La pandemia provocada por el coronavirus que cobra cada día más víctimas en el país se ha convertido en una emergencia nacional. Todas las instituciones y los esfuerzos del gobierno se empeñan en su contención, mientras tanto muchas tareas y agendas han quedado postergadas.
En la región de la Montaña el virus parece todavía remoto, sin embargo, al igual que en otras partes del país se han tomado las medidas preventivas correspondientes: escuelas, juzgados y otras instituciones de gobierno han parado actividades. En términos mediáticos la pandemia ocupa los primeros lugares y las primeras planas. Este tema acapara la agenda pública. Cualquier otro acontecimiento por grave que sea no tiene trascendencia, por lo tanto, las autoridades no se sienten interpeladas.
Por esta razón el cruel y abominable asesinato de don Ángel, su esposa y sus dos hijas de 12 y 4 años de edad pasó totalmente inadvertido. No mereció una sola condena.
El día 31 de marzo apareció su cuerpo junto al de su esposa e hijas dentro de su camioneta completamente calcinados en la carretera Tlapa-Chilpancingo a la altura del Crucero de la comunidad de Aquilpa, cerca de Tlapa. La niña estaba aferrada al regazo de su madre que al parecer trataba desesperadamente de protegerla. Nada pudo hacer. El sadismo y crueldad de los verdugos segó la vida de las pequeñas y sus padres.
Don Ángel era de la comunidad de Huixtlatzala, municipio de Zapotitlán Tablas. La última vez que lo vieron venía de la cabecera municipal después de haber visitado a sus familiares. Iba subiendo por la falda rumbo a su comunidad a bordo de su camioneta con su esposa y sus dos pequeñas hijas. Los testigos relatan que lo encontraron a media subida. Lo seguían personas de la comunidad a bordo de unas camionetas. Don Ángel y su familia ya no llegaron a su casa. Fueron encontrados sin vida cerca de Tlapa.
El problema de violencia endógena en Huixtlatzala no es nuevo. En noviembre de 2018 grupos armados se enfrentaron a balazos, con un saldo de varios muertos. En esos días las balaceras duraron más de ocho horas. Las escuelas, centros de salud y tiendas cerraron por la violencia. Muchas personas salieron de la comunidad. A don Ángel por ser familiar de uno de los bandos enfrentados, pretendían matarlo, por lo que también tuvo que salir del pueblo para salvar la vida. A mediados de noviembre de 2018 llegó a la oficina de Tlachinollan y nos explicó la situación de violencia de su comunidad y el desplazamiento interno de que era objeto. Hicimos varias solicitudes a las autoridades locales y federales urgiendo su intervención para frenar la irracional violencia, pero nadie hizo nada. En plena gestión y denuncia que realizábamos un anciano le fue a poner flores y velas a la cruz de su hijo asesinado días antes. Hasta ahí llegaron los agresores y por la espalda lo asesinaron. Su cuerpo quedó tendido sobre la cruz de su hijo. Nadie hizo nada.
En un momento las dos partes en conflicto confluyeron en Tla-chinollan y por más que se buscó la intervención de los gobiernos federal y estatal no hubo respuesta, por lo que nuestro organismo no gubernamental y la Coordina-dora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) tuvimos que establecer una mesa de diálogo con las dos partes. Se llegó a un acuerdo que se condensó en un pacto de no agresión, lo que habría permitido el regreso de varias familias. Sin embargo, en días pasados algunos vecinos nos avisaron que estaban siendo amenazadas por un grupo que se encuentra armado bajo las siglas de la Policía Comunitaria.
Pese a las decenas de muertos en la comunidad, las autoridades se niegan a tomar cartas en el asunto. El presidente municipal de Zapotitlán Tablas se ha empeñado en informar a las autoridades que no pasa nada en Huixtlatzala, lejos de intervenir para frenar la violencia.
La omisión de las autoridades ha sido monumental. Si en tiempos de normalidad no fue atendido el caso menos en medio de la emergencia sanitaria.
Lo anterior se corrobora con la indiferencia de las autoridades ante el múltiple asesinato de Don Ángel y su familia. El día 31 de marzo, cuando los cuerpos fueron encontrados y llevados al servicio médico forense de Chilpancingo, solicitamos el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para que policías estatales acompañaran a las familias y pudiesen sepultar a sus deudos sin ser agredidos, ya que estaban recibiendo amenazas. Por la intervención del gobernador esto fue posible, sin embargo, la Secretaría de Segu-ridad Pública dijo que sus policías solo llevarían los cuerpos y se regresarían, no podía acompañar a las familias en Huixtlatzala hasta el sepelio. Dijeron que había amenazas de saqueos a las tiendas en Acapulco y otros lugares, que era menester atender.
Es cierto, vivimos una emergencia nacional que merece el esfuerzo de las instituciones, privilegiando la atención a la salud, así como la adopción de medidas preventivas, sin embargo no se puede abandonar la seguridad ciudadana dado que se pone en riesgo la vida de las personas. La policía estatal, el Ejército y la Guardia Nacional deberán continuar su trabajo tomando las medidas respectivas. La emergencia no puede usarse para soslayar la seguridad ciudadana y dejar que los infractores del orden impongan su ley.
El homicidio de don Ángel y su familia parece dar esa impresión. Los cuerpos aparecen calcinados dentro de su vehículo y nadie se inmuta.
La niña de 4 años aferrada al regazo de su madre que pretendía protegerla da cuenta de la escena aterradora. Asesinar a niñas de 12 y 4 años ilustra la actitud irracional de personas que han perdido el valor de la vida, pero también la impunidad con la que actúan y la inacción de las autoridades. Un Estado de derecho e instituciones indiferentes ante el más flagrante quebrantamiento del orden y atentado a la vida y seguridad colectiva.
Las investigaciones lo dirán, pero de acuerdo con los primeros testimonios, don Ángel y su familia habrían sido agredidos en el trayecto de Zapotitlán Tablas a Huixtlatzala, posteriormente lo habrían llevado hasta las cercanías de Tlapa. Pasó por la cabecera municipal que tiene policías preventivos y posteriormente recorrió la carretera nacional hasta llegar a las cercanías de Tlapa con toda la impunidad, seguros de que nadie los molestaría.
Por su parte, la Policía Estatal se negó a resguardarlos durante el sepelio, porque era más importante vigilar la propiedad privada de las empresas y grandes negocios en Acapulco y otras ciudades. La vida de los indígenas me’phaa de Huixtlatzala no vale nada, tienen que esperar que pase la emergencia para que los atiendan y mientras tanto morirán, al fin y al cabo, de por sí han estado muriendo con o sin coronavirus.
Ojalá las investigaciones de este abominable asesinato no se detengan. Se tiene que profundizar en las pesquisas, ubicar a los responsables y sancionarlos. Los gobiernos federal y estatal tienen que conjuntar esfuerzos y hacer una intervención para desactivar la violencia en este pueblo. No se puede seguir asesinando de esta manera a las personas.
Qué culpa tenía María Isabel, niña de 4 años, de ser asesinada y calcinada con tanta saña. Qué sabía ella de las reyertas y conflictos de la comunidad. Las autoridades deberían crear las condiciones en el pueblo para que la niña María Isabel siguiese yendo a la escuela y jugar a la pelota con las otras niñas, pero los gobiernos están ocupados en cosas más importantes, hay que esperarlos. Así es morir… en tiempos de pandemia.