Durante los días 20, 21 y 22 de junio académicos mexicanos y extranjeros, vinculados a universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa en las que desde diversas disciplinas se estudia la violencia y la paz, se reunieron para exponer un diagnóstico de los saldos de la violencia 10 años después de la guerra contra el narcotráfico. El diagnóstico se ocupó de 10 entidades de la República mexicana en el marco del seminario Violencia y paz, diagnóstico y propuestas, organizado por el Colegio de México y el Senado de la República.
Las 10 entidades sujetas a estudio fueron elegidas por presentar de manera constante durante los últimos 10 años, tasas de homicidios dolosos y otras formas de violencia como feminicidios, desapariciones forzadas, extorsión y altas tasas de impunidad por arriba de la media nacional. Las entidades incluidas en el diagnóstico fueron cuatro del noroeste, Baja California, Sinaloa, Chihuahua y Sonora; fronterizas, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León; y del sur, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
En las 10 entidades mencionadas la violencia criminal, la violencia ligada al narcotráfico y la guerra contra el narco dispararon las cifras de homicidios dolosos y violentos de 2005 a 2008, alcanzando su punto más alto entre 2011 y 2012, teniendo nuevamente un repunte entre 2015 y 2016. Las cifras de homicidios fueron más altas cuando como consecuencia de las acciones del Estado se fragmentaron los cárteles y sus liderazgos e inició una nueva disputa en territorios más pequeños vinculados ahora a actividades relacionadas con el narcomenudeo.
El aumento de homicidios violentos en al menos cuatro de las entidades sujetas a estudio ocurrió luego de haberse efectuado la alternancia política por la ruptura de los acuerdos previos, pero sobre todo, por la penetración de la delincuencia en las instancias de seguridad estatales y municipales.
En estas 10 entidades aunque la tasa de homicidios dolosos bajó algunos años, las cifras nunca volvieron a ser iguales o menores a las del 2005. En el caso del asesinato de mujeres las cifras de feminicidios continuaron en aumento de manera constante. En las entidades donde las cifras de homicidios violentos de mujeres se mantuvieron a la alza las cifras ya eran altas y provenían fundamentalmente de violencia familiar, la violencia delincuencial y vinculada al narcotráfico aumentó el número de víctimas e introdujo nuevas formas de crueldad como la lapidación, desfiguración, mutilación, violación, incineración, multiplicando las formas de comisión del delito, usando en un mismo asesinato hasta dos y tres medios como arma blanca, arma de fuego, golpes y asfixia.
En todas las entidades estudiadas, las organizaciones de mujeres han exigido al Estado la aplicación de medidas reparadoras como la Alerta de Violencia de Género incluida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo han hecho basadas en su fuerza moral e interés común.
En algunas entidades donde las mujeres levantaron la voz exigiendo la aplicación de las medidas reparadoras de la Alerta de Violencia de Género las autoridades estales las han confrontado negando la veracidad de las cifras y la gravedad de los hechos por medio de atribuir al narcotráfico los asesinatos de mujeres usando este argumento como excusa para encubrir su falta de acción investigadora y sancionadora aumentando con ello la impunidad.
Esta actitud de la autoridad es muy grave porque ocurre, según los investigadores, incluso en lugares donde es demostrable que la violencia ejercida contra las mujeres tiene más que ver con patrones de violencia machista, con corrupción policiaca y con una ya habitual tolerancia a todas las formas de violencia ejercida en contra de las mujeres, más que con algún tipo de nexo con personajes o fuerzas del crimen organizado.
Como dijo un investigador de la universidad de San Diego, California, de esta manera la actuación del narcotráfico sirve de coartada a las autoridades para no actuar en el tema de la violencia de género o para simular una actuación que carece de efectividad.
Un problema que enfrentaron los realizadores de los diagnósticos fue la falta de datos fiables sobre los delitos en cada una de las entidades, lo que no necesariamente se explicó por una negativa deliberada a proporcionar la información, en algunos casos dijeron, se debe a que, en efecto, no cuentan con ella, además de los sub registros de las cifras de delitos y la variación de resultados dependiendo de la fuente oficial a la que se ocurra.
Los investigadores concluyeron que la presencia reiterada de todas las formas de violencia fortaleció, al menos en las 10 entidades estudiadas, una cultura autoritaria, aumentó la inseguridad y con ello creó un ambiente de ciudadanos con miedo, lo que, lejos de contribuir al fortalecimiento de una cultura cívica y pacífica que abone a la democracia deficitaria que se construye en el país, implica un nuevo riesgo de regresión al autoritarismo y la permanencia de la cultura narco, aparecida en nuestro país a finales de los años 1970. La aparición de la cultura narco sirvió para crear nexos de identidad entre las generaciones de jóvenes, y las organizaciones del crimen generaron las condiciones para su reclutamiento en los diferentes grupos delictivos
De acuerdo con los expertos, de continuar esta tendencia a reforzar el autoritarismo y la influencia de la narcocultura, las consecuencias hoy serían mucho más graves, rebasando la copia e identificación de los jóvenes, llegando al extremo, como ya está ocurriendo, de llevar a cargos de elección popular a ex jefes policiacos que, de forma pública, jugaron el papel de violadores de derechos humanos y a otorgar los máximos galardones de reconocimiento a representantes de esa cultura trastocando todavía más los valores de la sociedad, como si el mundo fuera al revés en términos de valores democráticos y cultura cívica.
Entre las propuestas del seminario se instó a las instituciones estatales a promover la instauración de procesos de paz positiva que incluyan en primer lugar la atención institucional y eficiente de las víctimas de los saldos de la violencia, pero también el impulso de procesos de reconciliación y perdón en los que el bienestar de las personas está ligado al desarrollo. En suma la construcción de una paz democrática que se contrapone con la noción de paz como militarización de la vida social que, como quedó claro en el seminario, sólo ha contribuido a incrementar la violencia.