Desde tiempos inmemoriales, existen en el mercado farmacéutico productos para disminuir o quitar la ansiedad o el nerviosismo –muchas veces acompañados de insomnio– que numerosas personas padecen, produciendo síntomas que, de no controlarse y volverse crónicos, terminan por producir padecimientos orgánicos (psicosomáticos) que terminan por afectar seriamente la salud de los pacientes. De los productos más conocidos están el Valium (diazepam) muy usado en hospitales por su poder agregado de relajante muscular; el Lexotan (bromazepam), el Tafil (alprazolam), el Rohipnol (flunitrazapam) y decenas más, muchos de ellos, sin ser francamente hipnóticos, facilitan también conciliar el sueño.
Dentro de la larga lista de enfermedades consecutivas a situaciones de estrés crónico están la hipertensión arterial, los infartos y las arritmias, así como los accidentes cerebrovasculares, las gastritis y úlceras de estómago, las colitis o ulceras de colon, las neurodermatitis o las enfermedades claramente psicológicas de diverso grado (neurosis o psicósis), y si bien es cierto que algunos de estos padecimientos no siempre son originados por estrés crónico, es real que, después del diagnóstico, estos enfermos presentan intranquilidad o ansiedad por el mismo padecimiento que les afecta, y muchas veces requieren como apoyo el uso de ansiolíticos, llamados también tranquilizantes, comentarios que me permito hacer, por la dificultad tan acentuada e inexplicable que existe en las farmacias para que un paciente los consiga aún –como debe ser– con su receta médica correspondiente, y que provocan en los compradores casi un trato de consumidores de drogas ilícitas por parte de los vendedores en las farmacias.
El enfermo recetado con un ansiolítico –o sus familiares– se ven frustrados y molestos permanentemente ante la negativa franca de los empleados a venderles el producto con pretextos baladíes, pues generalmente esto los obliga a buscar nuevamente a su médico para informarle que el medicamento no se lo quieren vender; los médicos sabemos que se debe extender una receta exclusiva para el producto en cuestión; que debe llevar no solamente el nombre completo del médico y el domicilio de su consultorio sino también su cédula profesional y su firma, y que esa receta quedará en poder de la farmacia que venda el medicamento; eso sucede en la Ciudad de México, y el producto se lo venden al comprador sin mayor dificultad, siempre y cuando lleve consigo el documento que cumpla con estos requisitos.
Pero no sucede así en las farmacias del estado, que prácticamente son todas ya de alguna importante cadena nacional, en las cuales no puede usted, como cliente, tratar (como antes) razonablemente con el dueño y aclarar o arreglar las cosas; ¡no!… ahora se tiene usted que entender con empleados indiferentes y nada amables, muchas veces ineptos, por ser jóvenes e inexpertos, cambiados con frecuencia, seguramente por la mala paga que tienen y que los obliga a renunciar, o bien porque estas mañosas empresas dan el empleo a los trabajadores mediante un contrato temporal para que no hagan antigüedad y creen derechos laborales; estos empleados farmacéuticos, tratan generalmente con la punta del pie al cliente que va a comprar. Y esto es comprensible, pues a ellos no les interesa conservar a la clientela.
Las farmacias locales –además de los requisitos ya mencionados– empezaron exigiendo que se le ponga a la receta el diagnóstico del enfermo, dato que los médicos agregamos sin ninguna objeción; luego demandaron que se pusiera el nombre y el domicilio del paciente, hecho que se hace con precisión; después, que el paciente o familiar presente, en el momento de la compra, la credencial del INE del paciente, detalle que ellos se encargan de cumplir debidamente; luego, salieron con la exigencia de que el médico anotara al final del nombre del medicamento, entre paréntesis, el nombre genérico o denominación del compuesto que forma la base farmacológica del producto, requisito que cumplimos todos los médicos.
