Nunca nadie puso en duda la dureza de Francisco Gil, el terror de los contribuyentes y presidente económico durante el gobierno
de Vicente Fox. Tampoco nadie había cuestionado su integridad hasta que poco más de un mes después de haber dejado de ser
secretario de Hacienda, fue nombrado consejero del banco inglés HSBC, en lo que parecía ser un claro conflicto de interés. Gil
resistió los primeros embates, pero al final declino al cargo. En febrero asumió la presidencia del Consejo de Administración de
Telefónica Móviles México (Movistar), una filial de la multinacional española que es la principal competidora de las empresas de
telecomunicaciones de Carlos Slim en el mercado latinoamericano, y entró a competir con rivales a quienes, por su carácter de
secretario de Hacienda, les había conocido todas las entrañas: dónde ganan y dónde pierden, qué les duele y qué les beneficia,
qué les afecta y qué les impacta. Ya nadie lo increpó. La primera cortina de humo lanzada en enero lo había vacunado para su
gran proyecto económico. Su verdadera cara apenas asomó el 30 de mayo pasado, cuando en una conferencia patrocinada por el
semanario británico The Economist en la ciudad de México, anunció que estaba lista una iniciativa que abriría el controvertido
sector de la telefonía fija al capital extranjero. La iniciativa no fue presentada sino hasta el 13 de junio, y los diputados están
terminando hoy el dictamen de reformas. La iniciativa es noble, y muy trascendente. Pretende crear un nuevo marco legal que
fomente la competitividad y la competencia, con lo cual bajarían los precios para el consumidor y beneficiaría a los pequeños y
medianos empresarios. Los diputados quieren acabar con el monopolio que domina el sector, para lo cual contarán con el
respaldo de muchos electores que por las buenas o las malas razones, se sienten agraviados por Carlos Slim y la empresa joya de
su corona, Telmex. ¿Bravo por los legisladores? No tan rápido, señoras y señores legisladores. Lo que están por consumar, en
realidad legalizará una estafa de la empresa española Telefónica, de la mano de su eficiente ejecutivo Francisco Gil. La iniciativa,
que tendría consecuencias sobre la Ley de Inversión Extranjera y la Ley Federal deTelecomunicaciones, parece impecable, en
particular el artículo 8, fracción novena, que modificaría el límite de participación de capital extranjero hasta en un 49%, y abriría
todas las redes públicas de telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico en general. Aquí se esconden los problemas y se
empieza a ver la mano de Gil y de su alfil Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, que esta
semana estuvo cabildeando en el Congreso la reforma. El dictamen ya sufrió un Alzheimer legislativo. La fracción novena tuvo
una importante alteración, al desaparecer de la redacción final que la apertura del 100% a capital extranjero se daría “siempre y
cuando, a juicio de la comisión, prevalezcan en el país de origen de la inversión extranjera condiciones similares de apertura para
la inversión nacional de telecomunicaciones”. En lenguaje llano, el párrafo que desapareció exigía que cada país interesado en
tener 100% de inversión extranjera en telefonía fija en México, tendría que garantizar las mismas condiciones en sus países de
origen. Si la competencia mexicana fuera Portugal, Polonia, Suecia o Suiza, no habría de qué preocuparse. Pero como esto no es
así en la vida diaria de los negocios, habría que volver a revisar la ley y estudiar cómo se va a proteger no sólo a las empresas
mexicanas, sino a México mismo. Es posible suponer que ese párrafo desapareció porque la obligatoriedad de reciprocidad no se
iba a lograr. ¿Por qué otras naciones desprotegerían sus empresas? En España, país madre de Telefónica, la ley establece que los
servicios de comunicación pueden ser provistos a terceros sólo por españoles, por ciudadanos de la Unión Europea, o por
acuerdos que obliguen al Reino de España a su cumplimiento. En Estados Unidos no se permite inversión extranjera en el sector
por encima del 25%. Ahí están las leyes en los principales países competidores de México. Y sin embargo, este no es el problema
de fondo. ¿Por qué Pérez Motta está tan ansioso de abrir al 100% la inversión extranjera en el sector bajo el muy persuasivo
discurso de la lucha antimonopólica? Documentos que circulan en la industria arrojan bastante luz sobre el episodio. De acuerdo
con ellos, si no se aprueba la reforma, Telefónica se encontrará parada sobre un ilícito, cuyas consecuencias podrían significar
castigos severos en los mercados de valores en el mundo y la posibilidad de que varios de sus ejecutivos pudieran terminar en la
cárcel. En efecto, para Telefónica y Gil, la aprobación de esta ley en México es un salvavidas que se están comprando para el
mundo. Para entender este punto hay que revisar un documento que presentó Telefónica 12 días antes del anuncio de Gil que
venía la nueva ley de inversiones extranjeras, ante la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos, conocida por su
acrónimo anglosajón SEC. En la forma 20-F, en el capítulo de subsidiarias e inversiones, aparece Grupo de Telecomunicaciones
Mexicanas S.A. de C.V., que provee servicios nacionales y de larga distancia internacional de telefonía fija, como una de sus
empresas, de la cual es propietaria en un 97%. De acuerdo con la ley mexicana vigente, Telefónica no podría ser propietaria de
más de 49% de esa empresa, por lo cual, se puede presumir, mintió a la SEC y, si esa información fue proporcionada a sus
accionistas, también los engañó. O, visto desde otro ángulo, a quien están timando es a la autoridad mexicana, al tener el control
de propiedad de una empresa en forma ilegal, presumiblemente violando las leyes de Inversión Extranjera y Federal de
Telecomunicaciones. En esta vertiente se encuentra la explicación del cabildeo de Gil y Pérez Motta en la Cámara de Diputados.
Bajo la generosa cobertura de la lucha contra los monopolios y el favorecimiento de la competencia, con impacto positivo directo
sobre los consumidores, los diputados están sirviendo –por omisión o comisión–, a los intereses de Telefónica. En el momento en
que se apruebe la ley, la empresa habrá dejado de estar en el campo de lo ilegal, y todo lo que haya hecho recientemente, en
México y en el extranjero, será sobreseído. La SEC no tendrá materia contra la multinacional española y el timo a las leyes
mexicanas habrá evolucionado a un acto de derecho.
Esto no debe consumarse. Las empresas mexicanas, con Telmex a la cabeza, tendrían que denunciar este hecho y querellarse
ante la autoridad. La competencia es buena, para todos, si se da dentro de la ley y la justa competencia. Esto también deberán
reevaluar los diputados antes de aprobar la reforma. Falta quizás esa información, hasta ahora desconocida, sobre las
motivaciones de Telefónica y su temerario ejecutivo, tan audaz como inteligente, Francisco Gil, el ex secretario que conoce,
tiempo ha, todos los trucos y las mañas.

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