La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inició su gobierno en medio de una seria crisis financiera heredada de la anterior administración. Los últimos días del anterior gobierno estuvieron llenos de protestas de diversos contingentes de trabajadores del estado que reclamaban pagos de slarios y diversas prestaciones. El secretario de Finanzas Raymundo Segura Estrada informó en días recientes que se tenía un déficit inmediato para el pago de salarios, aguinaldos y otras prestaciones de 3 mil 351 millones de pesos. Además se tiene una deuda histórica con el ISSSTE de más de 14 mil millones de pesos y con el SAT de más de 6 mil millones. Ante el déficit inmediato, el nuevo gobierno se ha visto obligado a concertar créditos con la banca privada para paliar la situación mientras se cuenta con los apoyos prometidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta situación evidencia por lo menos un desorden financiero de la administración saliente, pero es posible que también sea producto de malos manejos y actos de corrupción, aunque estos últimos deberán ser documentados plenamente en las revisiones que se están haciendo a las diferentes áreas del gobierno.
Ante esta situación resalta aún más la importancia de la política de austeridad y de cero tolerancia a la corrupción que han sido señaladas por la nueva gobernadora como compromisos claros de su gobierno, y que ya han empezado a mostrarse en diversas acciones, como ha sido el caso de la subasta de camionetas blindadas y vehículos de lujo, cuyos beneficios económicos serán ocupados para diversas obras de carácter social como la construcción de un albergue en Acapulco para familiares de niñas y niños con cáncer y la habilitación de unidades de diálisis y hemodiálisis. No hay duda que la lucha contra la corrupción y el manejo honesto y eficiente de las finanzas públicas permitirá contar con mayores recursos presupuestales para llevar a cabo obras y proyectos en beneficio de la población más necesitada.
Sin embargo, la solidaridad del país y del gobierno federal con las regiones más pobres, como es el caso de Guerrero, debe ser mucho mayor. En primer lugar, esperamos que se haga realidad el apoyo ofrecido por AMLO para enfrentar los problemas financieros inmediatos, para que la nueva administración pueda desempeñarse en sus primeras etapas sin tener que cargar con esta crisis heredada. También se espera que se encuentre una solución para las deudas históricas con el ISSSTE y el SAT que han venido acarreándose desde hace varias administraciones.
Pero también es necesario que exista un incremento sustancial del presupuesto federal para nuestro estado. La situación de pobreza y marginación que Guerrero padece ha sido resultado de una condición de desigualdad estructural característica del modelo de desarrollo que ha prevalecido en el país en las últimas décadas. Durante la época del neoliberalismo esta condición de desigualdad se agudizó y es por eso que la marginación y la pobreza se han mantenido a pesar de los programas sociales aplicados.
Hace algunos años un estudio del Banco Mundial sobre pobreza en los tres estados del sur del país (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) concluía que una de las principales causas de la pobreza de esas entidades era la falta de competitividad económica de la región. En efecto, nuestra entidad y en general el sur de México, mantiene una enorme brecha en competitividad con el resto del país, especialmente con las zonas urbanas, industriales y de servicios más dinámicas. Este diferencial se hace evidente si uno compara una comunidad de Metlatónoc o Cochoapa con las empresas asentadas en la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Hay diferencias evidentes en las condiciones de alfabetismo, niveles de educación, caminos, comunicaciones en general, tecnología, acceso a los mercados, infraestructura urbana, organización y un sinnúmero de situaciones estructurales.
Esta brecha ha sido resultado de que los beneficios de la acumulación histórica de capital, a la que ha contribuido el trabajo de todos los mexicanos, han sido para una minoría de privilegiados que se enriqueció, mientras la mayoría de la población se mantuvo empobrecida y marginada. Por ello, el país tiene una deuda histórica con Guerrero, cuyo pueblo ha contribuido en los principales acontecimientos históricos que han conformado a nuestra nación. El aumento de los recursos públicos para nuestro estado puede ser una forma de resarcir esta histórica deuda.
Por ello uno de los lineamientos fundamentales de la estrategia del nuevo gobierno debe ser la gestión de un incremento sustancial del presupuesto asignado a nuestro estado. Para ello será fundamental la alianza con otras entidades, especialmente con Oaxaca y Chiapas. Por supuesto que una solicitud de mayores recursos económicos debe estar también sustentada en un compromiso de que serán ocupados de mejor manera que en el pasado. Tres aspectos deben considerarse en este tema: la lucha contra la corrupción, la austeridad, y la eficiencia en la aplicación de una estrategia de desarrollo que genere efectivamente las transformación estructurales que nuestra entidad requiere.

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