A pesar de que a través de la historia, las relaciones diplomáticas entre nuestro país y Estados Unidos han sido de claroscuros, actualmente éstas venían siendo respetuosas y cordiales, más que nada por el interés que nuestro gobierno ha puesto en ello como una prioridad nacional, no obstante los malos momentos del pasado, específicamente en 1846, en 1914 y en 1938, fechas en las que se vivieron eventos que crearon graves resentimientos antinorteamericanos entre la mayoría de la población mexicana; este trato afable entre ambas naciones está variando con los resultados electorales recientes, que le dieron un triunfo inesperado al candidato republicano Donald Trump, un individuo que ha dado muestras claras de una personalidad autocrática y déspota, xenófoba, racista y misógina, características que lo hicieron sorpresivamente el triunfador electoral, y que expresa que gran parte de la población norteamericana piensa igual que él.
Muchos analistas políticos han señalado reiteradamente la hostilidad hacia los mexicanos del nuevo presidente norteamericano, hecho que a su vez ha incrementado el racismo antimexicano de los que lo favorecieron con su voto; esta excesiva agresividad presidencial –que se creyó inicialmente sólo como una truculencia de campaña– se ha manifestado en el deseo inaplazable de fincar un muro en su frontera sureña, que sea “infranqueable” para los migrantes latinos, aunque la historia le haya demostrado al mundo que ningún muro ha resuelto el problema para el cual se construyó, y esta pared de poco más de 3 mil kilómetros de longitud de terreno agreste en su mayoría, tampoco lo logrará; pero el punto más álgido para nosotros no lo es su construcción, sino la exigencia absurda de Trump de que los mexicanos lo paguemos.
Igualmente, esta antipatía enfermiza del nuevo mandatario estadunidense hacia nuestro país y nuestros connacionales, ha sido determinante en el aumento de las deportaciones de mexicanos –y centroamericanos– indocumentados que ha habido desde su toma de posesión, y no sólo eso, desde su campaña electoral lanzó también intimidaciones hacia la población mexicana ubicada en su país amenazando –como si éstos fuesen sus rehenes– que les prohibiría mandar dinero a sus casas, a menos que paguen una tasa fijada por su gobierno, independiente de los impuestos que le son descontados a los trabajadores al recibir sus salarios; con la misma furia pública, lanzó la amenaza de terminar con el Tratado de Libre Comercio argumentando que “es muy ventajoso para México, y muy desfavorable” para su país; todo ello, al parecer, con la finalidad de doblarle las manos al gobierno mexicano, y lograr concesiones hasta ahora no conocidas públicamente, debido al hermetismo de nuestro gobierno.
Estas medidas han sorprendido a nuestras autoridades, las que asimismo han sido tratadas en forma majadera por el ejecutivo de la nación norteña, sin que haya habido una respuesta digna de parte de nuestro gobierno, el cual se ha notado temeroso, errático, y pasmado. Nuestro mandatario y sus colaboradores se han visto tan pasivos y condescendientes con el nuevo presidente estadunidense, como pudieran serlo los sirvientes personales de Trump, olvidando que representan a un orgulloso pueblo que en su mayoría se ha distinguido por su dignidad y decoro a través del tiempo.
Los mexicanos tenemos el conocimiento razonable de que Trump o cualquier otro presidente norteamericano, tiene todo el derecho de proteger sus fronteras y de blindarlas con acero si así les conviene, pero que este hombre quiera obligarnos a pagar este muro es ya un abuso absurdo e intolerable, que posiblemente refleje problemas mentales que lo inhabilitan para ocupar el puesto tan delicado que está desempeñando, y que podría motivar en un futuro próximo, una injusta e ilegal invasión armada a nuestro país, terribles guerras regionales en cualquier lugar del mundo, y hasta una conflagración mundial de índole atómica, en la cual no habría vencedores. Esta hipótesis, que podría parecerle exagerada a muchos de nuestros lectores, seguramente ya no lo será tanto cuando sepan que Stephen Kevin Bannon, el director general de la campaña de Trump –y el que le hacía sus discursos– es conocido como “el operador político más peligroso de los Estados Unidos”, y ahora como estratega en jefe de la Casa Blanca y miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional afirma que una nueva gran guerra no sólo es inevitable, sino necesaria para refundar el orden social.
