OHL sigue moviéndose en el pantano. No puede quitarse la sospecha de corrupción y de haber recurrido a sus relaciones políticas en el estado de México para beneficiarse de obra pública. Ejecutivos de OHL México desestiman esas imputaciones al señalar que sólo han tenido ocho contratos de obra pública en su historia, aunque ellas representan el 15% del negocio total de la compañía, el mercado más grande que tienen sólo después de España, donde se encuentra la matriz. OHL no ha podido neutralizar el daño público y económico como resultado de un conflicto legal y mediático con su socio Infraiber, al que el gobierno estatal le canceló un convenio marco para medir el paso de vehículos por el Circuito Exterior Mexiquense construido por la firma española.
De acuerdo con el abogado de Infraiber, Paulo Díez, hay un procedimiento ilegal por parte del gobierno del estado de México y OHL al impedirles operar el sistema de verificación de aforo vehicular. Según Díez, el convenio marco que suscribió Infraiber con las autoridades mexiquenses está vigente, porque ni han recibido notificación oficial sobre la terminación del convenio marco, ni existe juicio alguno en el que el gobierno de Eruviel Ávila haya reclamado la declaración judicial de invalidez o nulidad del convenio marco. “Mientras no exista una sentencia firme, dictada por un tribunal competente, que declare la terminación, invalidez o nulidad del convenio marco, este último seguirá vigente y obligará a las partes en sus términos”, enfatiza Díez.
El abogado Díez, que ante la inacción de la justicia comenzó a litigar el conflicto en la opinión pública, señala que al quitarle a Infraiber el derecho otorgado en el convenio marco, se le entregó el cobro a la filial mexicana de OHL desde enero de 2013, que con una modificación en la tarifa del 100%, recaudó 50 centavos más IVA de cada usuario de la autopista, lo que hasta abril pasado significó un ingreso para el gobierno mexiquense –de acuerdo con el convenio– de más de 120 millones de pesos. Según Díez, este monto fue entregado al ex secretario de Comunicaciones mexiquense, Apolinar Mena, en vísperas de las elecciones federales.
La forma como se ha manejado jurídicamente este caso ha sido condimentada por una serie de conversaciones ilegalmente grabadas de ejecutivos de OHL México, difundidas a través de YouTube, donde se siembran dudas sobre corrupción, tráfico de influencias y favoritismo entre gobierno mexiquense y la empresa. Ejecutivos de OHL México aseguran que las grabaciones fueron editadas y han señalado a Infraiber como la autora intelectual del ilícito. Díez niega que sean responsables de las grabaciones. El tema de fondo, sin embargo, no son los audios, sino las acciones mediante las cuales se le entregó a OHL toda la operación del Circuito Exterior Mexiquense, lo que generó la suspicacia.
Tampoco mitigaron las percepciones las acciones preventivas que tomó OHL en España. Según reportes en la prensa española, la empresa y su matriz, Grupo Villar Mir, empezó un “ambicioso y acelerado” plan de desinversiones para ampliar su capital en mil millones de euros, con el propósito de recuperar salud financiera tras el escándalo. En México, la filial de OHL aprobó un fondo destinado a la recompra de acciones por dos mil millones de pesos, que cuestiona públicamente Díez, y que buscó paliar la caída de más de 35% del valor de las acciones de la multinacional. OHL México ha dado a conocer cuatro auditorías de empresas altamente reconocidas, pero no logra revertir la corriente de opinión en su contra. Varios equipos de comunicación y manejo de crisis han sido contratados a lo largo de este año, sin que tampoco hayan conseguido modificar la mala imagen que tiene la empresa.
OHL se encuentra en un pantano: entre más se mueve, más se hunde. De acuerdo con un reporte del periódico digital español El Confidencial, “el terremoto desatado bajo los pies de OHL podría tener serias réplicas en las próximas semanas, debido a que la Fiscalía Anticorrupción ha enviado una comisión rogatoria” a México para solicitar información que le permita dilucidar si incurrió en sobornos y extorsiones para conseguir obra pública y mejorar los términos de los contratos después de ganadas las licitaciones. Los abogados de OHL dijeron al periódico digital que no tenían constancia de la comisión rogatoria en la ciudad de México o Madrid.
El problema de OHL en España y México, está enmarcado en las sospechas de laxitud de los dos gobiernos en temas de corrupción y conflicto de interés. Según El Confidencial, “España se encuentra actualmente en el foco de los organismos internacionales por su falta de mano dura a la hora de castigar a sus compañías por presuntas compras de empleados públicos en el extranjero y necesita urgentemente un golpe de efecto”. En México, el principal problema no se focaliza en las empresas sino dentro de los gobiernos. Pero al igual que en España, necesita un golpe de efecto que demuestra que la lucha contra la corrupción prometida por el presidente Enrique Peña Nieto, va en serio. OHL, por sus relaciones con los gobiernos mexiquenses, se encuentra en una posición de alto riesgo. Una acción contra sus ejecutivos y funcionarios o ex funcionarios que tuvieron relaciones opacas con ellos, sería ese efecto demostrativo y contundente que tanto le urge al Presidente.

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