El tema ha recobrado relevancia en los últimos días a raíz de iniciativas de una posible Ley de Amnistía para los presos políticos del país que trabaja el Ejecutivo federal y que impulsan varios actores políticos.
En Guerrero desde hace varias décadas existen activistas y dirigentes de organizaciones sociales perseguidos y encarcelados bajo diferentes cargos.
A la fecha, integrantes de dos organizaciones sociales emblemáticas, a saber: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policías Comunitaria (CRAC-PC) y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) se encuentran en prisión, los primeros por organizarse para brindar seguridad y justicia en sus comunidades de acuerdo con sus propios sistemas normativos y los segundos por defender las tierras y el agua de sus comunidades.
Por su complejidad, me referiré al caso del Cecop. En el año 2003 irrumpieron en la escena pública defendiendo el río Papagayo y sus tierras contra la imposición del proyecto hidroeléctrico La Parota. En el 2010 la obra fue suspendida por la férrea defensa de los campesinos del Cecop.
Con el intento de imposición de la obra hidroeléctrica se generó una profunda división y enfrentamiento al interior del territorio de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, propiciándose una ruptura del tejido social. Los gobiernos nunca trabajaron una ruta de reconciliación, por el contrario, atizaron el conflicto de muy diversas formas.
El hecho de violencia más reciente tuvo lugar el 7 de enero del año pasado. Se celebraba la fiesta patronal de La Concepción. Alrededor de las 3 de la mañana se suscitó un enfrentamiento entre miembros de la Policía Comunitaria y personas de La Concepción que antes eran simpatizantes del proyecto hidroeléctrico La Parota con un saldo de seis muertos de este grupo y dos de la Policía Comunitaria.
El dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz, que se encontraba en el poblado de Salsipuedes, fue avisado de lo ocurrido alrededor de las 5 de la mañana y entre 6 y 7 llegó a La Concepción. Muchos comuneros empezaron a llegar también porque ese día se celebraba como de costumbre la Asamblea dominical del Cecop y otros porque se enteraron de lo ocurrido.
Alrededor de las 11 de la mañana arribaron los cuerpos de seguridad. Abrieron fuego contra los policías comunitarios, asesinando a tres. Dos fueron vistos por última vez en un terreno baldío que está en la parte posterior de la comandancia, rendidos, con sus armas en el suelo. Sin importarles, la policía les disparó, asesinándolos al instante. El tercero era comandante. Se encontraba cerca de la Comandancia de la Policía Comunitaria. Los policías estatales lo desarmaron y se lo llevaron detenido rumbo a la Conasupo del pueblo. Posteriormente aparecería privado de la vida sin explicación alguna.
El resto de los miembros de la Policía Comunitaria fueron detenidos de manera arbitraria y torturados. Los incomunicaron y fueron puestos a disposición del Ministerio Público con una demora injustificada de ocho horas. Según el informe policial homologado se les detuvo por el delito de narcomenudeo. En realidad, esta carpeta sirvió para retenerlos e incomunicarlos mientras transcurrían las 48 horas, tiempo durante el cual, el Ministerio Público obtuvo la orden de aprehensión por homicidio y así se evitó la carga de llevarlos ante el juez de control para verificar si la detención por narcomenudeo era legal o no.
La imputación que el Ministerio Público hizo a los campesinos del Cecop se sustenta en tres pilares probatorios: seis declaraciones, un dictamen de rodizonato de sodio que dice que 18 de los detenidos, dieron positivos a elementos de plomo y bario en las manos y un dictamen de balística que establece que las 14 armas aseguradas a policías comunitarios están en buen estado de conservación y funcionamiento.
Las declaraciones de los testigos tienen serias inconsistencias y contradicciones, la prueba de rodizonato de sodio se obtuvo cuando los del Cecop se encontraban detenidos en la carpeta de narcomenudeo. La perito química ingresó sin el Ministerio Público ni el defensor y tomó las muestras a los detenidos, práctica que está proscrita a la luz del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Las armas fueron aseguradas en un proceso de detención arbitraria, los detenidos declararon ante los policías sin la presencia del Ministerio Público ni de su defensor, fueron puestos a disposición con demora injustificada y se les torturó, por lo que el dictamen de balística está afectado de nulidad. Por si esto fuera poco, Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz no tienen en su contra prueba de rodizonato de sodio y no les fue asegurada arma alguna.
Por su parte, el gobierno, empresarios gravilleros y personas a su servicio movilizan a los deudos de los seis asesinados contra Marco Antonio y pretenden presentarlos a la opinión pública como una persona violenta que asesinó a mansalva y que además tiene diversas causas penales por otros delitos.
Sin embargo, la trayectoria de Marco Antonio y los del Cecop es intachable. Durante casi dos décadas han luchado por la defensa de los bienes naturales de Cacahuatepec contra intereses de gobiernos y empresarios.
Todas las causas penales que pesan en su contra son acciones legales que emprendió el empresario gravillero Humberto Marín, de la mayoría de los cargos Marco Antonio ha sido absuelto y recientemente el Tribunal Unitario Agrario de Acapulco declaró ilegal la posesión que el empresario detenta en el río Papagayo.
Del múltiple homicidio Marco Antonio no estuvo en el momento de los hechos. Llegó al lugar horas más tarde como otros comuneros lo hicieron y allí fue detenido. Lo torturaron para que se autoincriminara pero no lo lograron. Se movilizó todo el aparato estatal: policías, Ministerios Públicos y Peritos para detener a Marco Antonio, se recurrió a violaciones de derechos humanos y a la tortura para obtener pruebas incriminatorias y a violaciones procesales para imputar a Marco Antonio y los demás campesinos del Cecop.
Lo cierto es que el conflicto social motivado por el intento de imponer la presa La Parota permanece sin resolverse. Cuando suceden episodios de violencia el gobierno del estado aprovecha para implementar acciones penales solo contra miembros del Cecop mientras las víctimas de ellos no tienen justicia, por ejemplo, el enfrentamiento que se dio en noviembre de 2014 en el que murieron dos personas del grupo contrario al Cecop y un policía comunitario, así como un herido que quedó con discapacidad permanente, sólo existen órdenes de aprehensión contra policías Comunitarios y miembros del Cecop, mientras que otros que participaron en esos hechos no fueron investigados. De igual forma, el asesinato de los cinco policías comunitarios asesinados el 7 de enero de 2018, no ha sido investigado y permanecen en la impunidad. Esas posiciones del gobierno sólo denotan que pretenden aprovechar la confrontación que el conflicto social está provocando para ir desarticulando el movimiento del Cecop, colocándolo en la ilegalidad y persiguiéndolo mediante el uso de los aparatos de justicia.
Ojalá que con el diálogo recientemente abierto se logre la libertad de los detenidos y se inicie una ruta de reconciliación para la paz y concordia en Cacahuatepec y se investigue con objetividad los asesinatos que de ambos lados existen. Definitivamente, Marco Antonio Suástegui Muñoz y los 16 miembros del Cecop son prisioneros políticos por defender sus bienes naturales y organizarse para brindar seguridad y justicia para su gente.