El 28 de febrero pasado asesinaron en Guerrero a Mauro García Ayodoro y a Gerardo Simón Rodríguez, y en el Departamento del Cauca, Colombia, a Maricela Tombe. Ahí mismo, mataron el 2 de marzo a William Alexander Oime y un día después, el 3 de marzo en La Esperanza, Honduras, asesinaron a Berta Cáceres. El martes pasado, 15 de marzo, también en Honduras, fue privado de la vida Nelson García, compañero de lucha de Cáceres y, unas horas antes en el Cauca, Colombia, mataron a James Balanta. Siete activistas o líderes sociales asesinados en tres países de América Latina, cuatro de ellos indígenas y un afrodescendiente, en tan solo 17 días.
Mauro García y Gerardo Simón eran integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el primero era promotor y dirigente, integrado a la organización desde antes de que ésta formara su policía ciudadana y el segundo era policía. Los emboscaron en la carretera que va de Ayutla a Tierra Colorada. Maricela Tombe había sido presidenta de la Asociación Campesina Ambiental de Playa Rica y la asesinaron cuando salía de una tienda en su pueblo. William Alexander Oime era gobernador de Río Blanco, del pueblo indígena yanacona, reconocido por su lucha contra la minería ilegal y fue ultimado cuando caminaba por las calles de Popayán, capital del Cauca. James Balanta era un líder que luchaba por los derechos de las comunidades afrodescendientes del mencionado Departamento y lo mataron frente a una instalación militar en su pueblo.
Berta Cáceres era una líder lenca y activista ambiental que luchaba por los derechos de los pueblos indígenas de su país, que acababa de recibir el año pasado el premio Goldman, el mayor reconocimiento internacional otorgado a ambientalistas, por haber logrado que la empresa china Sinohydro se retirara de la construcción de la presa Agua Zarca, en el río Gualcarque, obra que afectaba a comunidades lenca, además de que el río en cuestión es considerado sagrado por dicho pueblo. Fue balaceada en su casa mientras dormía. Nelson García era, al igual que Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y lo mataron después de un desalojo a 150 familias realizado por policías y militares en el Departamento de Cortés.
Esos son los líderes indígenas y dirigentes sociales asesinados en América Latina en las últimas semanas, de los que nos hemos enterado. Probablemente haya varios más que no salieron en las noticias, y hubo otros en meses anteriores y habrá más próximamente, son ya miles en los últimos años. Todas estas muertes están relacionadas con los intentos de las empresas trasnacionales, nacionales y locales, de apropiarse de los territorios y recursos naturales de los indígenas, negros y campesinos. Algunos de ellos luchaban directamente contra los intereses de estas empresas, otros lo hacían de manera indirecta, defendiendo los derechos de sus comunidades o trabajando para fortalecerlas. Ninguno de los asesinatos –la mayoría impunes– detiene las luchas de los pueblos pero parece ser que los perpetradores no lo entienden.
Acabo de leer un artículo de Victoria Tauli-Corpuz (http://news.trust.org//item/20160314172106-d0u9b/?source=shfb) Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el que comenta (entre otras cosas) que las empresas que invierten en proyectos que se realizan en territorios indígenas están teniendo pérdidas de muchos millones de dólares por los conflictos con las poblaciones que rechazan las obras. Que a veces los mapas que obtienen no dicen que son terrenos habitados y que la mayoría de los problemas se dan porque no se realizan las consultas adecuadas a las comunidades. Sugiere a las empresas que consigan mapas con información precisa sobre la población y que se aseguren, antes de invertir en cualquier país, que no se violen los derechos de los pueblos indígenas ni de las comunidades locales, para evitar conflictos largos y costosos. Menciona como ejemplo a unas cuantas compañías que ya están tomando en cuenta lo anterior y comenta que las empresas podrían ser aliadas en garantizar los derechos de los pueblos indígenas al territorio.
Sería bueno que los empresarios leyeran su texto y se dieran cuenta de que no es matando dirigentes como van a solucionar los problemas, es respetando los derechos de la gente. Y Tauli- Corpuz se los explica como mejor lo entienden, refiriéndose a los millones de dólares que están perdiendo. A ver si así reaccionan, pues ya han demostrado que no les interesan ni los derechos de los pueblos ni los daños al medio ambiente.