En un discurso insólito, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó en Veracruz que la razón por la que el Ejército y la Marina se encuentran en las calles realizando tareas de policía, es para garantizar la seguridad de las familias mexicanas. La afirmación es cierta, porque en amplios segmentos de la población, la principal fuente de inseguridad y desconfianza es precisamente la policía. Los casos son tan numerosos como las leyendas populares en torno a la complicidad de policías con criminales en todo el país, en los tres niveles de gobierno. Pero pocas veces se ha documentado uno como el que entregó recientemente un grupo de ciudadanos tamaulipecos al gobierno federal.
El documento se centra en Reynosa, la ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde el Cártel del Golfo “tiene bajo su mando a ex policías federales que están de licencia de su corporación y de fuerzas federales que de igual forma se encuentran trabajando con la policía ministerial de Reynosa, Tamaulipas”. Según explicó ese grupo, la información “nos costó mucho trabajo y tiempo obtenerla, gente arriesgó su vida y tuvo que huir por su seguridad”. Lo que detallaron en el reporte explica la razón de los riesgos que han corrido, y la desesperación para que en el gobierno federal les hagan caso.
La estructura criminal del Cártel del Golfo en Reynosa dentro de las corporaciones policiales, de acuerdo con el documento, la encabeza el jefe –cuando menos en el momento en que se redactó el informe–, de la División de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas en Reynosa, cuyos brazos operadores son un oficial de la Policía Federal con licencia y miembro de la comandancia de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas en esa ciudad, y un suboficial de la Policía Federal con licencia y miembro de esa misma comandancia.
Los nombres están incorporados en el documento, pero al no haberse hablado con ninguno de ellos, en este texto se omiten pese a que en las páginas del portal Valor por Tamaulipas, varios de esos policías aparecen mencionados. “Estas autoridades –se subraya en el documento–, son los que dan protección a las transacciones económicas del (Cártel del Golfo), ya que ellos resguardan de 2 a 5 millones de dólares cada quincena en la habitación 125 del hotel (su nombre también se omite) en la ciudad de Reynosa”. Ese dinero, de acuerdo con el reporte, les es entregado por una mujer, a la que sólo identifican por su apócope y por la camioneta Lincoln en la que se desplaza, los días 14, 15, 16 y 17 de cada mes.
“Ellos usan la estructura de su puesto de comisión de policías ministeriales adscritos a la comandancia de homicidios de la ciudad de Reynosa”, comienzan a explicar en el documento su modus operandi. “Ahí se manejan con camionetas blanca tipo Lobo y RAM con el logotipo en las puertas del estado de Tamaulipas, las cuales utilizan para hacer traslados de muy fuertes sumas de dinero”. En el informe detallaron las placas de una de las RAM que utilizan (WG-05742), y proporcionaron a las autoridades un celular con el cual, aseguran, “hacen los negocios con el CDG”: 01-8999372491.
No son los únicos en lo alto de la pirámide de la estructura criminal inserta en las corporaciones policiales. Otro oficial con licencia de la Policía Federal adscrito a la policía ministerial de Reynosa, identificado por nombre y apodo, es el responsable de pagar las nóminas en la Policía Federal y en la Procuraduría estatal que cubre el Cártel del Golfo para protección institucional. Otro policía federal perfectamente identificado en el documento, que vive en la habitación 122 del mismo hotel referido, participa en esa misma tarea corruptora. “Estos individuos se encargan –además, de acuerdo con el informe–, de recoger todos los cuerpos de los ejecutados por el CDG. Ellos dan la protección y vigilan conductas delictivas como la venta de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y el tráfico de armas”.
La denuncia de sí es grave. Más aún porque nadie le hizo caso. El documento completo, detallado, se lo enviaron a los secretarios Miguel Ángel Osorio Chong de Gobernación, al general Salvador Cienfuegos de la Defensa, al almirante Vidal Soberón de la Marina, al comisionado nacional de Seguridad Renato Sales, al almirante Luis Gerardo Alcalá, jefe del Estado Mayor General de la Armada, al responsable de la Base Temporal de la Infantería de Marina en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, y al ex subprocurador de Investigación de la Delincuencia Organizada, Felipe Muñoz, actualmente secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Todos han hecho caso omiso de toda esta información, lo cual causa indignación puesto que es imposible que tantas instituciones conozcan del asunto y no se haga nada al respecto”, se quejó el grupo. “En estos tiempos los gobiernos demandan que la sociedad se involucre en los problemas sociales y denuncie los hechos delictivos realizados por las autoridades, pero hemos comprobado que todo esto recae en el mismo discurso de siempre… Tienen desde hace más de dos meses esta información y no han hecho absolutamente nada”.
Sus afirmaciones cuentan con valor probatorio. Levantaron una denuncia en la SEIDO en septiembre, registrada en el acta circunstanciada AC/PGR/SEIDO/UEIDCS/177/2015, prueba viva de su dicho: mucho discurso y pocas acciones.

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