A propósito del décimo cuarto informe de labores del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaigro), correspondiente al ejercicio 2019, hay datos relevantes que permiten tener un panorama general sobre lo que está sucediendo en el estado en transparencia y acceso a la información. De manera global se observa un creciente interés de la ciudadanía por ejercer su derecho de acceso a la información (presentación de solicitudes) y hacerlo valer (recursos de revisión y denuncias ciudadanas), pero también se registra una tímida respuesta de los sujetos obligados o dependencias públicas a este naciente activismo de la ciudadanía.
En materia de transparencia, según el informe del Itaigro, se palpa una leve mejoría en los niveles de cumplimiento, pero no en los ayuntamientos, pues todavía persiste en este sector una gran resistencia a publicar los rubros importantes que establece la ley.
Tal vez a estas alturas sea inaceptable que haya 48 dependencias públicas, de 196 evaluadas, que no presentaron su informe anual de solicitudes de información al que están obligadas por ley; ni que 26 sujetos obligados tengan calificaciones de cero puntos o que 14 hayan obtenido menos de 10 puntos porcentuales en sus obligaciones de transparencia.
Este informe del Itaigro desnuda esa realidad del estado: crece la participación ciudadana, pero las respuestas institucionales son insuficientes.

Solicitudes de información

Hay un incremento importante de las solicitudes de información de 2018 a 2019, pues pasaron de 7 mil 264 a 8 mil 655, que equivale a 19.1 por ciento. La mayoría de estas solicitudes se presentaron mediante dispositivos electrónicos como la plataforma nacional de transparencia o el sistema Info Guerrero. Este incremento indudablemente es saludable para la vida pública del estado, ya que indica que hay en la ciudadanía un interés creciente por conocer lo que hacen las instituciones gubernamentales.
Si se observa por sectores, las 70 dependencias del Ejecutivo estatal recibieron 3 mil 76 solicitudes, mientras que a los 81 ayuntamientos llegaron 2 mil 779; entre ambos concentran el 67.6 por ciento de todas las solicitudes del estado en 2019. Le siguen los órganos públicos autónomos con mil 431 solicitudes y el poder legislativo con 360.
Si se observa por dependencias, los primeros lugares son para la Fiscalía General del Estado, con 781 solicitudes, el ayuntamiento de Acapulco, con 564; el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con 332; la Secretaría de Fianzas y Administración y la de Salud (310) y el ayuntamiento de Chilpancingo, con 305 solicitudes de información.
Y así como es positiva la cifra del incremento del número de solicitudes de información, hay otros datos que no lo son tanto, como el caso de las dependencias que no presentaron su informe anual de solicitudes de información ante el Itaigro. En 2019, las dependencias que omitieron presentar su informe alcanzan el alarmante número de 48. Es una tendencia que no se ha modificado, pues en 2018 fueron 53 las dependencias que no enviaron este informe al Itaigro. La omisión es sumamente grave porque se percibe no sólo como un desacato a la ley de transparencia, sino como una falta de interés de los titulares por hacer una gestión transparente.
De los 48 sujetos obligados que en 2019 no presentaron su informe, 19 son ayuntamientos: Alpoyeca, Arcelia, Atlixtac, Ayutla, Copalillo, Copanatoyac, Cutzamala, General Canuto A. Neri, General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Igualapa y José Joaquín de Herrera.
Tampoco presentaron su informe Leonardo Bravo, Ometepec, Pedro Ascencio Alquisiras, San Miguel Totolapan, Tecpan de Galeana, Tlapehuala y Xalpatláhuac. En tanto que los organismos operadores de agua potable de Chilpancingo, Taxco y Tixtla tampoco lo hicieron.
En la misma situación se encuentran seis sindicatos: el de servidores públicos del estado, de trabajadores académicos de la UAGro, el de técnicos, administrativos y de intendencia al servicio de la universidad, los dos del Colegio de Bachilleres, de trabajadores de la Música y el de trabajadores, empleados de Agua Potable, Alcantarillado y Conexos.

