Los pueblos indios, después del fallo de la SCJN 

El pasado 5 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio a conocer un fallo aprobado por ocho de los once magistrados contra las controversias constitucionales presentadas por 322 municipios y el gobernador de Oaxaca, sobre las reformas constitucionales aprobadas por la 58 Legislatura del Congreso de la Unión el 28 de abril de 2001.

La SCJN dio una torpe explicación de por qué no dio entrada a la revisión: que “el artículo 105, permite entender que la Corte ejerce, en vía judicial, el control constitucional de las Constituciones locales, de leyes federales, de leyes locales, de tratados internacionales, de reglamentos, de circulares y aun de actos en sentido estricto, pero no señala facultades para establecer dicho control sobre normas constitucionales, ni sobre su proceso constitucional de creación”.

Con esto, la SCJN renuncia a su condición de instancia facultada para ir al fondo del asunto no revisando estas controversias, y contrario a otros pronunciamientos importantes, en esta ocasión renuncia a esa facultad aduciendo que no la tiene para revisar el proceso de origen o creación de las normas constitucionales. Permite así la entrada plena en vigor de las reformas constitucionales promulgadas el pasado 14 de agosto del 2001 en el Diario Oficial de la Federación por el presidente Vicente Fox Quesada.

Así, la SCJN mostró de nueva cuenta, como en los viejos tiempos de gobiernos priístas, su sumisión al Poder Ejecutivo, que a todas luces se ha mostrado complaciente con esa reforma producida por la alianza PRI-PAN, con el consabido resbalón del PRD que terminó brindando su apoyo en la Cámara alta, a esa iniciativa.

Ante esta cerrazón, a los pueblos indios, que pretenden seguir transitando por la vía de la legalidad, ajustándose a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por ahora los excluye y los niega, sólo les queda el recurso del amparo, aunque este, expresamente, sólo proteja de manera individual los actos reclamados de quienes lo soliciten; así como acudir ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, para reclamar por sus derechos violados por el Estado mexicano, y solicitar la protección de la justicia continental. Aunque éstas dos últimas posibilidades, están plagadas de trámites engorrosos y burocráticos que tardarían muchos años en conocerse una resolución al respecto, además de que las tesis jurisprudenciales en el ámbito internacional pudieran variar.

Ante esta situación, cobra mayor vigencia el otro camino que desde el año pasado han comenzado tres organizaciones indígenas con patrocinio de algunos sindicatos mexicanos, entre ellas la ANIPA que desde el 4 de septiembre del 2001, con el copatrocinio del Sindicato de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), han acudido ante la OIT para presentar una Reclamación por Incumplimiento In Toto al Convenio 169 por el Gobierno Mexicano, alegando la no observancia total de este Convenio, principalmente por las reformas constitucionales en materia indígena, que lo contradicen en su esencia conforme al derecho positivo internacional.

Este instrumento jurídico internacional, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, es de observancia plena en toda la nación mexicana, a pesar de que la misma SCJN a determinado que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente en un segundo plano respecto a la Constitución federal (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Pleno, novena época. T. X. Noviembre de 1999, tesis LXXVII, p. 46, materia constitucional, tesis aislada). Sin embargo, dicha reclamación ha sido plenamente admitida, y ha sido nombrado un Comité Tripartito desde marzo de este año, durante la Reunión de Expertos en Aplicación de Convenios de la OIT, que revisa este procedimiento de queja minuciosamente desde entonces.

La ANIPA y sus organizaciones miembros y solidarias hemos estado dando seguimiento a esta reclamación, en el entendido de que hemos entrado a la fase de confidencialidad del procedimiento, lo cual nos impide publicitar más información al respecto, so pena de perder este juicio si se viola el procedimiento; esto sólo nos permite seguir surtiendo de información a esa instancia sobre violaciones graves, sistemáticas y reiteradas a los derechos de los pueblos indígenas de manera confidencial, que en el curso de esa reclamación se llegaran a producir en México, lo cual serviría como acumulación de pruebas fehacientes y recientes de la no vigencia y observancia plena de los derechos humanos y libertades fundamentales en nuestro país.

Parece ser que, por ahora, el gobierno mexicano cómodamente enfrenta en esta instancia internacional ese procedimiento de reclamación; confiados en que también nos ganarán, junto a otros dos casos que también se siguen en esa instancia, en el ámbito de los derechos humanos y libertades fundamentales, haciendo énfasis en los derechos colectivos y específicos de los pueblos indígenas, conculcados, violados e históricamente negados.

Más allá de alegatos jurídicos y de escapes olímpicos de la SCJN, al lavarse las manos como Poncio Pilatos y devolver la pelota al ámbito Legislativo y del Ejecutivo federal, lo que es altamente cuestionable es que hasta hoy, en el inicio del siglo XXI y después de más de 500 años de resistencia de los pueblos indios originarios de esta nación pluriétnica, se siga negando la inclusión de sus derechos en la Carta Magna, que se supone nos da cohesión e identidad nacional a todos los mexicanos en este pretendido pacto federal.

La realidad es terca y nos demuestra una y otra vez que la diversidad negada de nuestra nación, no está sustentada originalmente y esencialmente en sus pueblos indígenas como rezaba el antiguo párrafo del artículo 4 constitucional. Y que alcanzar la paz en Chiapas y en el resto de país, así como el reconocimiento a la libre determinación y autonomía en el marco de nuestra Constitución, sigue esperando respuestas favorables de los tres poderes que componen la República mexicana.

De las organizaciones de los pueblos y sus comunidades indígenas depende que no tengamos que aguantar más sufrimientos, negaciones y exclusiones otros 500 años.

Es importante saber que nuestra lucha ha sido y es históricamente justa, y por lo tanto, las situaciones coyunturales como la adoptada por la SCJN, no nos debe hacer perder la esperanza de que nuestra nación, un día en el futuro mire y se reconozca a sí misma en el espejo de la historia con tolerancia e inclusión, el rostro de la diversidad cultural hasta hoy negada. Por eso, hoy mas que nunca, es necesario plantearnos la reforma de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena. Y si fuere necesario, plantearnos la propia refundación del Estado-Nación para ser tomados en cuenta, no dudemos ni un momento en plateárnoslo como meta. Y si por eso nos acusan de soñadores y alentadores de la destrucción del orden establecido, de una vez planteémonos alcanzar las estrellas, aunque sea parados de puntitas. Total, aquí en Guerrero, a los soñadores y constructores de utopías como nosotros, ya nos han acusado de todo, si no recuerden de lo que nos han acusado a los que tomamos el Congreso local en junio del año pasado.

Por eso, en ocasión del Encuentro Nacional Indígena a celebrarse los días 12 y 13 de septiembre, en el 11 aniversario del CG500ARI, convocado con antelación a la resolución adoptada por la SCJN, es una oportunidad para que salgamos unidos y fortalecidos con un plan de acción no sólo coyuntural, sino de mayor visión de futuro y compromiso que nos incluya a todos, y nos dé a cada uno la oportunidad de ocupar las trincheras desde la humildad de cada una de nuestras acciones.

Bienvenidos hermanos de otros rincones del país a estas tierras donde también la patria nos olvidó. Que el corazón del cielo y nuestra madre tierra alumbren sus pensamientos y sus caminos. Enhorabuena, hermanos.