Los mexicanos estamos convencidos también de que Trump o cualquier otro ejecutivo norteamericano, tiene todo el derecho de ordenar la expulsión de todos aquellos ciudadanos extranjeros indocumentados que radiquen ilegalmente en su país, pero sin olvidar los derechos humanos internacionales, a los que estos individuos tienen opción; también sabemos que el día en que esto ocurra nuestro país vecino se verá seriamente afectado, porque las labores que éstos desempeñan –básicas para la economía de ese país– no las quiere realizar ni el más modesto ciudadano norteamericano, por su ardua dificultad y el bajo pago que reciben los trabajadores extranjeros, situación comparable a la que vivieron los antiguos esclavos negros, que colaboraron con su vida misma para engrandecer a la nación norteamericana.
En relación al TLC, sabemos que dicho tratado fue pactado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y el gobierno norteamericano encabezado en ese entonces por Bill Clinton, totalmente a espaldas de la población mexicana; nuestro gobierno aceptó –sin mucho ruido– todas las condiciones impuestas por el gobierno norteamericano, para que éstos “haciéndonos el favor” nos aceptaran como socios comerciales, pues con este logro, ¡al fin! íbamos a salir de pobres, según el criterio de Salinas y su equipo cercano de funcionarios, todos ellos, madurados académicamente en universidades de Estados Unidos, y por ello, con conocimientos y conceptos sobre teorías económicas, más apegadas a los intereses norteamericanos que a los nuestros; con este tratado, nuestra economía quedó abierta, pero no al mundo, sino únicamente hacia los Estados Unidos, país donde se venden el 90 por ciento de las exportaciones que realiza México en la actualidad, hecho que lo hace sumamente vulnerable ante cambios importantes en él, o bien en su anulación si Trump la ordena, situación que ha desatado el pánico entre nuestros funcionarios; sin embargo, vale la pena recordar que a más de 20 años de establecido el mencionado tratado, se ha observado que los únicos favorecidos por este pacto han sido los grandes funcionarios / empresarios (o empresarios / funcionarios) de ambos países, y que el número de pobres ha aumentado en forma considerable también en las dos naciones, mientras que el grupúsculo de ricos sigue siendo el mismo pero ahora más acaudalados, a grado tal que aparecen en revistas especializadas como Forbes por ejemplo, como miembros del grupo de gente más adinerada del mundo.
Con el TLC, que tanto defienden los funcionarios méxico-norteamericanos que lo instalaron formalmente en nuestro país, éste se convirtió en una gigantesca maquiladora de grandes empresas trasnacionales, que se vinieron a instalar aquí, atraídas por los bajos salarios que se pagan a nuestros trabajadores, y que acabó con nuestra pequeña y mediana industria; llenó el país de franquicias y tiendas departamentales extranjeras que acabaron con el pequeño y mediano comercio mexicano y por otro lado, se abandonó el campo y a sus trabajadores en forma brutal e irresponsable, porque –dijeron los sabios funcionarios– salía más barato comprar los alimentos en Canadá y Estados Unidos que producirlos aquí; todo ello, sin valorar los aspectos sociales que iban a impactar a nuestra población, como el crecimiento de las regiones productoras de amapola y mariguana, y el aumento del flujo de migrantes jóvenes del medio rural (que no quieren involucrarse en el narcotráfico) hacia Estados Unidos por falta de subsidios y fuentes de trabajo; con ello volvieron a México un país dependiente en forma total de nuestros socios alimentariamente hablando, y causaron que 400 mil mexicanos emigraran al exterior cada año, hecho que de no haber ocurrido hubiese aumentado notablemente la presión demográfica y social en nuestro país y por supuesto, los problemas nacionales. El ver por ahí en la prensa nacional que sólo de maíz se compran injustificadamente 20 mil millones de dólares anualmente, causa preocupación, pues al fin y al cabo es una suma de dinero que sale del petróleo que vendemos, y que en vez de reinvertirlo en el mismo Pemex para mejorar la eficiencia y la productividad de la empresa, o mejorar nuestra infraestructura nacional, lo cambiamos por productos agrícolas que podríamos cultivar aquí con una eficiente programación agraria.