Recursos de revisión

En 2019 hubo un incremento sustancial en el número de recursos de revisión: en 2018 se presentaron 379 y esa cifra se incrementó a 617 en 2019, es decir, 62.7 por ciento más. Una primera interpretación es que al aumentar las solicitudes de información crece el número de recursos. En principio es cierto, pero desde hace algunos años hemos sostenido que los solicitantes, aunque sientan afectado su derecho a la información por alguna de las causales que establece la ley, no siempre presentan los respectivos recursos por diversos motivos, generándose una cifra negra en este rubro. Es muy probable entonces que haya un mayor interés de la ciudadanía en dar seguimiento a sus requerimientos de información no satisfechos y por lo tanto un ejercicio más pleno de este derecho.
El incremento de los recursos de revisión también evidencia que las dependencias públicas no están cumpliendo con el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, tal vez sea una tendencia que viene arrastrándose desde hace varios años, pero por lo menos ya hay un mayor interés por inconformarse cuando ese derecho no es satisfecho.
Los sujetos obligados que tuvieron un mayor número de recursos de revisión durante 2019 fueron el ayuntamiento de Acapulco (78), la Fiscalía General del Estado y el Congreso del Estado de Guerrero (40), la Universidad Autónoma de Guerrero (27), el ayuntamiento de Coyuca de Benítez (20), la Secretaría de Finanzas y Administración y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (18); la Secretaría de Educación Guerrero (11) la Secretaría de Salud (8) y el ayuntamiento de San Luis Acatlán (8).
De nueva cuenta, los ayuntamientos fueron el sector que más recursos recibió con 248, el Ejecutivo del estado tuvo 191, los organismos autónomos 58 y el poder Legislativo recibió 40, mientras las universidades registraron 37.
Llama la atención que hay un número grande de recursos de revisión que se desechan (143) o sobreseen (122), entre ambos equivalen a 42.9 por ciento.
Por otra parte, también hay que destacar que en 2019 se presentaron 146 denuncias ciudadanas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, lo que significa un aumento de 64 por ciento respecto a 2019. Hay que recordar que el artículo 103 de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado establece que cualquier persona puede denunciar ante el órgano garante la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la ley.
Independientemente del proceso que hayan seguido, los sujetos obligados que más denuncias ciudadanas recibieron fueron el ayuntamiento de Cocula con 21, Congreso del estado con 14 denuncias, el ayuntamiento de Coyuca de Benítez con 12. Le siguen Chilpancingo (5), Alcozauca (4), la Secretaría de Finanzas y Administración (4), Marquelia (3) y Taxco (3).

