A petición de diversos representantes de los pueblos y organizaciones indígenas de Guerrero, el 20 y 21 de enero, participé en el Foro Estatal Indígena sobre Políticas Públicas. El acto se celebró en el hotel Club del Sol del Puerto de Acapulco. Una vez más escuché, de viva voz, las altas preocupaciones de mis hermanos nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos. No sólo oí congojas y lamentos. También percibí su madurez al presentar sus propuestas y principales desafíos. Sus retos y demandas insatisfechas deben ser parte de los documentos básicos del nuevo programa de gobierno que pronto tomará las riendas políticas en Guerrero.

El cambio y el nuevo rumbo que necesita Guerrero no debe omitir las diversas propuestas de los pueblos indígenas. Ya basta de más exclusión, discriminación y racismo. El tema indígena debe ser parte de la agenda que transformará el escenario político de nuestro estado. Al igual que mis hermanos indígenas, vislumbro que se acerca la hora del cambio y el preludio de un nuevo amanecer para nuestros pueblos. Por lo tanto, es hora de reflexionar y debatir sobre el presente y el futuro de los pueblos indígenas. En el Foro Estatal Indígena sobre Políticas Públicas se debatieron temas medulares. Contiene las premisa básica de la agenda indígena de Guerrero y su ideario político. Sus propuestas deben ser parte de la plataforma básica de la orientación que debe tener                                 la política pública, para garantizar la diversidad cultural, jurídica, política y económica de los pueblos indígenas de Guerrero.

En su proclama, los pueblos indígenas de Guerrero plantearon las siguientes consideraciones:

1) Es urgente diseñar la política pública incluyendo la visión de los pueblos indígenas. Ello implica reorientar y replantear la misión de las instituciones indigenistas que trabajan en nuestro estado. Además de la revisión y reestructuración de la Dirección de Educación Indígena y la Secretaría de Asuntos Indígenas, también es imperativo evaluar el desarrollo de las funciones de la delegación Guerrero, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi). Es urgente instaurar una nueva institucionalidad que coordine la dispersión y duplicidad de funciones político-administrativas.

2) La política pública para el desarrollo de los pueblos indígenas demanda una reforma económica que garantice un presupuesto justo y equitativo para los pueblos indígenas. Es impostergable la creación de un fondo estatal indígena, con recursos provenientes de la federación, el estado y los municipios. Toda política pública requiere un instrumento financiero para la acción. Si no hay condiciones para comprometer nuevos recursos financieros y un gasto social más digno a las regiones indígenas, el tema seguirá en el mundo de la demagogia y los discursos políticos en el vacío.

3) El fondo estatal indígena deberá ser no sólo el nuevo mecanismo de financiamiento para el desarrollo comunitario, sino, sobre todo, el marco institucional que abrirá las condiciones para una interlocución y diálogo político con los pueblos indígenas. El diálogo político generará estabilidad, paz social y gobernabilidad en regiones indígenas propensas a la conflictividad.

4) El rezago acumulado y la demanda insatisfecha de los pueblos indígenas por caminos, electrificación, escuelas, clínicas, agua potable, abasto y financiamiento de proyectos productivos, tanto en áreas urbanas como en comunidades rezagadas, exigen la revisión a fondo de las políticas públicas. La alarmante situación de pobreza indígena es una prueba palpable del fracaso gubernamental e institucional.

5) Sólo para poner algunos ejemplos: en los pueblos indígenas no se ha alcanzado plena cobertura en los servicios de salud, ni en cuanto al abasto del cuadro básico de medicamentos, ni respecto al número y calidad de los recursos humanos. Son trágicos los datos sobre las altas tasas de mortalidad materno-infantil. Es una vergüenza que aún haya más de 500 mil analfabetas y que en su inmensa mayoría sean mujeres.

6) Es impostergable promover una reforma constitucional en materia indígena, con el propósito de establecer claramente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, con base en la legislación nacional y ajustada al marco jurídico internacional vigente.

7) Es inaplazable elaborar un esquema de protección de derechos de los indígenas migrantes asentados en ciudades como Acapulco, Zihuatanejo, Tlapa, Chilapa, Chilpancingo, Iguala y Taxco. La instrumentación de políticas públicas del nuevo gobierno debe incluir y dar prioridad a la demanda de los hermanos indígenas migrantes.

