El 14 de agosto del 2018, el gobernador de Guerrero y el secretario General de Gobierno remitieron al Congreso del Estado la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 701 de Reconocimientos, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero.
Tres días después, el 17 de agosto del mismo año, la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos presentó a la plenaria el dictamen con proyecto de decreto para reformar la Ley 701; los congresistas lo aprobaron por unanimidad absoluta. En representación de la Mesa Directiva de la LXI legislatura de Guerrero, firmaron el decreto los diputados Elva Ramírez Venancio (PVEM), Eufemio Cesario Sánchez (PRD) y Bárbara Mercado Arce (PRI).
El 30 de julio del 2018, la LXI legislatura tomó conocimiento de la Iniciativa de Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, suscrita por el gobernador de Guerrero y los diputados Ricardo Mejía, Silvano Blanco y Magdalena Camacho, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. El 17 de agosto del 2018, el Poder Legislativo lo aprobó por unanimidad y fue rubricado por la Mesa Directiva de la LXI legislatura.
El gobernador de Guerrero fue uno de los principales proponentes de la reforma a la Ley 701 sobre Derechos Indígenas y la Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública. A excepción de Morena, ambas propuestas fueron respaldadas por el PRI, PRD, MC y la “chiquillada” partidaria se sumó al consenso imperante. Héctor Vicario (PRI), Carlos Reyes (PRD) y Silvano Blanco (MC), en aquel tiempo coordinadores parlamentarios de sus respetivas fracciones partidarias, dieron la orden para apoyar las dos iniciativas en referencia.
Múltiples voces indígenas alertamos de las inconsistencias y “vacíos” jurídicos de las iniciativas en cuestión. Insistimos que las propuestas son una regresión y que el retroceso vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos. No hubo eco al reclamo de los pueblos indígenas y tuvieron que intervenir otras instancias para detener el atropello y la violación de derechos constitucionales.
El 24 de septiembre del 2018, Luis González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), demanda de acción de inconstitucionalidad sobre la Reforma a la Ley 701 y la Ley 777. La demanda fue en contra del Poder Legislativo y el Ejecutivo de Guerrero, por emitir y promulgar normas regresivas que atentan con los derechos indígenas.
Los siguientes son los dos decretos cuya invalidez reclamó el titular de la CNDH:
Decreto Número 778 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, por falta de consulta previa.
Decreto por el que se expidió la Ley Número 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por falta de consulta previa.
Ambos decretos fueron publicados el 24 de agosto del 2018, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
De la revisión de los contenidos de los dos decretos, el titular de la CNDH sostiene que “el legislador no llevó a cabo una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe”. Afirma que transgredieron derechos humanos internacionalmente reconocidos y vulneraron el principio de progresividad que rige en materia de derechos humanos.
Su conclusión es enérgica: “…los foros referidos en el Dictamen… para las adecuaciones normativas de la Ley 701 no constituyen en forma alguna una consulta previa a pueblos y comunidades indígenas acorde a los estándares que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha suscrito. Para la Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública no hubo procesos de consulta, ni foros regionales”.
El 20 de abril del 2020, la SCJN dio respuesta a la acción de inconstitucionalidad por el titular de la CNDH. En esta sesión, los ministros de la SCJN analizaron la constitucionalidad de la reforma a la Ley 701 y la 777 y decidió declarar la invalidez de ambos decretos, en tanto no se consultó a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, lo que implicó violaciones directas a la Constitución y a los tratados internacionales.
En síntesis, la SCJN declaró la invalidez de ambos decretos porque no se consultó debidamente a los pueblos indígenas y afromexicanos, porque se violaron sus derechos constitucionales y porque se quebrantaron los tratados internacionales en la materia.
Es evidente que el Ejecutivo estatal, el Congreso del Estado, la UAG y los partidos políticos, tomaron decisiones equivocadas en torno al proceso de reforma al artículo 14 de la Constitución Política de Guerrero. Al separar “piezas legislativas” como la Ley 701 y la 777, como parte de iniciativas aisladas, sus dos decretos quedaron desprotegidos del proceso de consulta también insuficiente, del artículo 14 constitucional.
La invalidez de los decretos en referencia, debilita y coloca en un escenario de indefensión la “pieza legislativa” central del gobierno del estado que es la reforma constitucional del artículo 14. En la SCJN hay otros amparos y procesos de inconstitucionalidad que pueden derrumbar otros esfuerzos del Poder Legislativo y Ejecutivo.
Nadie desea escenarios desfavorables para Guerrero. Es tiempo de reivindicar y dignificar el trabajo parlamentario. En el Congreso hay una iniciativa de ley indígena para proteger los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. El gobernador sabe que las disposiciones de la SCJN son inatacables e inviolables y ofreció su buena voluntad de buscar acuerdos constructivos con los pueblos indígenas.
El mejor acuerdo constructivo es retomar la iniciativa de Ley Indígena que está en manos del Congreso. Que la pandemia que azota Guerrero y al país, no sea pretexto para postergar el dictamen correspondiente. Urge ponerlo a la decisión de la Plenaria virtual del Congreso.

* Investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

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