Las campañas empezaron mal y terminaron peor. El proceso de degradación tiene en Fuenteovejuna su responsable, lo que no elimina individuos y grupos sobresalientes en el terrible comportamiento que la sociedad política ha tenido a lo largo de los meses. Uno podría señalar a los candidatos presidenciales, pero sería reduccionista. La beligerancia de Andrés Manuel López Obrador en contra del sector privado es correspondida por la brutalidad con la que el Consejo Coordinador Empresarial –que agrupa a casi el 90 por ciento de los principales hombres de negocios de México– indujo el voto en su contra. La intervención de las iglesias, como no sucedía desde Chihuahua en 1985, se tornó a veces de un activismo violento. Pero la perla se la lleva el Tribunal Electoral, conocido por su acrónimo Trife, que en una absurda campaña de posicionamiento mediático presume en spots que son ellos quienes deciden las controversias electorales, como si ese fuera el cenit, y no el nadir, de la democracia.
La actitud del Trife corona la campaña electoral. Listos los jueces supremos que inventaron procedimientos y utilizaron a discreción su autoridad para enturbiar aún más el largo proceso, hoy nos dicen que no nos preocupemos, que si la elección presidencial no se decide en las urnas –como debería ser–, sino en los tribunales, están listos para actuar. Los partidos les alimentan sus sueños de gloria eterna. El PAN está reeditando su manual operativo estratégico y táctico que prevé el arrebatamiento de triunfos legales de sus adversarios, con una movilización de militantes. También, con el apoyo de varios organismos empresariales cúpula, grupos universitarios y religiosos conservadores, promoverán boicots, huelgas y apagones a quienes no se alineen con Calderón, y ejercerán la represión para cobrar facturas.
Dentro del PRD, una coincidencia perniciosa ocurrió desde el fin de semana pasada, cuando después de que analizaron una encuesta que realizaron algunas figuras del partido, como el presidente del instituto, Leonel Cota, empezaron a señalar que había tentaciones de fraude. Otros dirigentes perredistas, como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, afirmó que se estaba inflando el padrón electoral, subrayado por una cadena de filtraciones el martes donde a varios periodistas les llegaron discos compactos con la presunta credencial de elector del consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, con el mensaje de que el padrón electoral era vulnerable, pero sin aportarles las claves para que, desde cualquier computadora efectivamente, pudieran entrar y alterar el padrón electoral.
El PRI tampoco se quedó atrás. Sus cálculos son que van a ganar la elección, pero hay una creciente irritación contra el gobierno federal por lo que consideran una agresión en contra de sus gobiernos en el país para inhibir y desmontar su movilización el domingo, al grado de asegurar que si no se detuviera la estrategia que asumen parte de Los Pinos, están dispuestos a reventar la elección presidencial, que requeriría que en un 20 por ciento de las 113 mil casillas electorales que habrá, se anulara el proceso. Para ello está lista una estrategia jurídica para ser aplicada en este escenario.
Los tambores de guerra –perdonando el tremendo lugar común– sí están repiqueteando sonoramente en varios frentes de un país que, si se tomara la sociedad política como una extensión del resto de la sociedad, llegará el domingo a una votación totalmente dividida en términos ideológicos y programáticos, planteada la competencia como una extensión de la lucha de clases donde se enfrentan ricos contra pobres para decidir su futuro. Los carnets de autorización para desarrollar ese tipo de dinámica, sin entrar al detalle si es adecuado o riesgoso, son los partidos y sus candidatos. Sin embargo, esta licencia, por cierto, penada por la ley electoral, se extendió a diversos frentes que proyectaron el miedo hacia el electorado para tratar de inclinar su voto hacia un candidato que, por más sutil y sibilino que quieran elaborar sus spots, es Felipe Calderón.
Es un mal momento para esta naciente democracia mexicana que quiere tener este 2 de julio la ratificación de su vocación demócrata. El electorado está listo para votar, como sucede normalmente en el mundo, con la inclinación plebiscitaria de refrendar el mandato del partido en el poder, o decidir otorgárselo a otro, pero diversos actores políticos se están empeñando en que esa decisión no sea tomada bajo el criterio de si se sienten mejor hoy que hace seis años o si consideran que el gobierno no fue lo que esperaban y que prefieren darle la oportunidad a otro. Los empresarios, por ejemplo, jugaron uno de los roles más importantes e ilegítimos de todos. Acusaron sin mencionar a López Obrador como la Némesis de los mexicanos si éstos deciden votarlos, y que nos llevará por un túnel de oscuridad y violencia, apoyándose en la analogía con el venezolano Hugo Chávez. Fuera de México, nadie cree esta comparación. Si hay una analogía latinoamericana más cercana sería Luis Inazio Lula da Silva de Brasil, como piensan en Estados Unidos, o aún más precisa, con Ernesto Kirchner de Argentina.
Pero en su inclinación pública partidista, reflejan temores que no se tienen fuera del país. Los empresarios mexicanos representados por el CCE –cuyos señalamientos no han sido desmentidos o se han dado deslindes– están muy inmersos en la política local, pensando que la noche eterna que vendría con López Obrador los llevará a irse del país con todo su dinero. Los inversionistas extranjeros, sin embargo, están viendo las cosas en el largo plazo. Ajenos a la grilla mexicana, piensan sus inversiones futuras en México sobre otros factores: ordenamientos jurídicos y reformas reales que abaraten los costos de la energía y el agua, así como que existan las obras de infraestructura carretera y aérea, que vuelva a hacer a este país competitivo con la joya india Bangalore, o siquiera con Miami. Ese podría haber sido el debate de fondo de los empresarios, no sus molinos de viento que sin embargo, sí asustan a un electorado y crea condiciones para que los militantes más aventureros en los partidos encuentren caldo de cultivo para todas sus acciones disruptivas, acompañados en el viaje de la inconciencia por los magistrados del Trife que, por lo expresado públicamente, creen que la democracia no se da en las urnas sino en los tribunales, contribuyendo a esta brutal deformación del pensamiento político mexicano que, una vez más, quiere dar saltos para atrás en lugar de ir construyendo un mejor sistema, más abierto y más justo para todos. Esto significa aceptar derrotas, ceder poder y, en muchos casos, sacrificar lo individual para el beneficio de lo colectivo, ejercicios que, vistas las experiencias, no somos los mexicanos muy proclives a ellos.

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