficaces, se le ha dejado avanzar socialmente como una enfermedad crónico degenerativa.

Estado actual del problema

De acuerdo con la última medición publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2020, dos de cada tres guerrerenses se encuentran en condición de pobreza, que en términos absolutos equivale a poco menos de 2.4 millones de personas y, en términos relativos, indica que el 66.4 por ciento del total de la población es pobre.
Pero hay algo mucho más preocupante. A pesar del gasto público que se ha destinado año con año para abatir el problema, este va en aumento. En la gráfica 1, se muestra cómo se ha disparado el número de personas en pobreza y pobreza extrema en tan sólo dos años, de 2016 a 2018. En razón a estas dos mediciones, en 2018 el número de pobres aumentó en 63.8 miles de personas y en extrema pobreza 118.2 miles, y en términos relativos significa un crecimiento del 2.8 por ciento y 14.3 por ciento respectivamente. Pero se debe reconocer que en la medición de 2020 se observa una ligera disminución, pero resulta insuficiente, porque el nivel de pobreza está muy por encima de lo observado en 2014.
Tomando en consideración la primera medición de este análisis, la de 2014, esto quiere decir que las políticas públicas gubernamentales en la materia (que deben tener un carácter transversal en toda la actividad de los tres niveles de gobierno), no sólo no han sido capaces de reducir la pobreza, sino que la han aumentado y han agravado la condición de extrema pobreza, porque en 2014 de los 2 millones 315 mil personas en pobreza, 868 mil se encontraban en extrema pobreza; y para 2020, el universo de pobreza ascendió a 2 millones 363 mil personas y de este, la pobreza extrema se ubicó en 907 mil personas.
Los resultados del comparativo anterior contrastan con dos tendencias de crecimiento presupuestal en el periodo 2014-2020: la primera corresponde al crecimiento promedio anual del presupuesto del gobierno del estado que se observó en 7.1 por ciento, y que asciende en términos acumulativos, de acuerdo con los presupuesto publicados en el Periódico Oficial del Estado (POE), a 363 mil 273.2 millones de pesos (mdp).
La segunda tendencia es el comportamiento del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo 33, cuyos recursos, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, “Se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”. Este fondo ha observado en el periodo 2014-2020 recursos acumulados por 36 mil 496.4 mdp, registrando un crecimiento promedio anual de 6.5 por ciento (acuerdos de distribución del FISM a municipios publicados en el POE).
En este contexto, se esperaría que la pobreza observara una tendencia inversa al aumento de los recursos aplicados en la materia. En otras palabras, se esperaría que a mayores recursos, menos pobreza; pero ocurre que a mayores recursos, mayor pobreza.

Hacia un nuevo modelo desarrollo

La 4T inicia con los valores y estos dictan la dinámica del proceso de transformación de la vida pública y la visión del quehacer gubernamental para garantizar el derecho al desarrollo para todas las personas. Las máximas, “por el bien de todos, primero los pobres” y “no mentir, no robar y traicionar al pueblo” constituyen elementos fundamentales en la construcción de la política para el bienestar, la cual es una de las principales herramientas de ejecución de la 4T.
A partir de estas consideraciones debe construirse un nuevo modelo de desarrollo para Guerrero, que responda en lo local al proceso de transformación del país y que complemente la política de bienestar del gobierno federal, donde la democracia y los derechos humanos no queden sólo en su ejercicio, sino que alcancen su efectividad; pero sobre todo, la efectividad y progresividad de los derechos de aquellos grupos que históricamente siguen encontrándose en vulnerabilidad: los más vulnerables como base del desarrollo y bienestar.
Bajo estas consideraciones, se proponen cinco ejes transversales para la política pública (no sólo para diseñar la política de bienestar local sino también para dirigir el quehacer gubernamental), que contribuyen a concretan la visión, los valores y objetivos de la 4T: transparencia, austeridad, eficiencia social del gasto público, democracia y participación ciudadana, e igualdad y no discriminación.
Este es uno de los fundamentales desafíos de los próximos gobiernos estatal y municipales de la 4T: un modelo de desarrollo que rompa radicalmente con los factores inerciales que impulsan el aumento de la pobreza y concrete en políticas de bienestar la igualdad social que garantice la efectividad de los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos. Esencialmente, que transforme los valores y principios de la 4T en una política de bienestar que dé resultados tangibles.