(Tercera y última parte)

El caso de Teresa González, Jacinta Francisco y Alberta Alcántara, hña´hñu de Querétaro

En cumplimiento de la sentencia dictada el 20 de noviembre del 2013 por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y con apego a lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 21 de febrero del 2017 se instaló en el Auditorio del Museo Nacional de Antropología el “Acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública de la Procuraduría General de la República hacia las mujeres hña´hñu Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González”. En el presídium, la PGR estuvo representada por su titular, el Dr. Raúl Cervantes Andrade; el periodista Ricardo Rocha; Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”; y las señoras Teresa, Jacinta y Alberta.
En la intervención de Estela, hija de Jacinta Francisco, explicó la injusta situación que padeció su madre y las otras mujeres hña´hñu: “…ella fue secuestrada el jueves 3 de agosto de 2006, acusada de privación ilegal de la libertad de seis agentes federales de investigación (hoy agentes ministeriales) con el expediente 48/2006, sentenciada a 21 años de cárcel…”. En voz de Jacinta: “…yo estuve en la cárcel injustamente porque yo no sabía defenderme, yo no sabía hablar ni sabía porqué me llevaban…, me llevaron 3 años y dos meses a la cárcel…, mi hijo falleció a los 5 meses y los 3 años de que me quitaron la libertad, eso no se puede regresar. Nunca se puede recuperar”.
En su alocución, la señora Teresa González recordó que en marzo de 2006, llegaron a Santiago Mexquititlán (Querétaro), agentes de la AFI y causaron diversos daños a su comunidad. Las mujeres defendieron su patrimonio y el 3 de agosto fue detenida y acusada de secuestro de seis agentes de la AFI. Al igual que Jacinta, injustamente sufrió tres años de cárcel: “Hoy en día, estos años de lucha nos han hecho tener fuerzas para seguir luchando con nuestra familia y amigos. Para mí esta disculpa pública es una gran victoria porque cierra estos años de lucha…, quisiera darle un mensaje a mujeres víctimas como nosotras: que luchen, que no se queden calladas hasta que las autoridades las escuchen y la sociedad sepa la verdad. Sí se puede. A veces es por miedo que nos quedamos calladas”.
La señora Alberta relata lo que sufrió el 3 de agosto de 2006: “me detienen en mi trabajo. Me llevaron al Cereso femenil. Allí pasé humillaciones por ser indígena y pobre. Tocamos muchas puertas y no nos hacían caso hasta que encontramos al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Allí empezó a cambiar nuestra situación, a ser escuchadas, después de 3 años y 8 meses en prisión”.
Es de alta preocupación escuchar de la voz de las mujeres indígenas, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) hayan negado el apoyo jurídico para defenderlas de las injustas acusaciones de los agentes de la AFI. Parecía imposible revertir la sentencia de un Juez de Distrito de dictar la sentencia por 21 años de prisión a las tres mujeres indígenas. En la batalla legal, las mujeres hña´hñu apelaron la revisión de su caso a la SCJN y al Tribunal Federal de Justicia Fiscal; ambas instancias determinaron la responsabilidad de funcionarios públicos de la PGR por actos violatorios que ocasionaron daños materiales y morales a Teresa, Jacinta y Alberta. Del examen de este proceso se obtuvo la sentencia inédita que obligó a la PGR a pedirles perdón.
Al momento de pedir la disculpa pública, Raúl Cervantes, en su carácter de titular de la PGR, expresó: “Saludo con absoluto respeto a Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio. A quienes, a pesar de no haberse podido probar su participación en los delitos que les fueron imputados, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de su libertad durante un tiempo que ningún acto público podrá regresarles. Tal y como lo señaló el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la PGR contravino en el pasado, el principio de presunción de inocencia en agravio suyo, interfiriendo injustificadamente en su proyecto de vida. Dicho órgano jurisdiccional determinó que ustedes tuvieron la razón. Que la Procuraduría hizo mal su trabajo, lo que les ocasionó daño moral”.
En estos momentos cruciales, en el auditorio Jaime Torres Bodet, los miles de testigos que presenciamos este acto nos pusimos de pie para dar paso al acto formal del reconocimiento de inocencia de nuestras hermanas indígenas. Con atención escuchamos la voz del titular de la PGR: “…en mi carácter de titular de la Procuraduría General de la República y en cumplimiento de las sentencias dictadas el 20 de noviembre de 2013, por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a ustedes Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que, de forma incorrecta, fueron privadas de su libertad”.
Cierro este apartado con las palabras de Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”: “El día de hoy estamos aquí para atestiguar un acto de esperanza, gracias a la dignidad de tres mujeres indígenas que decidieron alzar la voz contra la injusticia…Obtuvieron una sentencia inédita que obligó a la PGR reconocer su inocencia y a pedirles perdón…testimonios de vida como el de ustedes son un signo de esperanza, una bocanada de oxígeno para quienes buscan un México mejor… Sus generosos esfuerzos para llegar a este Acto, sépanlo, nutren también otras historias de lucha contra la impunidad” (en www.centroprodh.org.mx, puede ampliar esta información).
Que este signo de esperanza y la lucha incansable de las mujeres indígenas contra la discriminación y la impunidad, sean una verdadera lección para que en México no se presenten más casos vergonzosos. Nuevas y más voces que reclaman justicia se han alzado y se alzarán en el país. Las mujeres de Atenco, que hace una década sufrieron brutales abusos sexuales, también han llegado a la CIDH y han pedido que dicha instancia analice su caso. Hace diez años Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, hoy es presidente de la República. Quizá sea el primer mandatario nacional que tenga que pedir perdón a las mujeres de Atenco. Tarde o temprano la justicia lo alcanzará y tendrá que pedir disculpa pública por su responsabilidad como ex gobernador del Estado de México y como máximo responsable del Estado mexicano.