La triunfalista instalación del TLC llevó también a que México abandonara otros frentes comerciales, menospreciando a América Latina, a Europa y a Asia, mercados que de tenerlos activos actualmente, quizás nuestros funcionarios estarían respondiendo con más gallardía y dignidad a Trump, pero el temor que tienen de que el único mercado funcionando que posee el país –y del cual depende nuestra macroeconomía– pueda ser afectado por el nuevo presidente norteamericano, los mantienen aterrorizados y callados ante la andanada de improperios que les endilga el huésped de la Casa Blanca.
Por otro lado, hasta ahora, la deportación de mexicanos no ha superado la habida en las administraciones norteamericanas pasadas, pero si Trump cumple y logra una deportación masiva en corto o mediano plazo, causará una verdadera tragedia humanitaria, similar a la que están viviendo los sirios por “su” guerra, y hasta ahora, nuestros consulados en Estados Unidos no han dado muchas muestras de poder –o querer– ayudar a nuestros paisanos en apuros, mismos que generalmente desconocen los derechos que tienen y que los pierden al aceptar salir voluntariamente de Estados Unidos, sin ser delincuentes o sin haber cometido faltas administrativas, después de varios años de estancia en ese país como trabajadores; algunos connacionales que han acudido a los consulados se quejan de la frialdad y la indiferencia burocrática con las que son tratados.
La Secretaría de Relaciones Exteriores declaró a la prensa que proporcionó un presupuesto especial a estas representaciones, para que ayuden a los mexicanos detenidos o que acudan a los consulados con apoyos telefónicos, el aviso y localización de sus familiares, asesoría legal y orientaciones generales que aseguren que el procedimiento que se realice sea conforme a la ley; ojalá y estos fondos se utilicen para lo que fueron destinados y no terminen desviándose en objetivos poco claros. El apoyo por la vía jurídica implica un largo proceso que puede durar meses o años inclusive, lo cual provocaría un desborde de las Cortes migratorias, hecho que podría ser uno de los principales obstáculos para la deportación masiva planeada por Trump. Asimismo, están las llamadas ciudades santuario, que son urbes o comunidades que cuentan con ordenanzas políticas o prácticas para no verificar el estatus migratorio de sus habitantes, y que buscan su protección y progreso con políticas y apoyo social; entre las principales se cuentan Chicago, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco, ciudades que ya están siendo amenazadas por Trump, con suprimirles los fondos federales, si no entregan personas ilegales a las autoridades federales. Sin embargo, de darse las deportaciones masivas, la problemática que va a crear el regreso de miles de emigrados a México va a ser de muy difícil manejo para nuestro gobierno y creará grandes problemas a la población; por ello deben de tomarse todas las medidas posibles que frenen en tiempo y en número esta deportación, aprovechando todas las diferencias de la mayoría de la población norteamericana con Trump y sus políticas públicas, y buscar el apoyo de todos los grupos organizados en contra, empezando con los del Partido Demócrata y los cientos de organizaciones civiles y religiosas que trabajan en Estados Unidos a favor de los migrantes, sin quitarle a los consulados mexicanos la responsabilidad de encabezar con fortaleza y pasión todas estas medidas preventivas.
No obstante, el panorama general indica que habrá un cambio en la relación bilateral y que éste de hecho ya se inició; lamentablemente, nuestro país no está preparado para una crisis inesperada como ésta; no tenemos un liderazgo que nos represente dignamente ante las embestidas del nuevo gobierno norteamericano, pues nuestro presidente tiene el rechazo público más alto de la historia política del país; su gestión –ya con más de cuatro años de duración– ha sido errática, con embarazosos resbalones conceptuales en sus intervenciones públicas, que han demeritado su imagen pública; agravado todo ello con penosas acciones de corrupción, que han trascendido públicamente y que se han duplicado –impunemente– en varios gobiernos estatales en forma escandalosa, causando mucha indignación pública. Por ello, es difícil para el país presentar un frente común ante las futuras agresiones del nuevo gobierno norteamericano… que las habrá, y seguirá habiendo, sólo que nadie sabe de qué magnitud.
* Presidente de Guerrero Cultural Siglo XXI.