ESTRICTAMENTE PERSONAL

Para los que no quieren terminar de darse cuenta, el Departamento de Estado ha propinado un sonoro manotazo sobre la mesa al gobierno mexicano. En su reporte anual sobre derechos humanos, las otrora dos, cuatro o seis páginas a lo más que le dedicaban al capítulo sobre México aumentaron a 22, donde el rosario de acusaciones sobre impunidad y ruptura de la gobernabilidad circulan por el enérgico texto como no se veía en lustros.

El reporte navega por las grandes deficiencias e insuficiencias del sistema judicial mexicano, dibujando como eje central de su preocupación el cáncer en los cuerpos de policía. En una parte del texto se afirma, por ejemplo: “El presunto involucramiento de la policía, particularmente a nivel estatal, en crímenes relacionados con el narcotráfico continúa, y la corrupción policiaca y su ineficiencia afecta a las investigaciones. La corrupción policiaca es un problema, y los policías han estado involucrados en secuestros, robos, extorsión y la protección de criminales y narcotraficantes”.

La lectura del informe deja el sabor de boca de la falta de un Estado de derecho. Pero al revisarlo en detalle, lo que transpira es una profunda preocupación por la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad en México en el contexto, hay que verlo de esa manera, de su creciente preocupación por acciones de terrorismo sobre suelo estadunidense y la paranoia que les causa saberse tan proclives a ser atacados. Esta alerta ha sido una constante desde hace varias semanas, y desde Washington se han enviado mensajes públicos y privados frente a lo que se percibe como una porosa frontera común de 3 mil 200 kilómetros de longitud que los mexicanos, estiman, son incapaces de defender.

Los mensajes han ido en una simple dirección, como lo hizo saber Robert Bonner, director de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, que hoy depende del Departamento de Seguridad Territorial, quien al realizar una reciente visita por Arizona donde definió una nueva estrategia para la frontera que incluye un aumento del 100 por ciento de agentes, más nuevos sistemas de vigilancia infrarroja y mayor número de cámaras, aseguró que “Al Qaeda tratará de aprovechar la frontera con México” para introducir terroristas a suelo estadunidense. Bonner abordó lo que ya parece una obviedad a la cual no se le ha hecho caso en México. La agenda bilateral entre los dos países pasa por la guerra contra al terrorismo y su seguridad territorial, desplazando al viejo tema del narcotráfico por la preocupación de que los Bin Laden del mundo los haga sangrar nuevamente.

Por lo que toca a México, el asunto tendría que ser de la mayor prioridad, no sólo en acción sino en concepción. Ayuda muy poco la politización de la justicia o la judicialización de la política, como se ve en el confusísimo y complejísimo debate sobre el desafuero del jefe de gobierno del Distrito Federal. Pero no es el único caso. Prácticamente todas las decisiones judiciales o incidentes que afectan a actores políticos y sociales son tamizadas inmediatamente por la sospecha política y la cultura de la conspiración que contribuye aún más a la incertidumbre. Los dos casos más recientes son la reapertura de la investigación de la abogada Digna Ochoa, que la Procuraduría capitalina había cerrado con la conclusión de suicidio, y las insinuaciones de que el avionazo en el que pereció el gobernador de Colima tienen que ver con la lucha política dentro del PRI, toda vez que el funcionario fallecido era un activo de la maestra Elba Esther Gordillo.

Dice el adagio que si se piensa mal, se acertará. Para infortunio mexicano, la vieja atadura cultural tiene sustento práctico, desde los tiempos en que el anuncio de que el peso estaba fuerte quería decir que venía la devaluación, hasta el desaseo de las investigaciones de los casos Colosio y Ruiz Massieu, donde pocos creen en la teoría del asesino solitario en el primero pese a la sólida evidencia que así lo probó, y la mayoría sí cree en la autoría de quien purga una larga sentencia pese a que el juez que falló en su contra reconoció que los testigos que lo inculparon habían sido sobornados para cambiar sus declaraciones.

Si hay un problema de procuración de justicia, también existe uno en la administración de ella, como se ha venido demostrando. Pero para entender en el brete en que nos encontramos frente a Estados Unidos, bastaría colocarse en los zapatos de un granjero en Nebraska, o de un empacador en Iowa, de un cervecero en Milwaukee, un petrolero en Dallas o un racista en Alabama. ¿Qué policía mexicano podría impedir el paso a un terrorista si está demostrado que un delincuente puede vivir en paz y libertad en México si tiene el suficiente dinero para comprar a una autoridad? Con todas las evidencias sobre la mesa, hay razones suficientes para que piensen que no son los mexicanos los más capaces para cubrirles el flanco sur en su guerra contra el terrorismo, lo que se traducirá, por presiones a sus legisladores y políticos, en un endurecimiento policial en la frontera, en martirios de los turistas en las aduanas, en la limitación de las garantías individuales para los inmigrantes, en la ausencia de derechos humanos, sociales y laborales para los indocumentados.

La deficiencia en la seguridad pública mexicana se traduce en un alto riesgo de seguridad nacional para Estados Unidos. Y ellos no se sentarán con los brazos cruzados a que el gobierno mexicano se aplique, corrija y les garantice la seguridad que demandan con creciente apuro. Son ya muchos manotazos sobre la mesa los que han dado y muy seguidos. Hay que darse cuenta de las señales que están enviando y actuar en consecuencia. ¿Cómo? Dejar de provocarlos –querer aplicar leyes en forma extraterritorial para garantizar el voto de los mexicanos en su territorio, no es una manera–, modificar la retórica electorera y contradictoria –como esa donde se “exige” a los estadunidenses que no intervengan en los asuntos mexicanos–, y elevar en la agenda mexicana el asunto de la seguridad –en lugar de seguir alimentando la falsa expectativa del viejo sueño americano para los mexicanos con una amnistía total que nunca vendrá–, junto con la batida actual para recuperar el control de las calles y las cárceles mexicanas. Sólo por esa vía se podrá proteger a los mexicanos en el extranjero y a los mexicanos en México, salvaguardando sus derechos y la soberanía nacional.

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