Pero los requerimientos no pararon ahí; continuaron persistiendo pretextos para negar la venta del producto; exigencias cada vez más ilógicas. Por ejemplo, a un paciente mío le rechazaron la receta porque mi firma ¡iba con tinta azul!, y las letras de la receta eran negras (Farmacia del Ahorro frente a la Comercial); en otra ocasión, no surtieron la receta porque, reprobaba el boticario enfrente del paciente –con sabia experiencia médica–, ¿por qué un dermatólogo receta calmantes nerviosos? si ellos sólo curan la piel… era un exceso, remachaba el boticario/médico (farmacia del ahorro de la calle de Madero); en otra ocasión, una receta no fue surtida, porque el nombre de bromazepam, llevaba n al final en vez de m (Farmapronto, de Guerrero y Galeana); en una más, porque una letra del domicilio de la paciente llevaba corregida o encimada una letra en su dirección domiciliaria; otras, en forma insólita no se surtieron porque el envase tenía algunas tabletas más de las prescritas por el médico y ello inquietaba al despachador, pues al sobrarle tabletas al enfermo, aquel temía que fuera hacer mal uso de ellas… ¿no las irá a vender?… ¿no irá a tomar doble dosis o más de las que el médico le recetó? seguramente se preguntaba el preocupado vendedor… ah, pero también en forma absurda, les inquieta que las tabletas del frasco o caja anotado en la receta no le alcancen a los pacientes (si por ejemplo se prescriben 30 y el frasco trae 20) y entonces, también les niegan el producto y lo mandan a buscar otra receta en la cual el médico debe alterar la dosificación original para que la cantidad de comprimidos recetada cuadre (aunque sea mentira) con el número de cápsulas o tabletas que vienen contenidas en el envase y, de esta manera, al fin le faciliten el medicamento recetado (Farmacia del Ahorro de Zaragoza y Leyva Mancilla).
¿Quién y porqué ideó todo esto? ¿La Subsecretaría de Control Sanitario? ¿O las empresas farmacéuticas? Las farmacias aseguran que sólo se limitan a seguir indicaciones de la Secretaría de Salud, y si esto es cierto, seguramente fueron de administraciones pasadas.
Todo ello ha tenido solución, pero a costa de muchas molestias, pues al disgusto del paciente por no haber podido conseguir el medicamento a pesar de llevar una receta formal, se suman las vueltas que tiene que dar entre la farmacia y el consultorio para cambiarla, a lo cual se agrega la nueva espera en la antesala del local, si el médico está ocupado con otro enfermo; y bueno, a los médicos, francamente también les molesta hacer una nueva receta, porque no puede borrar y corregir el texto escrito, ya que si hace esto, también invalida ante los terribles inquisidores farmacéuticos la receta, y tiene que volver a repetirla con las “importantes” correcciones ordenadas por ellos, que –hasta donde yo recuerdo– no aparecen en la normatividad nacional para la venta de estos productos.
¿Qué está pasando con este enojoso asunto, nos preguntamos los profesionales de la medicina?… Cómo es posible que esto suceda en poblaciones en donde si usted es consumidor de drogas ilícitas, las encuentra y las compra con facilidad (y obviamente sin control alguno) en todos los rumbos de las mismas; ¿por qué tanto estigma sobre productos farmacéuticos que tienen un uso útil, razonable, y perfectamente legal, siempre y cuando lo recete un profesional de la medicina? Hay pacientes que se han quejado, porque tanto los dependientes de la farmacia como otros compradores que coinciden en el momento ahí mismo, se le quedan viendo con malicia o sospechosamente –seguramente piensan que es drogadicto o traficante de drogas– porque éste pregunta –a veces alterado– el motivo de la negativa a venderle el producto, a pesar de llevar receta médica. Esta situación, lleva a preguntarse: ¿Se está intentando crear un mercado negro en las farmacias, en donde el paciente tenga que ofrecer una lana por fuera al vendedor para que les facilite el producto? o ¿A los vendedores irresponsables les da hueva estar llenando formatos exigidos por la Secretaría de Salud, cada vez que venden estos productos? Estas interrogantes, deben ser resueltas mediante una investigación que le corresponde hacer a la Secretaría de Salud, institución que debe tratar de moderar las exigencias para conseguir este tipo de medicamentos, apegándose a la normativa nacional, pues ningún profesional de la medicina se opone a un control sensato de estos productos.
Entendemos perfectamente que esta Secretaría basa su normatividad en reglamentos nacionales, pero creemos honestamente que aquí, en Guerrero (por desgracia el productor número uno de amapola en el país, y productor muy importante de mariguana en el panorama nacional) las medidas de control para estos medicamentos se han extralimitado en forma exagerada en el ámbito local por razones desconocidas, y perjudiciales para la población y la clase médica que, por cierto –la mayoría– vive neurótica y con estrés permanente, por la inseguridad pública que padecemos, fenómeno que, lejos de disminuir o ser controlado debidamente por las autoridades correspondientes, continúa creciendo día con día y creando graves problemas para la gente que trabaja, produce y mantiene una economía local cada vez más débil, en perjuicio de la misma población y del gobierno en sus tres niveles.
Ojalá que la Secretaría de Salud intervenga y solucione este asunto, apegándose a la normatividad nacional, con la finalidad de facilitar la labor del médico, eliminando requisitos absurdos que sólo dan qué pensar por sus exigencias disparatadas.

* Ex presidente de la Sociedad Médica de Chilpancingo y ex presidente del Colegio Médico Estatal