8) Un tema olvidado y no atendido por la política pública institucional es el problema de los migrantes indígenas, tanto en el ámbito nacional como internacional.

9) La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos estratégicos de los pueblos indígenas debe ser prioridad en la nueva política pública, que deberá fortalecer procesos de autogestión, autonomía y autogobierno.

10) En el terreno político, los cambios son inaplazables e impostergables. La reforma del sistema político en Guerrero debe abrir paso a la participación indígena en los órganos de decisión estatal, al más alto nivel.

11) Los nuevos tiempos demandan la creación de una universidad indígena intercultural, como un espacio de alto nivel en la formación de los futuros profesionistas indígenas de Guerrero. El derecho de los pueblos indígenas a una educación superior es una demanda que deberá cristalizarse en el menor tiempo posible.

12) En las emergentes formas de organización, representación y participación política, es necesario dar base legal a la Policía Comunitaria, la Comisaría Indígena en Acapulco, así como la creación de nuevos municipios y la redistritación electoral en regiones indígenas. Es urgente dar un marco jurídico a estos procesos inéditos de impartir justicia, ejercer el gobierno y la configuración de nuevos espacios político administrativos.

Varios de lo anteriores temas y problemas han sido reiterados por diversas voces indígenas. Dar respuesta a esta demanda, exige las siguientes acciones hacia un nuevo mandato constitucional en:

1. a) La Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Guerrero.
2. b) Reformar el marco jurídico del sistema de las instituciones indigenistas.
3. c) Dar base jurídica para crear la universidad indígena intercultural.
4. d) Crear un fondo estatal para el desarrollo de los pueblos indígenas.
5. e) Proteger y promover el derecho de los migrantes indígenas.
6. f) Iniciar una gran cruzada estatal para abatir los rezagos sociales en las regiones indígenas.
7. g) Dar reconocimiento jurídico a las formas emergentes de seguridad comunitaria, impartición de justicia y nuevos espacios políticos: policía comunitaria, ejercicio de gobierno, génesis municipal y distrital.

Las conclusiones y recomendaciones del Foro Estatal Indígena fueron presentados y entregados el 21 de enero en Acapulco a Zeferino Torreblanca Galindo, candidato de la alianza Guerrero será Mejor.

En el majestuoso hotel Hayatt escuché la voz firme de María de Jesús en la lectura de las principales recomendaciones. También oí la intervención de Zeferino Torreblanca y el refrendo de su palabra para incluir el tema indígena en los documentos básicos de su programa de gobierno.

Los múltiples testimonios de mis hermanos indígenas manifiestan su clara decisión de que el próximo 6 de febrero el voto indígena contribuirá con su cuota de democracia para marcar el nuevo rumbo que exige nuestro estado. Ellos me han pedido que desde mi voz y mi palabra, haga un llamado a mis hermanos indígenas guerrerenses a sumarse al voto del cambio por la coalición Guerrero será Mejor. Que todos se levanten, que nadie quede atrás y que el voto de los pueblos indígenas sea por los mejores ideales democráticos y libertarios. Que así sea, por el bien de Guerrero.

PLAZA PÚBLICA

  Mujeres al poder  

Miguel Ángel Granados Chapa  

El comité nacional del PAN canceló en definitiva la posibilidad de que la señora Marta Elena García Gómez sea su candidata al gobierno de Nayarit, y en consecuencia ella renunció a su pretensión de reemplazar en ese cargo a su propio esposo, Antonio Echevarría.

