La semana pasada escribí en este espacio sobre la demanda que presentó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la Procuraduría General de la República en contra de cuatro miembros del Consejo del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan. Comentaba, en síntesis, que todavía no está clara la razón de la demanda, pero que en todo caso el “delito” de los indiciados fue defender la ley de su municipio, pues lo que hicieron fue impedir la construcción de una subestación eléctrica, que se contrapone al Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal de Cuetzalan.
Mientras buscaba la información de prensa sobre el tema, me encontré con varios casos de conflictos de comunidades indígenas con la CFE. El más reciente sucede en el Istmo de Tehuantepec, donde la “empresa de clase mundial” pretende instalar una nueva línea de transmisión para llevar a otras partes del país la energía producida en los parques eólicos. Esta línea atraviesa territorio indígena, tierras de propiedad comunal y ejidal, y no se ha realizado ninguna consulta previa, libre e informada con las comunidades que serán afectadas, ni se les ha proporcionado ninguna información sobre el proyecto. Las comunidades y diversas organizaciones de la región advirtieron que no van a dejar que se realice la obra. Si logran detenerla, probablemente también terminen demandados.
Además de lo anterior, encontré varios casos en que los habitantes de comunidades indígenas protestan por los altos cobros de los recibos de energía eléctrica. Esto no es nuevo, es un problema que tiene ya varios años. Los últimos tres casos que encontré y que menciono a continuación son un ejemplo de esto.
En la comunidad otomí de El Pinalito, localizada en el Valle del Mezquital, estado de Hidalgo, dependen de la energía eléctrica para bombear agua potable de un pozo y, según afirman, les es suficiente con poner a funcionar la bomba solamente un par de horas a la semana. Los recibos de la CFE solían llegar por alrededor de mil 500 pesos y de pronto les llegó de más de 6 mil. Es una comunidad de alto grado de marginación y, aunque dividen el costo entre todas las familias, no pueden pagarlo. Si la CFE insiste en el cobro y les corta el servicio, simplemente se quedarán sin agua.
En Quintana Roo, cinco comunidades mayas del municipio de Carrillo Puerto se enfrentan también a cobros excesivos, pero además se quejan del mal servicio en la zona: apagones constantes y a veces de más de una semana, y daños en las lámparas. Por otro lado, ya no les entregan los recibos en sus domicilios (la empresa decidió ahorrarse el costo de hacerlos llegar), sino que tienen que trasladarse a la cabecera municipal a pagar en los cajeros automáticos de la CFE. Eso implica un gasto de transporte que no tendrían por qué realizar, además de que cuando llegan al moderno cajero se encuentran con que tienen que pagar más de mil pesos, mientras que anteriormente los recibos llegaban de algunos cientos, por lo que no llevan (y generalmente no tienen) suficiente para pagar. Esto último sucede también en otras partes del país.
Algo similar ocurre en los municipios de San Juan Guichicovi y San Juan Mazatlán Mixe, en la zona del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Acostumbrados a pagar entre 300 y 500 pesos por el servicio de energía eléctrica, ahora los recibos llegan de mil o mil quinientos. Más de mil habitantes acordaron en asamblea que no van a pagar y anunciaron un plan de resistencia. Peor aún, en la misma zona hay personas cuyas casas fueron destruidas o dañadas por el terremoto del 7 de septiembre pasado, a quienes la CFE pretende cobrar altos costos, como si continuaran consumiendo.
El problema de los costos excesivos e injustificados de la empresa en cuestión no es exclusivo de las comunidades indígenas, lo sufrimos millones de mexicanos, incluso la Cámara Nacional de Comercio y otras agrupaciones de empresarios han declarado su inconformidad con el proceder de la CFE. Sin embargo, los indígenas son los más afectados porque simplemente no cuentan con recursos para pagar, ni tienen los medios para acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o para ampararse. Pero cada vez son más los que se organizan para enfrentar en conjunto a la autodenominada empresa de clase mundial.
Las autoridades ignoran olímpicamente el problema, si acaso en algunas ocasiones, después de muchos trámites que pueden durar años, la Profeco falla a favor de los demandantes, pero más allá de eso, parece ser que la CFE es intocable. Insisto: ¿Hasta dónde vamos a continuar permitiendo los abusos de esta empresa?