ESTRICTAMENTE PERSONAL

En lo oscurito, pese a negarlo, dos conspicuos diputados, el priísta Emilio Chuayfett y el panista Juan Molinar, operaron el fin de semana pasado con sus bancadas una serie de travesuras para el presupuesto de 2006 y acomodarlo a sus intereses. Lo desaseado de su comportamiento, que incluyó cortinas de humo para desactivar oposición parlamentaria sábado y domingo, propició que el lunes estallaran los conflictos y rápidamente se movieran los grupos de interés para hacer adecuaciones y reajustes presupuestales. Total, la Cámara de Diputados tuvo que sacar una insólita fe de erratas de 86 páginas donde no reconocían sus errores –porque el manejo discrecional que hizo un grupo selecto de legisladores no fue equivocación– sino paliaban el temporal que se avecinaba contra ella. Algo que no se corrigió es de suma preocupación: el recorte al presupuesto del Instituto Federal Electoral (IFE), el primero que se le da en su historia a ese organismo independiente en año electoral.

Los diputados priístas y panistas, evidentemente agraviados todavía por las multas que les impuso el IFE por sus irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial en 2000, conocidos coloquialmente como el Pemexgate y Amigos de Fox, pasaron una factura al IFE que podría tener un costo futuro en contra del PRD, cuyo candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador va a la cabeza de las preferencias electorales. Chuayfett y Molinar, fouchés tropicales del recorte presupuestal, indujeron la línea de pensamiento del recorte en el IFE y dijeron que era de sólo 4 por ciento. La lógica que presentaron los diputados a quienes reclamaron la carnicería selectiva es que era menos que en el 2003 (cuyo recorte fue de 6.10 por ciento), y que en todo caso, el dinero reducido tenía que ver con que ya no tendrían que hacer gastos en mayor en impresión de boletas electorales ni en credencialización.

Pero los autores intelectuales del recorte están engañando. La reducción significa en términos reales 7.96 por ciento, y no puede compararse la solicitud presupuestal para una elección presidencial con una intermedia, como trazaron la analogía en el Congreso. Peor aún, los diputados ignoraron peregrinamente el crecimiento del padrón electoral, de 58 millones 782 mil 737 personas en las elecciones presidenciales de 2000, a los 69 millones 210 mil 248 que tenía el IFE registradas hasta octubre de este año, y que para el próximo 2 de julio rebasará los 70 millones. Es decir, en seis años, la población en edad de votar o que se registró finalmente para ello, subió cuando menos cerca de 11 millones de personas, lo que sí significa, contra el argumento parlamentario, mayor credencialización e impresión de boletas electorales.

El dinero que dejan al IFE en términos brutos incorpora una alta cantidad de recursos que aprobaron en una de las acciones más irresponsables que hayan realizado en su periodo legislativo, como la aprobación de mil 62 millones de pesos para el voto en el extranjero. Pensado clientelarmente, los diputados no contemplaron todos los estudios de factibilidad y costo que había realizado el IFE en el pasado para demostrar la inviabilidad. El voto de los mexicanos contemplaba, decían los diputados, la posibilidad de que 4 millones de mexicanos en el extranjero –aunque pensaban principalmente en Estados Unidos– sufragaran el 2 de julio. Hasta la fecha está resultando un fracaso. Para alcanzar las metas propuestas, tendría que haber un promedio de registro diario de 700 personas, pero hoy en día el promedio de registro apenas llega a 30 personas por día; o sea, menos del 0.5 por ciento de lo calculado.

Nadie deberá sentirse sorprendido que cuando se cierre la fecha para ese registro, el programa haya sido un rotundo fracaso. Tampoco nadie podrá sorprenderse que esa culpa se le transfiera al IFE, que públicamente mostró oposición a que se aprobara el voto de mexicanos en el extranjero por la inviabilidad en cuanto a costo y logística que ello significaba. Los diputados, claramente, están pensando en el corto plazo y no en la consolidación de instituciones democráticas ni en los pasos para avanzar en el desarrollo democrático del país. Pero, ¿qué hay de nuevo en eso? Este gasto, que será tirado a la basura, representa prácticamente el mismo porcentaje del recorte presupuestal que les endilgaron en San Lázaro, con lo cual los objetivos estratégicos del IFE para el 2006 quedan seriamente comprometidos.

El presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, declaró que el recorte presupuestal pone en peligro, entre otras cosas, el PREP, que es el Programa de Resultados Electorales Preliminares que ha servido como instrumento legitimador del resultado de la contienda presidencial. El PREP cuesta 98 millones de pesos, sin incluir el voto en el extranjero ni la plataforma informática, que sólo esta suma otros 48 millones. Lo único positivo salido de San Lázaro es que no hicieron recortes preetiquetados, que habrían puesto en peligro muchos programas del IFE. En el IFE no sabrán el impacto real del recorte hasta enero, pero de antemano se puede anticipar que se reducirán los recursos que se entregan a los partidos, que suma alrededor del 40 por ciento del presupuesto total, con lo cual se reducirán las condiciones de equidad en la contienda, pues perjudican a los partidos que menos tienen, como el propio PRD, y benefician al PRI y al PAN, que poseen otro tipo de recursos estructurales y de fuentes de financiamiento. Acotar al IFE es el equivalente a una intentona por reducir la contienda presidencial a una lucha entre los dos partidos más grandes, vulnerando la construcción del sistema de partidos que tanto dinero ha costado. El bipartidismo podría ser el proyecto del PRI y el PAN en el largo plazo. Pero en el corto, lo que queda claro es que el PAN y el PRI, sobretodo, esperaron pacientemente para dañar a una de las pocas instituciones democráticas que, pese a ellos, se ha ido construyendo en dos décadas. Habla mal de los partidos mayoritarios y de sus legisladores, dignos estadistas de una República de Liliput donde lo mejor que reflejan es su enanismo.

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