Éste fue elegido hace seis años, postulado por una coalición en que participó Acción Nacional, y ya gobernador se afilió a ese partido, lo cual hizo también su esposa, hasta ese momento consagrada a las tareas que la tradición conservadora reserva a las mujeres, las del hogar. Presidenta del DIF, como otra tradición, ésta de carácter político, hace que sean las cónyuges de los mandatarios, la señora García Gómez cobró la popularidad que surge de ejercer la política asistencial, e impulsada por otros ejemplos, anunció su gana de gobernar directamente, cuando su marido terminara de hacerlo. Pretendió reconstruir la coalición organizada seis años atrás, pero la situación había cambiado enteramente (entre otros factores por la militancia partidista que ella y su esposo escogieron). Eso, y el estilo imperativo con que la señora emplazó a los partidos a tomar una decisión, redujeron a la nada la posibilidad de otra alianza. Y luego el PAN decidió que su comité nacional escogería a quien postule a la gubernatura, para evitar que la presión que el gobernador puede ejercer sobre el comité estatal redundara en una designación impropia. Aun sin incorporar una prohibición así a sus estatutos (como de modo fallido intentó el PRD) privó en Acción Nacional la convicción de que es contrario a la democracia el que se genere poder desde el poder. Y que si fue repugnante que los gobernantes del antiguo régimen (aún vigente) designaran a sus favoritos para sucederlos, lo era en mayor medida propiciar el reemplazo entre cónyuges. Todavía el partido Convergencia, ávido de candidaturas de cualquier índole, que le generen algunos votos, ha anunciado que puede postular a la señora Echevarría. Pero ella, por cálculo y por convicción sólo sería candidata si el PAN la apoya.

Terminó así el tercer episodio de una serie en que esposas despiertas a la política por motivos conyugales pretendieron el año pasado suceder en su cargo a sus esposos. Si bien la señora Marta Sahagún de Fox ha reiniciado un protagonismo que nunca abandonó por completo, y acaso se prepara para ganar la candidatura a otro cargo de elección popular, sus aspiraciones presidenciales se vieron cortadas de tajo. Está por completo eliminada la posibilidad de que su partido la postule, aunque no pueda decirse lo mismo de otras opciones políticas a las que fuera sensible la primera dama.

Dentro de Acción Nacional surgieron resistencias a las pretensiones de la antigua vocera presidencial. Por sólo citar dos ejemplos notorios, Francisco Barrio, líder de los diputados blanquiazules, y Manuel Espino, que era entonces secretario general del PAN y ahora aspira a presidirlo, no se recataron para opinar con dureza respecto de las aspiraciones de la señora Fox. Pero fue la publicación de la carta de renuncia de Alfonso Durazo a la secretaría particular de la Presidencia, denunciatoria de los empeños del propio Fox en esa dirección, la que frenó la tentativa de sucesión conyugal.

Por otras vías, semejante fue el desenlace del proyecto del matrimonio Sánchez Ramírez de gobernar durante doce años sucesivos a Tlaxcala. En este caso la pretensión se formalizó con la candidatura de la senadora María del Carmen Ramírez García, forzada por decisiones judiciales y a despecho del comité nacional de su partido. La iniciativa de la legisladora, a la postre, no le permitió alcanzar su meta y, lo que es peor, generó una crisis dentro del PRD tlaxcalteca y le hizo perder una gubernatura, la única que en el panorama electoral del año pasado hubiera podido estar a su alcance.

Las objeciones que en este espacio, y en muchos otros, se formularon respecto de las pretensiones mencionadas no surgen, de modo alguno, de minusvaluación de las capacidades políticas de las mujeres. Se refieren estrictamente al abuso consistente en aprovechar la fortuna política de los esposos en beneficio propio, y sin aportar dotes o experiencia política específicas, como las que se requieren para la tarea gubernamental. Es verdad que Marta Sahagún milita en el PAN desde hace una década y contendió por la presidencia municipal de Celaya. Pero no es verdad que haya aprendido las artes del gobierno presidencial debido a su proximidad con quien las ejerce. Ese oficio no se incorpora por ósmosis a quien lo desee.

Mujeres como Amalia García, actualmente la única gobernadora en el país, se han construido a sí mismas. No se aproximaron a la política como ocurrencia, viendo qué bonito es que lo reciban a una con flores y aplausos. La política reclama con frecuencia entrega a rudas tareas, como la que voluntariamente buscó otro ejemplo de mujer con empuje propio, María de los Ángeles Moreno. Encabezar, e intentar reconstruir al PRI en el Distrito Federal no es labor sencilla ni placentera. Diriamos, al contrario, que es prácticamente imposible. Pero la comprensión cabal de la política conduce a comprobar que así como se reciben privilegios en su ejercicio, también han de afrontarse responsabilidades.

Las señoras Fox, Sánchez y Echevarría tienen a la mano el remedio contra la crítica a sus aspiraciones. Una vez concluido el periodo para el que sus esposos fueron elegidos, alejadas del poder emprendan de nuevo su propia búsqueda.