El conflicto surgido por la visita de Donald Trump a México no acaba. La semana pasada el PRD abrió ruta una peligrosa para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el candidato presidencial, por sus potenciales consecuencias legales y políticas, al solicitar al Instituto Nacional de Migración el estatus en que entró al país. ¿Lo hizo de manera documentada? No sólo sería una paradoja que hubiera hecho lo que tanto denuncia, sino que toca vertientes que atañen a la Ley Electoral en Estados Unidos. ¿Quién pagó por el viaje de Trump? ¿Lo hizo el gobierno mexicano al sufragar el viaje de un ciudadano con nuestros impuestos? ¿Fue la campaña de Trump la que pagó por el viaje? ¿Financió el gobierno a un candidato presidencial?
En el caso del estatus migratorio, la Secretaría de Gobernación no ha dado a conocer detalles de cuáles fueron los documentos que presentó Trump. De acuerdo con la Ley General de Población y Ley de Migración, si no existen, Trump y las autoridades migratorias habrán violado al menos tres artículos. El 118, que se refiere a la internación al país sin la documentación requerida. El 113 y el 115, que significaría una irregularidad de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, por haber avalado la evasión de disposiciones y trámites migratorios, y por encubrir a Trump, en caso de que no haya presentado su pasaporte o visa para ingresar a México.
El Instituto Nacional de Migración ha hecho mutis sobre esa petición legislativa, y la Secretaría de Gobernación no ha dado a conocer esa información vital. De haber existido irregularidades, el escándalo para el presidente Peña Nieto y Trump por haber violado la ley de manera conjunta, sería, pese a sus consecuencias políticas, lo de menos. La información va a salir, de cualquier forma, cuando la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos emita su reporte mensual sobre el financiamiento de campañas, donde Trump está obligado a informar. La ley es muy clara al establecer los límites en aportaciones, donaciones y contribuciones aportadas por individuos o empresas a un candidato en particular, que tienen que reportarse a la autoridad electoral.
Uno de los temas que saldrán es sobre el Boeing 737 registrado a nombre de su empresa Town and Country Food Markets Inc., en el que viajó Trump a México. Esa empresa es parte del corporativo Susser de Corpus Christie, que a su vez es propiedad de la compañía petrolera Sunoco, que vende gas natural a México y tiene cientos de tiendas en el sur del país donde venden comida mexicana. También deberán informar quién pagó por la turbosina empleada, el salario de la tripulación, así como el costo y los impuestos al aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, utilizar el Hangar Presidencial y volar a Los Pinos en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana.
Esa documentación permitirá conocer si estos costos fueron sufragados por la campaña de Trump con dinero de quienes han aportado recursos en Estados Unidos, o si fue el gobierno mexicano quien corrió con ellos. Si es así, los contribuyentes mexicanos habrían financiado la visita de Trump, porque el gobierno de Peña Nieto cubrió todos esos gastos. La duda sería en qué categoría ubicaron a Trump, un ciudadano que es candidato a la Presidencia, por lo que recibe el respaldo federal de su gobierno en materia de seguridad –los salarios, viáticos y bonificaciones de los agentes del Servicio Secreto que lo están protegiendo, en el caso de su viaje a México, fueron cubiertos por el propio organismo, que por ley son responsables de cuidarlo–, porque al no ser presidente electo o en funciones, probablemente no tiene la representatividad para que legalmente se puedan utilizar impuestos para pagarle el viaje.
Si los registros de Trump a la Comisión Federal Electoral muestran que el gobierno mexicano corrió con todos sus gastos durante la visita, existe un margen adicional para otro conflicto, que sería haberse entrometido ilegalmente en una campaña en Estados Unidos. El Acta Federal de Campañas Electorales prohíbe a “cualquier extranjero contribuir, donar o gastar fondos en conexión con cualquier elección federal, estatal o local en Estados Unidos, ya sea directa o indirectamente. También es ilegal ayudar a extranjeros a que violen esta prohibición o soliciten, reciban o acepten contribuciones o donaciones de ellos”.
De esta ley proviene la relevancia para conocer el tipo de representatividad de Trump en México y los detalles de quién pagó los costos del viaje. Durante la campaña electoral Trump hizo una visita a Escocia, que le ha generado una demanda por haber utilizado el viaje para promover a sus empresas y solicitar explícitamente el respaldo de parlamentarios de la Mancomunidad Británica. En aquél viaje, la campaña de Trump, de los fondos recolectados, pagó los gastos de esa gira, como lo reportó a las autoridades, según el informe de financiamiento dado a conocer en julio. El viaje de Trump a Escocia fue visto en Estados Unidos como parte de su campaña electoral, que es como se vio también el de México. Nadie en Escocia pagó por aquella visita, pero es un hoyo negro lo que sucedió en México que, hasta que se aclare públicamente, permanecerá como un potencial conflicto legal para el gobierno de Peña Nieto y para la campaña de Trump, y una ventana a un nuevo escándalo.

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