La toma que de la mina Media Luna hicieron un grupo de habitantes del poblado de Nuevo Balsas en días pasados, constituye un botón de muestra de los conflictos y tensiones que ha implicado la explotación minera en Guerrero y en muchas partes del país. La población de esta localidad se queja de que la minera está generando una fuerte contaminación presumiblemente por el cianuro que es usado en el proceso de beneficio de los minerales, y están solicitando indemnizaciones a la empresa. Sin embargo, los representantes de la minera no acudieron a la reunión que estaba pactada, y los pobladores se decidieron por la acción y cerraron los dos accesos a la explotación minera.
La actividad minera ha sido un tema que ha generado una gran controversia, ya que la existencia de importantes riquezas en el subsuelo que debería ser una situación de ventaja para el desarrollo y el bienestar de los pueblos, ha sido más bien una factor de problemas y abusos por parte de las empresas mineras, en su mayoría extranjeras, que han acumulado una gran cantidad de concesiones y han logrado llevar a cabo explotaciones que han significado excelentes negocios para ellos, pero que para nada han sido vectores de desarrollo integral para los pueblos, y sí han generado procesos de descomposición social, además de que han generado impactos ambientales muy significativos.
En efecto, el marco legal establece que los recursos del subsuelo no son propiedad de los dueños de la tierra sino de la nación, quien los concesiona a los particulares para su explotación. En los años recientes ha habido una combinación de buenos precios de los metales preciosos y nuevas técnicas de extracción, que han permitido que la explotación de muchos bancos de minerales sea nuevamente rentable, principalmente a través del aprovechamiento a cielo abierto. Así, las empresas transnacionales con sus mayores capacidades técnicas han identificado los recursos minerales de amplias zonas del país, incluyendo muchas de Guerrero, y han logrado múltiples concesiones a su favor.
En el plano del medio ambiente, la explotación minera a cielo abierto, genera un gravísimo impacto sobre los ecosistemas ya que implica la destrucción de cientos y a veces miles de hectáreas de vegetación natural, que en Guerrero contiene una importantísima riqueza biológica. Las empresas suelen pagar por hacer esta tremenda desforestación (los pagos a la Conafor por compensación ambiental) y esos recursos son usados para hacer reforestaciones generalmente con especies exóticas, que para nada reponen la enorme biodiversidad perdida y que en la mayoría de los casos acaban con muy pequeñas tasas de sobrevivencia. Además, está el problema de la contaminación por las peligrosas sustancias que se utilizan en el beneficio de los metales, las cuales teóricamente deberían ser manejadas de tal manera que no sean vertidas al medio ambiente, sin embargo, las quejas y denuncias de los pobladores y pescadores de Nuevo Balsas parecen indicar que no siempre es así.
En el plano social, las empresas buscan pagar a los dueños de la tierra, comúnmente ejidatarios o comuneros, que suelen ser la minoría de la población, y generan desequilibrios económicos y sociales que contrastan con los grandes beneficios que ellas se llevan, sin que los aprovechamientos generen el desarrollo que esas regiones demandan. Lo ideal sería que las mineras constituyeran polos económicos que detonaran procesos armónicos de desarrollo regional que redundaran en la elevación del bienestar de la población y la conservación del ambiente, pero eso no sucede así por la incapacidad del esquema existente y de las políticas públicas para armonizar la actividad minera con el desarrollo integral y sustentable.
Por lo pronto, la discusión en este tema se ha polarizado fuertemente entre quienes impulsan y justifican el desarrollo minero a toda costa, argumentando la necesidad del crecimiento económico y quienes se oponen radical y absolutamente a la apertura de nuevas explotaciones mineras en el estado. Tal vez esta última posición es, por lo pronto, la más racional como principio precautorio, hasta que no se asegure y demuestre que un esquema diferente puede ser posible.
Para dar paso a una discusión menos polarizada y más basada en evidencias empíricas, sería una medida muy conveniente llevar a cabo una evaluación detallada ex post de los impactos ambientales y sociales de las mineras que ya están funcionando en la actualidad en el estado, que documenten con precisión e imparcialidad lo que realmente ha ocurrido hasta ahora (que por cierto debería incluir la evaluación de las manifestaciones de impacto ambiental autorizadas).
Por lo pronto, los habitantes inconformes de Nuevo Balsas merecen toda la solidaridad que se les pueda brindar y requieren del apoyo de las autoridades gubernamentales que deberían hacer más para investigar la contaminación que se denuncia, tomar las medidas pertinentes para evitarla y resarcir sus efectos sobre la población y el ambiente.

[email protected]