Desde la primera vez que llamaron a declarar a Celina Oseguera tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en julio del año pasado, se sabía hasta dónde iba a llegar la investigación para determinar las responsabilidades por la evasión. Oseguera, en ese entonces coordinadora de penales federales, sería lo más alto en la cadena de funcionarios. Si había responsabilidad, complicidad o culpabilidad, por omisión o comisión, no iría más arriba. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto lavaría en ese nivel sus culpas y esperar que el tiempo y el olvido disiparan la exigencia de una investigación seria. La última tuerca la apretó la semana pasada el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, al anunciar la inhabilitación de Oseguera y otros seis funcionarios por la evasión.
No se sabe en qué se basó Andrade para inhabilitarlos 10 años por faltas de orden administrativo –no haber cumplido con responsabilidades que facilitaron la fuga–, pero como lo ha hecho en anteriores ocasiones polémicas, revolvió gimnasia con magnesia, sacó conejos de la chistera y campantemente emitió su veredicto. Que no se sostenga en un análisis serio en función del reglamento, los manuales de operaciones y la documentación aportada por la defensa de los inculpados, es irrelevante. Andrade parece resignado a hundirse en la ignominia para satisfacer las necesidades políticas de sus superiores.
En el caso de Oseguera, explicó que no asignó el presupuesto para la actualización de los sistemas de seguridad internos y la optimización de acciones al interior del penal; los presupuestos no los asignaba ella, sino el comisionado de penales federales, a quien no se ha tocado, pero tampoco, en todo caso, dependía finalmente de él, sino del comisionado nacional de Seguridad y de la oficialía mayor de reclusorios. Los presupuestos de 2013 y 2015 fueron cambiando los porcentajes de inyección a recursos a los penales contra gasto administrativo, de 50 por ciento equitativo en el de 2011, a 80 por ciento administrativo en el último año. Quien maneja los presupuestos de los penales pertenece al grupo político del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Andrade dijo que Oseguera tampoco llevó a cabo las acciones para optimizar los sistemas de operación interna y autorizó la entrega de un televisor a Guzmán. El secretario hizo caso omiso a las decenas de oficios y tarjetas que entregaron Oseguera y otros funcionarios del penal al área de Inteligencia de la Policía Federal, de quien dependían formalmente para estos fines, solicitando durante meses el restablecimiento de los sistemas de seguridad que habían dejado de funcionar por falta de mantenimiento y la no renovación de los contratos por decisión u omisión de los comisionados Manuel Mondragón y Monte Alejandro Rubido, cuyas omisiones sí facilitaron la evasión, pero que nunca han sido cuestionados. Tampoco tomó en cuenta las peticiones de cambio de celda y de penal que solicitaron las autoridades penitenciarias. El televisor no lo autorizó ningún funcionario: lo ganó Guzmán en un amparo que le concedió un juez.
Entre los inhabilitados incluyó a Valentín Lerma, el director del penal, porque, dijo Andrade, omitió establecer la coordinación de las fuerzas de seguridad federales al momento de conocerse la evasión, por no activar a tiempo el código rojo de alerta para responder, y porque había problemas con la visualización del monitor de la celda de Guzmán. El sábado en que se fugó El Chapo, Lerma estaba de descanso fuera del penal. De cualquier forma, tampoco podía haber activado el código rojo porque los monitores de vigilancia no los tenía él en su oficina, sino el área de Inteligencia de la Policía Federal y el Cisen. Por la misma razón es controvertida la inhabilitación de la ex directora jurídica del penal, Leonor García, quien esa noche sustituía a Lerma.
Cuando los monitoristas del Cisen –que tenían la vigilancia personalizada de Guzmán- y de la Policía Federal ya no tenían al interno en sus pantallas, pidieron a los custodios que revisaran la celda, que les reportaron que ya no se encontraba Guzmán en ella. Nunca le informaron de la desaparición a García, menos aún a Lerma. Ella se enteró por el escándalo y la desesperación de los agentes federales, porque se les había escapado de sus ojos –y sobretodo de los del CISEN–, que además tenían sistemas de videograbación de redundancia en sus centrales. Andrade inhabilitó también al personal de seguridad y custodios porque no respondieron al teléfono para atender la emergencia, aunque la razón por la que no estaban al tanto del teléfono es porque los habían enviado a revisar la celda. Las deficiencias de los monitores de la Policía Federal se debió a los cambios que hizo el comisionado Mondragón, que redujo la vigilancia sobre los internos de máxima seguridad aduciendo sus derechos humanos, y contraviniendo el mandato constitucional que permite medidas excepcionales contra ellos.
Andrade dijo que no hay más funcionarios investigados, por lo que descartó que más allá de Oseguera, en el escalafón de responsabilidades, pudieran ser sancionados. Por ahora, quizás, porque el encubrimiento del gobierno contra los cargos de mayor responsabilidad difícilmente soportará el dictamen en la línea de tiempo. Haber acotado las responsabilidades en la parte inferior de la cadena y determinar que nadie más será investigado genera más sospechas que certidumbres. Sigue siendo incomprensible el porqué el Presidente y el secretario de Gobernación se niegan a admitir que se equivocaron con algunos de sus colaboradores y en lugar de que paguen incompetencias y descuidos –al menos-, prefieren esconder la cabeza y fingir que no pasó nada. El tiempo les dirá que sí pasó y que las culpas de los colaboradores se les trasladarán a ellos.

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