Verificación de obligaciones

En el informe también se presentaron los resultados de la verificación vinculatoria a las obligaciones de transparencia que cada año debe realizar el Itaigro a los sujetos obligados. Hay varios temas que pueden destacarse, quizás el más sobresaliente es que la revisión a las dependencias públicas se aplicó a los 48 temas del catálogo de obligaciones de transparencia y no a una muestra, como lo hicieron en la revisión anterior. Esto permite tener una idea más cercana sobre el cumplimiento de las obligaciones y quita cualquier asomo de duda respecto de la rigurosidad con que se realizan las muestras. También sobresale que nuevamente los resultados de la verificación se presentan con calificaciones numéricas, es decir, con esta forma la ciudadanía sabe con exactitud la calificación que obtuvieron los sujetos obligados.
Lo que sí creemos que debe modificarse son las categorías que usa el órgano garante para emitir sus acuerdos de cumplimiento, o de amonestación pública o de denuncia por responsabilidad administrativa para quienes obtuvieron, respectivamente, calificación satisfactoria (de 61 a 100 puntos), parcialmente satisfactoria (de 31 a 60 puntos) y no satisfactoria (de 0 a 30 puntos).
La ley dice claramente que un sujeto obligado cumple con sus obligaciones de transparencia si obtiene el 100 por ciento; cualquier calificación menor es incumplimiento y debe ser merecedora de alguna de las sanciones que establezca el Itaigro.
De acuerdo con la verificación, 26 sujetos obligados tuvieron cero de calificación, es decir, 13.2 por ciento de los 196 evaluados. De éstos, 13 fueron ayuntamientos (San Luis Acatlán, Pedro Ascencio Alquisiras, Copalillo, General Canuto A. Neri, Juan R. Escudero, Tlapehuala, San Miguel Totolapan, Alpoyeca, Igualapa, Leonardo Bravo, Xalpatlahuac, Cutzamala y Arcelia).
Otros sujetos obligados que obtuvieron cero son el organismo operador de agua potable del municipio de Tixtla, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, y en el caso del Ejecutivo, la Escuela de Parteras Profesionales, la Casa Guerrerense en el DF, el Consejo de Políticas Públicas, la Universidad Intercultural del estado, el Consejo Estatal del Cocotero y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; y cinco juntas de conciliación y arbitraje.
Si se compara con el ejercicio 2018, fueron 25 los sujetos obligados con calificación cero, es decir, prácticamente el mismo número que en 2019.
Hay un bloque de siete ayuntamientos que no alcanzan ni diez por ciento en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia (Zapotitlán, Chilapa, Coyuca de Benítez, Tlalixtaquilla, Atlixtac, José Joaquín de Herrera y Huamuxtitlán); y también seis del Ejecutivo que tampoco alcanzaron las 10 unidades (Acabús, Instituto del Deporte, Fideicomiso Guerrero Industrial, Agroindustria del Sur, Comisión Estatal de Arbitraje Médico, y el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo); y una junta de conciliación y arbitraje.
En total, el Itaigro registra 40 dependencias públicas que no obtuvieron ni siquiera 10 por ciento de calificación. En números relativos equivalen al 20.4 por ciento de los sujetos obligados evaluados. Este escenario muestra que no hay avances sustanciales en los niveles de cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el estado.

Los que sí

De acuerdo con el Itaigro, la calificación más alta en el caso de los ayuntamientos fue para Eduardo Neri, que obtuvo 94.9 por ciento; y otros tres ayuntamientos alcanzaron puntajes por arriba de 90 (Pungarabato, Cuetzala y Tetipac). Hay 16 ayuntamientos que obtuvieron entre 70 y 89 por ciento, y 41 municipios, poco más de la mitad, alcanzaron entre 11 y 69 por ciento. Es decir, sólo cuatro ayuntamientos destacan del conjunto por su nivel alto de cumplimiento y 16 se quedan en la medianía; pero el resto, 61 ayuntamientos, tienen prácticas de transparencia insuficientes, muy bajas dentro del ranking, y esto ya lleva varios años sin ningún cambio.
En el caso de los partidos políticos, indica el instituto de transparencia, excepto el Partido Revolucionario Institucional, que tiene 90.3 por ciento, y Movimiento Ciudadano con 81.8, el resto de los partidos no alcanza ni 60 por ciento de cumplimiento.
Los organismos operadores de agua potable del estado también presentan bajas calificaciones en promedio. La Comisión de Agua Potable de Acapulco tiene un puntaje de 90.2 por ciento, y el segundo sitio en este renglón es el organismo operador de Iguala, con 50.8 por ciento, y el de Zihuatanejo con 50.7; el resto no llega ni a 50 puntos.
Siguiendo las cifras del Itaigro, hay cuatro organismos autónomos con más de 90 puntos: el propio instituto de transparencia (96.8), el Tribunal Electoral del Estado (93.5), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (93.5), y la Universidad Autónoma de Guerrero (90.1). Dentro de este sector, sólo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado tiene una bajísima calificación con 1.6 por ciento.
Dentro del Ejecutivo, hay nueve dependencias que obtuvieron 90 o más por ciento de calificación; otras 10 oscilaron entre 81 y 89 puntos; 14 tienen entre 71 y 80 por ciento de cumplimiento, y 21 dependencias están entre 50 y 79 de calificación. En tanto que 28 oficinas del Ejecutivo no obtuvieron ni siquiera 50 por ciento.
A grandes rasgos, este es el panorama del estado en materia de transparencia y acceso a la información, y como se observa en el diagnóstico, se perciben algunos avances, pero la constante es un estancamiento en el desarrollo de estas prácticas de la gestión pública que ya lleva varios años. Ya son necesarios cambios profundos que remuevan esa inmovilidad.