El asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, era cuestión de tiempo. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, sabía que su vida corría peligro porque el propio alcalde le habló de las amenazas de muerte. El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, también, y le prometió cuadruplicar la protección. Ningún alcalde en Guerrero estaba más protegido que él, y sin embargo, no hubo forma que evitaran que el sábado pasado, de regreso de Huetamo, en un viaje tan inesperado como sorpresivo a Michoacán, lo mataran en un paraje conocido como Las Curvas del Cajón, a 20 minutos de Ciudad Altamirano.

El crimen ha cimbrado el tejido político, que suele olvidar que la violencia es parte del paisaje nacional, pero quizás, por la forma como lo asesinaron. Según el fiscal general de Guerrero, Xavier Olea, dispararon sobre su camioneta alrededor de 200 proyectiles de diferente calibre. Ese tipo de asesinato no responde a la tipología de una venganza personal, o una de orden pasional. El modus operandi es claro: crimen organizado. La forma como lo emboscaron no requirió de información de inteligencia, como sugirió el fiscal Olea, sino que fue una acción para demostrar que con sus asesinos, no se juega. Es decir, fue un crimen de escarmiento para aquellos en posibles condiciones similares a las de Soto Duarte: si no cumplen con las exigencias de los criminales, pagan con su vida.

¿Es esto lo que sucedió con Soto Duarte? Toda la información pública hasta este momento, combinada con los documentos internos del gobierno de Guerrero a los que se ha tenido acceso, así lo demuestran. Astudillo admitió en una conversación que el alcalde le había dicho que una organización criminal –que no reveló públicamente–, le había pedido dinero. Tampoco aclaró el gobernador si se lo había pagado o no. Sin embargo, una tarjeta informativa confidencial del gobierno de Guerrero revela que en agosto del año pasado, Soto Duarte convocó a varios de los alcaldes de Tierra Caliente en Guerrero, para llevarlos con Johnny Hurtado Olascoaga, apodado El Pez, para formalizar compromisos de pagos mensuales de 3 millones de pesos a cambio de protección.

El Pez, que hasta hace poco tiempo era parte de la organización criminal La Familia Michoacana, lleva más de tres años como jefe de una banda autónoma que opera desde esa zona de Tierra Caliente, y que tiene su base en Arcelia, Guerrero. De ahí salían grupos de secuestradores a otras entidades, y sus cómplices fueron responsables, por ejemplo, de la ola de secuestros en Valle de Bravo en el verano de 2014. La tarjeta confidencial del gobierno estatal no aclara cuál era la relación de Soto Duarte con Hurtado Olascoaga, ni cómo o cuándo lo había conocido. Tampoco disipa cuáles fueron los motivos por los que convocó a esa reunión, ni si fue mediante una coerción.

La coerción es uno de los métodos mediante los cuales las organizaciones criminales fuerzan a los alcaldes a pagarles dinero por protección, o les imponen a sus cómplices en las áreas de seguridad. ¿Esa pudo ser el origen de la relación de Soto Duarte con los criminales? No se sabe. En la tarjeta del gobierno de Guerrero se señala que además del vínculo con El Pez y con su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, a quien apodan El Fresa, Soto Duarte mantenía una relación –no se aclara tampoco el tipo de relación– con José Pineda González o Rodolfo Maldonado Bustos, apodado “El JP” o “Don José”, quien es el jefe regional de Los Caballeros Templarios.

Este criminal, buscado por el Ejército desde 2012, vive en Huetamo, Michoacán, y controla células criminales en Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón y Zacapuato en Guerrero, y en San Lucas –en donde se encuentran Las Curvas del Cajón– y Riva Palacio en Michoacán. Existe un video fechado el 14 de diciembre del año pasado, que ha sido visto por el fiscal Olea, donde el jefe regional de Los Caballeros Templarios le reclamó el compromiso adquirido para pagarle 3 millones de pesos, que había incumplido. Los avisos de la molestia con el alcalde se dieron inmediatamente.

De acuerdo con la información contenida en la tarjeta informativa, el 29 enero de 2016 el grupo de Pineda secuestró a Gustavo Borja, un ferretero de abolengo que fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio local, esposo de Rosalva Rendón, síndica en el Ayuntamiento que encabezaba Soto Duarte. El empresario fue liberado 34 días después. Según la información del gobierno, se pagó un rescate de 2 millones de pesos, y sus secuestradores le dijeron que el problema no era con él o su familia, sino con el alcalde. El 5 de julio, según el gobierno, vino la segunda llamada de atención: el asesinato de su primo y jefe de escoltas, Sebastián Soto Rodríguez, a quien tiraron en un basurero en Cutzamala.

¿Estaba involucrado el alcalde con criminales? El informe del gobierno lo contesta: “Antes de la ejecución… se tenía conocimiento de que el grupo delictivo con quien estaba distanciado estaba molesto porque el alcalde había convocado a los ganaderos a armar un grupo de autodefensa para acabar con las extorsiones, lo que molestó al ‘JP’.” Si esta es la razón del crimen, su muerte obedece a que se reveló contra los criminales, pero lo dejaron solo. El mensaje es ominoso. Los alcaldes tendrán que escoger entre pactar con criminales o morir, o hacerle caso al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien afirma que no debe permitirse que los criminales coopten a los alcaldes y morir porque no pasa de las palabras. La respuesta cae por su propio peso.

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