En el estado de Guerrero está ocurriendo lo mismo que en otras entidades de la república, en las que organizaciones de la  sociedad civil iniciaron el proceso de solicitar la aplicación de la Alerta de Violencia de Género. El ambiente creado alrededor de la solicitud detonó otros temas relacionados, que por falta de condiciones para su manifestación pública se habían mantenido ocultos, reservados al ámbito privado y asumidos como desgracia familiar: me refiero a la desaparición de hijas, hermanas o esposas  en actos  relacionados con las acciones de los grupos de la delincuencia organizada.
Muchos de eso casos todavía hoy son parte de la cifra negra en razón de que nunca fueron denunciados a la autoridad, ya sea por falta de acceso a la justicia o porque las  familias viven con  fundado temor de volver a ser víctimas de la impunidad con la que opera la delincuencia.
Los casos que hemos podido conocer en estos días ilustran en parte la tragedia padecida por esas  mujeres que fueron víctimas de los grupos del crimen organziado vinculados al narcotráfico, secuestro, extorsión y trata de personas. Las familias de estas mujeres todavía hoy continúan en el temor, la incertidumbre y desesperanza.
El primer caso es el de Elena,  quien terminó su carrera en la universidad pública, se casó y tuvo tres hijos. Junto con su esposo estableció su residencia en la ciudad de Zihuatanejo. Un día de hace cinco años, a las 4 de la mañana llegó un grupo de hombres armados vestidos de negro que sacaron de su casa a ella, su esposo y sus hijos y enseguida incendiaron su vivienda. A su esposo lo mataron ahí mismo, los niños sobrevivieron, a ella se la llevaron los sujetos armados y vestidos de negro.
Casi un mes después de que se llevaron a Elena, ella se comunicó telefónicamente con su mamá. Su mamá dice que Elena llamó llorando, que se le oía mal con  la  voz debilitada, le dijo que se la habían llevado para el estado de Michoacán, que hubiera preferido que la mataran de inmediato como a su marido, que cada día que pasaba moría mil veces, que la violaban y torturaban todos los días, que los responsables de cuidarla disfrutaban apagando cigarros encendidos en sus brazos. Elena dijo a su mamá que probablemente no volvería a comunicarse, supo que sus tres hijos sobrevivieron  y estaban con ella, su  abuela, Elena se los encargó mucho y se despidió. Esa fue la última vez que supieron algo de ella.
Teresa es el segundo caso; ella vivía en una comunidad de la sierra, arriba de Chilpancingo, con su familia. Tuvo dos hijos y era bonita, muy bonita, y por eso llamó la atención de algunos de los integrantes de la banda que actuaba en el área que un día de hace tres años se la llevaron; días después se comunicaron con sus familiares a quienes pidieron 300 mil pesos para dejarla en libertad. Los maleantes pusieron a Teresa al habla en él teléfono para que rogara a su familia el pago exigido por su libertad, pero al contrario, ella pidió a su hermano con quién habló que la familia no pagara nada, pues sabía que de todas formas  la iban a matar. Desde entonces jamás volvieron a saber de ella y tampoco hicieron la denuncia del hecho.
En el Observatorio de Violencia Hanna Arendt  sabemos que fue a partir del 2008 que el número de mujeres asesinadas y en calidad de desconocidas aumentó. Las mujeres quedaron en calidad de desconocidas o porque fueron halladas muchos días después de haber sido asesinadas y en consecuencia el grado de descomposición física impidió su identificación sin el uso de medios especiales o  porque de manera deliberada los asesinos se encargaron de borrar su rostro por medio de lapidación, incineración, mutilación,  balazos o puñaladas en el rostro.
El gobierno de Guerrero tiene seis meses para aplicar las recomendaciones que la Comisión Nacional para la prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) le hizo para atender el problema de la violencia feminicida. Es  deseable que se ese lapso quede integrado el banco de ADN, es indispensable también la aplicación del protocolo de actuación en todos los casos de homicidios dolosos de mujeres y la preservación de las evidencias de cada caso.
La actuación eficiente de la autoridad investigadora empieza por  garantizar la debida identificación de las víctimas, el castigo a los responsables y la erradicación de la impunidad. Eso, sólo eso contribuirá a generar  paz con justicia. A construir para las mujeres y niñas de Guerrero una vida libre de violencia. El debido cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno y sus instituciones.